La Unidad Ejecutora 005 Naylamp de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC, es la encargada de la conservación patrimonial de las zonas arqueológicas en Lambayeque. Sin embargo, las constantes invasiones que han sufrido las áreas patrimoniales han evidenciado la inacción por parte de la unidad y aunque el director Alberto Risco Vega reconoce el hecho, sostiene que la problemática se da por factores de mayor gravedad.

El también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura señala que es importante reconocer la problemática principal que se da por las vías judiciales, agregando que cuando se hace una denuncia ante el Ministerio Público y esta apertura primero una investigación y determina si lleva juicio a las personas involucradas o no.

“Los problemas empiezan porque, de acuerdo a las normas legales, para que la fiscalía realmente intervenga e inicie un juicio a un invasor, los sitios arqueológicos deben cumplir con ciertas condiciones como estar delimitados con hitos y paneles, y lo mejor es que estén totalmente inscritos en Registros Públicos a nombre del Estado. Si estas condiciones no se encuentran, el juicio se pierde y la zona sigue siendo afectada”, enfatiza.

Menciona que Lambayeque posee alrededor de 570 sitios arqueológicos declarados, de los cuales 17 están saneados e inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, y 40 áreas señaladas con poligonales. Por ende, recalca que son más de 500 sitios que no se encuentran en condiciones en las que el Ministerio Público pueda actuar con mayor fuerza y energía.

“Si tenemos un sitio declarado donde puede haber una pirámide y no tiene ninguna poligonal, no se considera como área en conservación. Cuando hay pirámides y hay una poligonal, es decir que el área es intangible, y está señalada por hitos en cada uno de las esquinas y letreros que la señalen como tal, sí es posible actuar. Muchos de estos sitios están declarados, pero, por ejemplo, el Cerro Rojo que se declaró patrimonio, no contaba con una coordenada poligonal. Entonces, las autoridades no sabían si los invasores sí estaban dentro de una zona arqueológica o no”, explica.

Frente a la ausencia de demarcación e inscripción en los registros públicos, Alberto Risco menciona que es difícil ejercer de manera judicial la defensa. Sin embargo, las acciones realizadas por la unidad ejecutora son específicamente el saneamiento físico legal, lo cual permitiría delimitar las zonas arqueológicas ubicando los hitos poligonales en las coordenadas correspondientes.

“El problema en poner un hito de cemento, que es pequeño, es la precisión de las coordenadas o cómo saber si estás en coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator), para la cual se requiere una tecnología especializada, que cada vez es más precisa y no se tenía hace 20 años. Ahora hay GPS navegador y GPS diferenciales, el primero tiene un margen de error de tres metros y el segundo de solo dos centímetros. Entonces, se tiene que usar un GPS diferencial, el cual no se emplea porque su costo es de 10 mil a 15 mil dólares cada uno, a parte de la capacitación para el uso del programa informático”, puntualiza.

PELIGROS

Alberto Risco sostiene que los riesgos son altos al realizar los desalojos de las invasiones en las zonas arqueológicas, debido a que quienes se adueñan del área pertenecen algunas veces al sicariato o poseen armas de fuego en el momento y “en algunas situaciones han hecho seguimiento a la camioneta de la unidad ejecutora”.

“Te pueden hasta asesinar. En algunos sitios los arqueólogos casi han sido flagelados por las comunidades. Una cosa es el invasor, que muchas veces está coludido con malas autoridades, y otra el delincuente, que cuando ve que hay un dron volando u observa algún equipo de valor, también puede atacar. En el caso de Huaca Brava hubo gente armada, y en el Chorro también. En Huaca Brava se denunció a la fiscalía y a pesar que se tenía las pruebas de los hitos y fotos, unos fiscales no vieron eso y ahora es materia de un proceso largo”, señala.

Añade que cuando las denuncias se judicializan se presentan a la fiscalía y esta da inicio a las investigaciones, inhabilitando la acción de la unidad ejecutora, que puede durar un promedio desde tres hasta seis meses en realizar las indagaciones correspondientes, dando como dictamen dos posibilidades: que no hay lugar para la continuación del expediente o pedir datos adicionales, o que todo es satisfactorio y se inicia un juicio.

“La mayor parte de nuestras denuncias están en ese tipo de evaluación y pocas han pasado a juicio, la mayor parte están investigación fiscal y constantemente piden más datos y documentación. Hasta incluso vuelven a pedir la certificación o constancia de que son zonas declaradas y así se nos van los años. En el 2015 realizamos 29 denuncias, de las cuales dos se encuentran en juicio, y en el presente año hemos alcanzado 16 denuncias que aún no están en curso”, comenta.

INACCIÓN

El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp reconoce que ha habido una inacción en épocas del Instituto Nacional de Cultura - INC, que operó desde el año 1971 hasta el 2010, en cuyo período no se realizaban invasiones a las zonas arqueológicas y que por ende no se realizó un trabajo a profundidad en la delimitación y señalización de estas, además de las faltas tecnológicas de la época.

“En los años 70 y 80 el principal problema era el huaqueo, no la invasión propiamente. Las autoridades de aquella época pensaron que eso iba a continuar y descuidaron el tema de la inscripción de las zonas arqueológicas en la oficina de registros públicos, de poner hitos y letreros. Ahora estamos pagando esas consecuencias e incluso en el 2014 se habló de la situación del Cerro Reque. El cerro tiene aproximadamente unas dos mil hectáreas, de las cuales, solamente se declararon a fines de los 80 algo de 730 hectáreas porque una concesionaria de minería no metálica utilizaba el cerro como cantera desde una década antes. Sin embargo, los otros dos tercios no fueron declarados a pesar de tener evidencia arqueológica dispersa. En el 2013, un ciudadano cualquiera de una empresa, hace una denuncia minera sobre el cerro y le dan la concesión, que es diferente a la autorización para explotar, de los otros dos tercios y se asienta en el lugar y sin consultar pone su chancadora de piedra”, ejemplifica.

“Fue un problema porque para pasar de concesionario a explotador tiene que haber varias documentaciones como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, que deben ser emitidas por el Ministerio de Cultura, además de una licencia municipal y una certificación de la Dirección Regional de Medio Ambiente que se llamaba Declaratoria de Impacto Ambiental. Nos presentaron el CIRA y en la zona que ellos señalaban no había evidencia de restos arqueológicos, de las mil 500 hectáreas, solo pidieron un CIRA de más o menos 20 hectáreas. El grupo Frente de Defensa de Reque – FEDER, argumentaba que el CIRA estaba mal dado. Sin embargo, desde la sede central vinieron arqueólogos y verificaron que estaban bien dados. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiésemos cumplido con el ordenamiento legal? La empresa nos denunciaba por abuso de autoridad. Si en los años 80 se hubiese declarado todo como zona arqueológica se hubiese podido hacer una defensa real y no se hubiese podido emitir ningún CIRA”, recalca.

Agrega que parte del procedimiento de saneamiento físico-legal se hace en la Unidad Ejecutora Naylamp y posteriormente el expediente es elevado al área de certificaciones de la sede central del Ministerio de Cultura, el cual emite una resolución aprobando el área arqueológica.

NUEVA LEY

La Ley 30230, promulgada el 12 de julio del 2014, implementada en Lambayeque el primero de mayo del presente año, establece las medidas tributarias que simplifiquen los procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, tanto pública y privada.

Risco Vega menciona que a partir de esta nueva ley los desalojos que se realizarían a futuro serían de mayor efectividad.

“Hasta antes de esa ley, por ejemplo, si algún grupo de invasores ingresaba en un terreno público o privado y se quedaba más de 48 horas, ya no lo podías sacar con la policía sino por vía judicial. La ley 30230 es magnífica respecto al manejo de las invasiones, porque es un lanzamiento extrajudicial, con esta ley se modifica las 48 horas, que ya no van más, y el acreditando como propietario de ese terreno puede recurrir a la fuerza pública y sacar al invasor sin orden judicial. Eso es lo que ha venido ocurriendo con el Ministerio de Cultura, y en Lambayeque estamos retrasados en comparación con La Libertad, porque desde que se aprobó esta ley ya llevan 11 lanzamientos extrajudiciales, y acá recién uno que se realizó en inicios de mayo en el cerro Tres Tomas en el distrito de Mesones Muro. Desafortunadamente, todos los casos que se han presentado en la fiscalía están judicializados y ya no podemos aplicar esa ley”, señala.

Asimismo, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura resalta el procedimiento denominado “Rescate arqueológico”, el cual se aplica cuando un proyecto de necesidad nacional como irrigación, electrificación, vías nacionales presenta una posible coincidencia con una zona arqueológica que puede ser liberada para el proyecto de interés nacional, tomando como ejemplo de este procedimiento en el caso de la ampliación del establecimiento penitenciario de Picsi.

ZONAS AFECTADAS

Alberto Risco manifiesta que las zonas con mayor afectación son aquellas que han sido invadidas por la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape, siendo estos el Cerro Racarrumi, el Cerro Cuculí, Mal Paso y la zona periférica a Tinajones. Además de estas, otras de las zonas afectadas son Apurlec, el Cerro Tres Tomas y Pampa Grande. Tres hectáreas dentro de este último complejo habían sido lotizadas con cal y piedra.

 “Lo que ha perjudicado los avances de conservación de las zonas arqueológicas es el hecho de que estas no se encuentran declaradas no monumentizadas, es decir que no se han puesto los hitos y paneles informativos. Falta ser más agresivo, pero esto va de la mano con poner una poligonal con las coordenadas exactas. Yo estoy reconociendo que hay lentitud en todos estos años por no haber hecho el proceso de inscripción de procesos jurídicos y señalización, pero esperamos poder revertir esto y acelerarlo. Ahora no hay excusa, salvo la presión social y que en algunas zonas hay sicariato, porque son zonas difíciles de llegar”, concluye.

El ingeniero Rubén Gómez Sánchez habla sobre brecha infraestructural del país, fundamenta las consecuencias de no realizar una gestión de riesgos adecuada en la etapa de preinversión o planificación y señala que el Colegio de Ingenieros del Perú debería intervenir en las obras públicas y sancionar a los colegiados que realicen malas gestiones.

El riesgo en una obra pública es la incertidumbre ante un eventual suceso que afectaría al proyecto de manera positiva o negativa, conocidas como oportunidades o amenazas, respectivamente. Por ejemplo, el encuentro de un tipo de terreno diferente al estudio de suelos en una excavación para una obra de saneamiento.

Las obras públicas buscan satisfacer la necesitad de la población y tienen como finalidad mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se busca sensibilizar la necesidad de plena aplicación de la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública.

“Un proyecto exitoso es el que logra el objetivo de calidad del proyecto. En el tema hospitalario, es el servicio que brinda el producto del proyecto, que la gente que entre al hospital saque una consulta en tiempo adecuado y salga sana”, afirma Gómez Sánchez, consultor en gestión de calidad y riesgos en proyectos de infraestructura.

Anota que otro ejemplo es el objetivo de calidad de un centro educativo donde los alumnos obtengan competencias nuevas para responder al servicio de la sociedad. Refiere que el proyecto debe cumplir con las líneas de base, es decir, el alcance, el tiempo, el costo y la calidad.

“Cuando se pide ampliación de plazo deja de ser un proyecto exitoso”, asegura.

REALIDAD INFRAESTRUCTURAL

Según el Reporte Global de Competitividad, el Perú se ubica en la posición 89 de 140 países en infraestructura, 82 en educación superior y 116 en innovación. Asimismo, los principales problemas para hacer negocios en el país son la burocracia ineficiente, las regulaciones laborales y la corrupción.

El país tiene una brecha de infraestructura estimada de 159 mil 549 millones de dólares, según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. Igualmente, para acabar con la brecha se tendría que invertir 15 mil 955 millones de dólares anuales, es decir, el 8.27% del Producto Bruto Interno – PBI.

El sector Agua y Saneamiento, solo considerando el acceso al servicio, tiene una brecha de 12 mil 252 millones de dólares. Igualmente, la brecha de Educación, que contempla únicamente incrementos en la cobertura sin contar adecuación funcional, rehabilitación o reforzamiento antisísmico, equivale a cuatro mil 568 millones de dólares. Para el sector Salud hay una brecha de 18 mil 944 millones de dólares, sin embargo la brecha de mayor costo corresponde al sector Transporte con 57 mil 499 millones de dólares.

La inversión actual detectada por la AFIN para el período 2016-2025 equivale a 66 mil 12 millones dólares, es decir apenas el 41 % de la brecha de infraestructura.

El Perú tiene un déficit hospitalario equivalente a 1.5 por cada mil habitantes, mientras que en Argentina existen 4.7 camas, lo que obliga a muchas personas a atenderse en clínicas privadas a pesar de contar con seguro de salud.

“Tenemos una brecha no menor a 45 mil camas. El Hospital Edgardo Rebagliati, que es el más grande del Perú, tiene capacidad para mil 200 camas, entonces necesitamos casi 40 de esos hospitales distribuidos en todo el país”, analiza Rubén Gómez.

Por otro lado, la Contraloría General de la República identificó a fines del año pasado 740 obras públicas paralizadas por un costo de cinco mil 425 millones de soles, de las cuales, según Infobras, 231 obras corresponden a Cusco. En Lambayeque, se registraron 22 obras paralizadas, de las cuales siete corresponden a la provincia de Chiclayo.

“Es importante y materia de investigación por qué estas obras están paralizadas”, indica.

EFECTOS DE RIESGOS

Los riegos tiene un efecto en el desarrollo de un proyecto y en caso ocurriesen podrían variarlo negativa o positivamente en costos, tiempo y alcance. Asimismo, la administración inadecuada de la gestión de riesgos generará situaciones fuera de control en el proyecto, lo cual terminaría afectando negativamente en las líneas de base del mismo, por ejemplo retrasándolo.

Si una empresa pública de saneamiento construye una red sanitaria y no toma en cuenta el riesgo en los estudios como el estudio de suelo, de existir algún problema se detectaría en la ejecución cuando se pudo prever en la etapa de preinversión, por consiguiente, podría retrasarse y necesitar ampliación de presupuesto para subsanar el problema.

“Algo que hice mal en la etapa de preinversión se detecta en la ejecución. ¿Cuál es el efecto? Adicionales y ampliaciones de plazo, y a partir de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado se añade el costo directo de obra. Por lo tanto, los costos de obra van a aumentar. Si no le reconoces el gasto a la empresa, hay un arbitraje y si se resuelve el problema se llevan el 50 % de la utilidad”, explica Gómez Sánchez.

Añade que si no se prevé lo posibles riesgos en la etapa de preinversión, lo costos de los obras públicas podrían aumentar considerablemente.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

En la planificación es necesario seguir algunos pasos. En primer lugar, se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos en un proyecto. Luego, se procede a determinar los posibles riesgos que podrían afectar la obra y se documentan sus características.

De los posibles riesgos detectados, se priorizan para realizar análisis u otras acciones como evaluar las probabilidades que ocurra y sus impactos. Asimismo, se analiza numéricamente el efecto de estos riesgos sobre los objetivos generales del proyecto.

Tras el análisis, se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proceso.

Finalmente, una vez iniciada la obra, se implementan planes de respuesta, se monitorean los riesgos identificados y residuales, se identifica nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto.

Rubén Gómez resalta que solo el último paso se realiza en la ejecución de la obra y los primeros en la etapa de planificación.

“Lo más importante en la etapa de procesos no es la ejecución, sino la planificación. Es más beneficioso minimizar los riesgos en la etapa preinversión que en la construcción”, afirma Gómez Sánchez.

Por otro lado, también critica que la Nueva Ley de Contrataciones del Estado no mencione nada sobre la gestión de riesgos y considera que es el Colegio de Ingenieros del Perú quien debe pronunciarse.

Según indica Rubén Gómez, el Colegio de Ingenieros como institución no está sancionando por malas prácticas a los ingenieros responsables de proyectos que, por ejemplo, fallan en la etapa de planificación.

“¿Qué mensaje se les da a los ingenieros colegiados? Tú estás trabajando bien, pero tienes mala suerte porque tus obras están demoradas. Uno debe empezar a mejorar las obras públicas dentro de casa”, afirma.

Según el Artículo 104 del Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú, los actos contrarios a la ética profesional serán sancionados con amonestación pública escrita o inhabilitación temporal como miembro  de la orden no mayor a 12 meses y 24 meses en caso de reincidencia.

Si no se minimizan los riesgos en la etapa de planificación, el costo de los cambios resulta elevadísimo, según Gómez Sánchez, por lo que hace un llamado a los ingenieros a comprometerse en la buena gestión de las obras públicas.

MÁS GASTO, MÁS TIEMPO

Las obras que actualmente tienen mayores plazos y mayores costos en la etapa de inversión, tuvieron problemas en la etapa de preinversión.

Según un estudio realizado por Rubén Gómez con información de la Contraloría General de la República, las cuatro primeras causas de adicionales de presupuesto y plazo son: la carencia de expediente técnico, situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del contrato, y las generadas por omisiones y otros hechos imprevisibles al formularse las bases de licitación o celebrarse el contrato.

“Esas causas se dan en la planificación, que es donde trabajan los ingenieros. En conclusión, un expediente técnico deficiente es la causa principal de los adicionales. También, los problemas principales de las obras públicas se dan en la preinversión”, señala Rubén Gómez.

Asimismo, señala que las universidades no enseñan cursos de Gestión de Riesgos ni Dirección de Proyectos. Además, muchos de los estudiante que van a estudiar al extranjero terminan ejerciendo en otros países.

MARCO LEGAL

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado en su Artículo 3 dice que en virtud de la evaluación de riesgos deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.

De todas las entidades públicas, solo el 25 % ha avanzado en el sistema de control interno.

“Si el gobierno regional piensa hacer una carrera, tiene que ver con sus objetivos que es comunicar a dos localidades y mejorar su calidad de vida. Entonces, esa carretera es parte de sus fines, metas y objetivos, y se debe aplicar la gestión de riesgos. Además dice ‘operaciones institucionales’, o sea quiere decir que esta ley da la solución al problema”, afirma Gómez Sánchez.

Por tal razón, comenta que se está revisando el tema con abogados y se enviarán comunicaciones a la Contraloría y la Defensoría del Perú.

De igual forma, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 menciona en su disposición complementaria quincuagésima tercera la obligación de implementar el Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado en un plazo máximo de 36 meses a partir de la vigencia de la ley.

“La Ley de Contrataciones del Estado se debe adecuar y aplicar en conjunto. Yo pienso que no más allá de un mes ya está el asunto solucionado”, finaliza.

• Las instancias superiores le han anulado tres sentencias desfavorables para su causa emitidas por una misma jueza.

Desde octubre del 2013 el médico Jorge Rentería Ayudante vive alejado de sus tres menores hijas, pese a que en determinado momento el Poder Judicial declaró a su exconviviente, Ana Magallanes Dagnino, como no apta para mantener la tenencia.

El 7 de junio pasado, Rentería Ayudante se dirigió una vez más a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, para pedir que a través de su despacho se interceda en virtud del retardo en la administración de justicia con el que se ha tratado hasta ahora su caso, estando de por medio, la integridad de sus hijas.

En febrero del 2013 Magallanes Dagnino se llevó a las menores de edad a Ica, de manera inconsulta y estando pendientes los procesos judiciales iniciados entre esta y el médico.

JUICIOS Y MÁS JUICIOS

La triste historia de este conflicto entre padres se originó en el 2012, cuando Jorge Rentería, médico psiquiatra del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, presentó una ocurrencia de negligencia infantil ante la Fiscalía Mixta de José Leonardo Ortiz, solicitando que Magallanes Dagnino preste mayor interés en el cuidado de las niñas, debido a que la madre se excusaba en presuntos problemas de salud que nunca pudo acreditar ante la autoridad competente, pese a que se le habían practicado los exámenes correspondientes.

En respuesta, Ana Magallanes presentó una denuncia por violencia familiar ejercida presuntamente en perjuicio de ella y las menores, teniendo como resultado que el Ministerio Público emita una disposición de medidas de protección por las cuales se le prohibía al galeno incluso el ingreso a la vivienda que compartía con la madre de sus hijas.

Tiempo después se corroboró que las niñas habían sido manipuladas – tal como consta en el fallo judicial emitido en el 2014 – para que testimoniaran en contra de su padre, alegando maltratos que nunca existieron. En ese fallo, la juez Matilde Mesones Montaño, del Juzgado Mixto Transitorio de José Leonardo Ortiz, determinó que Rentería Ayudante ejercía maltrato psicológico contra Magallanes Dagnino, pero no contra las niñas. La jueza prescindió de un nuevo peritaje psicológico a las menores.

El fallo de la juez Mesones Montaño fue apelado y esto motivó el pronunciamiento de la Primera Sala Civil de Chiclayo, que ese mismo año, en septiembre, anuló la sentencia exigiéndole un nuevo pronunciamiento. La magistrada volvió a fallar, hubo nuevamente apelación y la Segunda Sala Civil de Chiclayo también le anuló la resolución de sentencia. En consecuencia, la magistrada deberá pronunciarse por tercera vez respecto de la denuncia por supuesta violencia ejercida contra la exconviviente del médico.

TENENCIA DE LAS NIÑAS

Magallanes Dagnino también inició una demanda para conseguir la tenencia de las menores ante el Tercer Juzgado de Familia de Chiclayo y otra por alimentos en el Juzgado de Paz Letrado, también de Chiclayo. Sin embargo, cuando el proceso por tenencia se encontraba en pleno desarrollo, Ana Magallanes se trasladó con las niñas, de manera inconsulta, a la ciudad de Ica, habiendo conseguido previamente que con una medida cautelar se le asigne el 50 % de la remuneración mensual de Jorge Rentería, que finalmente quedó establecida en el 45 %, equivalente a poco más de tres mil soles.

El Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo ha solicitado a Magallanes Dagnino la rendición de los gastos efectuados en la manutención de las niñas, pero hasta el momento el requerimiento no ha recibido respuesta.

Respecto a la tenencia, el Tercer Juzgado Especializado en Familia de Chiclayo, despachado por la jueza Silvia Alvarado Vera, quien el 9 de julio del 2013 recibió opinión negativa al pedido de la madre por parte de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia, declaró a Magallanes Dagnino “no apta para la tenencia de las niñas por improbada”, mencionando en su Resolución N° 17 del Expediente N° 2644-2012-0-1706-JR-FC-03, que la madre incumplió con presentarse a la única audiencia programada y no se sometió al peritaje psicológico, procedimiento que sí cumplió el progenitor. La sentencia, al no ser apelada, quedó consentida en noviembre del mismo año.

LOS FALLOS NULOS

Siendo así, Rentería Ayudante entabló una demanda de tenencia que recayó – sorprendentemente - en la competencia del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, bajo la tutela de la juez Matilde Mesones, la misma a la que le han anulado dos de sus resoluciones en el caso de violencia.

La magistrada dio su pronunciamiento septiembre del 2015 con un fallo que declaró infundada la petición del médico y dispuso el establecimiento de un régimen de visitas para que el galeno vea a sus hijas los sábados y domingo de cada mes, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el domicilio de la demandada, es decir, en la ciudad de Ica, previa comunicación telefónica o por Internet. Asimismo, le otorgó al padre siete días de vacaciones de verano en su domicilio, tras los cuales las niñas debían ser retornadas a Ica.

La decisión fue apelada por la defensa legal del médico y esto ameritó el pronunciamiento de la Primera Sala Especializada Civil, que anuló la sentencia, ordenando que la jueza Matilde Mesones, del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, emita un nuevo fallo. Esto está pendiente.

“Lo que yo no logro explicarme es cómo la Primera Sala Civil que en el 2014 me negó una medida cautelar para obtener la tenencia de mis niñas, argumentando que estaban más seguras con su madre por su edad y sexo, después anula el fallo de la jueza Matilde Mesones, refiriendo que esta cometió omisiones de naturaleza insubsanable que contravienen los principios procesales de tutela, el debido proceso y la debida motivación. Lo que está sucediendo en mi caso es inconcebible, porque ahora deberé esperar la disponibilidad de la juez para que se pronuncie. Ya una vez se demoró 14 meses, ¿ahora demorará 14 meses más? Y mientras tanto, ¿cómo queda la relación con mis hijas?”, cuestiona Jorge Rentería.

RELACIONES ROTAS

El pasado 29 de abril, Rentería Ayudante viajó a Ica y se constituyó a la Institución Educativa Juan XXIII para ver a sus hijas. Sin embargo, la madre las retiró 30 minutos antes de la hora de salida, frustrando así el encuentro entre las menores y su progenitor, pese a no existir fallo judicial vigente que impida el acercamiento.

El hecho fue registrado como ocurrencia en la Comisaría de Ica, tal como consta en el respectivo certificado alcanzado a la jueza del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz.

Rentería Ayudante afirma con total seguridad que lo sucedido en su caso responde a la indiferencia de las autoridades judiciales para cautelar el crecimiento armonioso de sus hijas, pues sostiene que se vienen violando principios elementales de la Convención Internacional del Niño, tratado del cual el Perú es país firmante, específicamente los enunciados 3, 4, 9 y 11, referidos al derecho inalienable del menor a contar con un padre y una madre.

Lo que más le preocupa es que la separación de sus hijas, por el tiempo transcurrido, ha permitido que se instale el síndrome de Alienación Parental, que consiste en poner al hijo en contra del progenitor no tenedor, con consecuencias emocionales casi irreparables para el desarrollo de su personalidad y la secuela emocional, el mismo que se irá consolidando en la medida que demore la resolución del proceso judicial de tenencia que Jorge Rentería espera de la jueza Matilde Mesones.

De ahí su pedido clamoroso a la jefa del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, pues refiere haber agotado todas las instancias locales, reuniéndose incluso hasta en ocho oportunidades con el jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, sin tener hasta el momento solución que ampare su ansias de justicia. 

• INSÓLITO. Gerencia Regional de Educación desconoce que desde el 2014 pesa sobre el sacerdote Ricardo Cruz Huamán y cuatro profesoras una sentencia consentida.

El 31 de julio del 2014, con Resolución N° 27, el Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, a cargo del juez Silverio Rivera Palomino, declaró consentida la sentencia que había dado un año antes contra el director del Colegio Manuel Pardo, Ricardo Cruz Huamán, y cuatro profesoras, por contravenir el derecho a la integridad personal en la forma de agresión psicológica, contra el bienestar emocional y el desarrollo socio afectivo del menor David Horna Puémape.

Mucho pasó para que la sentencia quede consentida, pues la defensa legal del colegio recurrió a la adulteración de la fecha en el registro de mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para lograr que ingrese un recurso de apelación al fallo, lo que motivó el inicio de nuevas investigaciones que terminaron involucrando a una magistrada del Poder Judicial, también jueza de Familia, cuya situación, hasta el momento, no tiene pronunciamiento definitivo del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA.

EL CASO

El 15 de agosto del 2012 la Cuarta Fiscalía de Familia de Chiclayo demandó al Colegio Manuel Pardo, representado por el director, sacerdote vicentino Ricardo Cruz Huamán, y a las profesoras Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, en atención a la denuncia presentada por el padre del menor, abogado José Horna Segura, quien refirió al Ministerio Público el acoso que sufría su hijo en la institución educativa, recibiendo constantes llamadas de atención, partes disciplinarios e informes reiterativos de tutoría, llegando al maltrato verbal y en ocasiones obligándolo a recibir clases fuera del aula.

Calificativos como “burro” y “bruto” eran dados por las docentes al estudiante, que en aquél entonces cursaba el cuarto grado de primaria y demostraba con los resultados de sus evaluaciones ser un alumno promedio, llegando a obtener notas sobresalientes. Incluso, a través de una conversación telefónica grabada, una de las profesoras reconoció que los partes disciplinarios impuestos al menor eran dispuestos desde el nivel jerárquico superior del colegio con el propósito de separarlo.

De las pericias psicológicas practicadas al estudiantes como parte del proceso judicial se tiene el resultado del Protocolo N° 006586-2012-PSC, donde se señala que el menor presentaba “problemas emocionales ante el inadecuado ambiente escolar, manifestando fastidio y disconformidad. Con marcado deterioro del vínculo amical y afectivo con sus maestros, asociado a comentarios negativos, desarrollando un comportamiento crítico, evitativo, de rechazo y desaprobación hacia sus maestros y ambiente escolar, carga tensional que perjudica su desarrollo socioafectivo”.

En base a ello, el despacho del juez Silverio Rivera corroboró la afectación al derecho de integridad personal en su forma de agresión psicológica, contra el bienestar y el desarrollo socio afectivo del estudiante.

La sentencia señala que los profesores demandados solo se limitaron a corregir de manera inadecuada la conducta del menor, “sin tener en cuenta que ellos como educadores deben tener la capacidad no solo de explicar su materia, sino de captar las capacidades y dificultades de sus alumnos en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada (…) los maestros debieron evitar las llamadas de atención en público, esto es delante de sus compañeros de clase (como sacarlo del aula), avergonzándolo o poniéndolo en un aprieto delante de la clase”.

Además, el juzgado dejó firme en su resolución que el ingreso de la madre del menor, Doris Puémape Escajadillo, docente en ese momento del colegio, al Sindicato de Trabajadores del Manuel Pardo, influyó “en el trato inadecuado” que recibió el escolar.

El fallo del juez Silverio Rivera, además de hallar responsables al director y a las cuatro profesoras del colegio, impuso una multa equivalente a dos Unidades de Referencia Procesal – URP, pero además dispuso que los demandados desagravien y pidan disculpas al niño por la violencia psicológica ejercida, exhortándolos “para que en los sucesivo cumplan con sus deberes como educadores respetando todos los derechos de sus alumnos, incluido el de integridad personal”.

LO PENDIENTE

Pese al tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó consentida, hasta el momento los demandados no cumplen con el fallo en el extremo de realizar el desagravio público al menor, lo que para José Horna Segura, padre del agraviado, resulta condenable, máxime porque se trata de un mandato judicial en un caso que está cerrado.

“Este proceso ya concluyó, falta ejecutar una parte, por ejemplo, que en el informe presentado en la sentencia se escriba las disculpas públicas. Vamos a ver cómo lo hacemos”, señala.

Sin embargo, la búsqueda de sanción para los padres del niño no ha concluido. Están aún en evaluación las acciones a seguir para que intervenga el sector Educación respecto a la continuidad de los profesores en el ejercicio profesional.

“En segundo término está pendiente la inhabilitación de estos malos docentes, que empezando por el director deberían de ser inhabilitados. La Gerencia Regional de Educación no tendría nada que investigar, todo está probado en una sentencia. Lo único que le queda a la gerencia es simplemente sancionar con inhabilitación, tal vez por uno, dos o tres años”, refiere Horna Segura.

Por otro lado, los padres del menor y los representantes del colegio han concluido el proceso de conciliación extrajudicial para que se indemnice al menor por el daño psicológico causado, el mismo que no arribó a ningún acuerdo debido a que la institución ofrecía pagar 50 mil soles por la afectación, sin considerar el daño colateral producido.

“La ley dice que está obligado a indemnizar. Mi hijo ha sido agraviado, el daño no solamente lo ha sentido él, esto ha sido un daño colateral a mi familia. Mi esposa trabajaba ahí y tuvo que renunciar, tuve que sacar que mis tres hijos del colegio, y por ello hemos incluido como responsable a la promotora del colegio, es decir a la Comunidad Vicentina con sede en Lima. Ya se les notificó en la audiencia de conciliación extrajudicial, ya están incluidos en la demanda de todas maneras. Tal vez, ellos no sepan que tienen acá un mal elemento que a todas luces, la comunidad chiclayana si dio cuenta, tiene más de 35 juicios. Él (el director) vino a poner orden entre comillas”, afirma José Horna.

El caso del Colegio Manuel Pardo es el primero en el país sobre la ocurrencia de bullying agravado.

“Es la primera sentencia en el Perú de bullying agravado, es decir, de profesores contra un menor. En el Cusco tenemos contra el Colegio Salesiano, que es la primera sentencia de bullying de alumno a alumno, donde también fueron sancionados los profesores y el director por permitir esas conductas. Acá es más grave. A raíz de mi caso, han saltado varios más. Lo que pasa es que algunos padres valientes se atreven a denunciar y otros temen represarías contra sus menores hijos a través de los profesores”, menciona.

JUEZA EN EL LIMBO

Como se ha dicho, en el caso del Colegio Manuel Pardo terminó involucrada otra magistrada ajena al proceso, debido a que – tal como lo han confirmado la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – OCEMA – esta influenció para que se acepte en mesa de partes el recurso de apelación a la sentencia del juez Silverio Rivero.

Fue el propio Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien con disposición del 18 de septiembre del 2014, autorizó el ejercicio de la acción penal contra la magistrada Carmen Dávila Lombardi, juez especializada del Primer Juzgado de Familia de Chiclayo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su figura de abuso de autoridad, dando parte del mismo a los órganos de control correspondientes.

La decisión de Ramos Heredia se desprende de la investigación iniciada contra Dávila Lombardi y la servidora judicial Jhadyra Ignacio Chávez, auxiliar administrativo de la Mesa de Partes de los Juzgados de Familia de Chiclayo, a quien la magistrada ordenó que reciba el escrito de apelación formulado contra la sentencia del juez del Cuarto Juzgado de Familia, en el proceso seguido contra el Colegio Manuel Pardo sobre contravención del Código de los Niños y Adolescentes.

La jueza y la trabajadora terminaron involucradas en un presunto acto de corrupción luego que José Horna Segura denunciara que se había alterado la fecha de ingreso de documento para permitir que director del colegio Manuel Pardo tenga opción a apelar sentencia por bullying agravado que pesaba en su contra, pues plazos legales se le habían ya vencido. Según la denuncia verbal que formulara el agraviado ante los representantes de la Sociedad Civil, estamento de apoyo de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura - ODECMA, se dejó constancia que la alteración se produjo en el cuaderno que a diario permite el registro de ingreso de documentos que tanto litigantes como abogados alcanzan al Poder Judicial, para luego ser estos digitados en el sistema informático de la institución, permitiéndose de esta manera que fuera del término de ley y con fecha adulterada se ingrese el documento presentado por el defensor legal del director del colegio Manuel Pardo, abogado Nicolás Mondoñedo.

SANCIÓN NO APLICADA

“El fiscal de la Nación, después de analizar el caso y por cuestiones de competencia funcional, autorizó que se inicie el ejercicio de la acción penal contra esta magistrado por todo lo suscitado. Sin embargo, con argumentos poco legales, el fiscal superior solicitó el sobreseimiento de la causa alegando que el hecho no se ajustaba a la configuración del delito de abuso de autoridad. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria admite que el hecho no es delito, pero es reprochable. Lo que yo no entiendo es que la Fiscalía de la Nación al ordenar que se inicie la acción penal, también ordena que se ponga en conocimiento no solamente de la OCMA, la ODECMA, la Corte Suprema, la Fiscalía, sino también del interesado, en este caso yo como padre de niño agraviado, pero en ningún momento fui notificado de la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal”, refiere Horna Segura.

Si bien en la vía penal la jueza fue librada, el caso en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, siguió su curso.

El 8 de agosto del 2014, la jueza Ana Salés del Castillo, hoy presidenta de la Corte de Justicia de Lambayeque, quien fungió como sustanciadora del caso de la magistrada Dávila Lombardi, propuso al jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, se le imponga la medida disciplinaria de cuatro meses de suspensión sin goce de haber por haber cometido una falta muy grave, establecida en el inciso 4 de Artículo 48 de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

Asimismo, Salés del Castillo propuso que a la trabajadora judicial se le suspenda por dos meses.

Meses después, el 24 de noviembre de ese año, Rodríguez Tanta elevó su informe a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, solicitando se le imponga a Dávila Lombardi tres meses de suspensión y a la servidora judicial dos meses y medio.

Sin embargo, más de año y medio después, hasta el momento el Órgano de Control de la Magistratura no se ha pronunciado sobre la sanción.

“Se solicitó que se imponga una sanción de suspensión a la mala magistrada Carmen Dávila Lombardi. El Estado le paga un buen sueldo para que defienda los deberes e intereses de un menor, lo que hizo ella va en contra del menor, entonces no tendría ninguna moral para ejercer tan alto cargo que el Estado le ha encomendado. Esto se ha llevado a la OCMA y bueno al respecto desconozco si se han pronunciado, me parece que todavía no, lo que sería grave porque ya va más de un año”, enfatiza. 

En la tranquilidad de su hogar, Ángel Bartra Gonzáles junto a su amada Rossina Grosso, con quien tiene 53 años de casado, piensa, sonríe y reflexiona sobre lo que ha sido su vida personal, profesional, familiar y como político.

Expresión buscó al patriarca de los Bartra para destacar su rol de padre por más de cinco décadas y recordar la vida política que desarrolló en el país y en Lambayeque de manera particular.

“No he sido un padre intachable”, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Mis años de periodista dan fe que nunca escuché ni vi escándalo alguno en el que Ángel Bartra papá - como así lo llamamos - tuviera protagonismo alguno.

En esta entrevista de autocrítica y de grata recordación evoca buenos y tristes pasajes de su vida. “Siento que tal vez este sea un homenaje a mi despedida, tal vez sea la última entrevista”, esbozó. Le repliqué que “hay Bartra para rato”.

Ángel Bartra tiene 77 años de edad, es hijo único, de profesión odontólogo con cuatro hijos del matrimonio y dos niñas menores, diez nietos y una bisnieta conforman su familia a la que ama de manera incondicional.

Nos cuenta que a los 40 años conoció al hombre que le dio la vida, un sargento de la Policía Nacional quién le escribió confesándole que era su padre y quería abrazarlo y conocerlo como último deseo en su vida. “Cuando lo vi por primera vez le dije buenas horas señor, soy Ángel Bartra, no pude llamarlo papá, porque conocí desde chico a otra persona que asumió conmigo el papel de progenitor”, refiere.

Para el patriarca de los Bartra, su progenitora Zoila Gonzáles Rodríguez fue padre y madre,  ella le dio una carrera profesional y le dejó pertenencias. “Mi madre me ha dejado algunos bienes que me reportan ciertos ingresos con los que me ayudo de manera permanente y me dio tres hermanos: Carmen Zelada de Fernández, profesora jubilada; Nélida Zelada Gonzáles, profesora jubilada, y Antonio Zelada Gonzáles, médico cirujano del Hospital Rebagliati de Lima”, cuenta.

ROL DE PADRE

Una de las características de la relación padre e hijos que distingue a la familia Bartra Grosso es el respeto y cariño mutuo, la comunidad de ideales de servir al pueblo, la honradez y la transparencia de sus actos a todo nivel. La comprensión y el apoyo ante ciertos errores humanos inevitables, ha hecho de su familia un grupo humano creyente en Dios.

En fecha que se celebra el Día del Padre esboza con orgullo: “He  tratado de ser un buen padre, me he roto por mis hijos, los he convertido en profesionales, más aún, no he querido que se alejen de mi lado. El Día del Padre es un homenaje justo a todos los hombres que luchan por sacar adelante a sus familias, que es lo más importante en el ser humano”.  

AÑOS DE JUVENTUD

Ángel Bartra recuerda sus inicios en la política y revisando fechas evoca su época de estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se formó académicamente. Contemporáneos a  él eran brillantes y grandes intelectuales que le despertaron su vena política, pues estuvo siempre frente a académicos de preparación envidiable. “Eran sin duda lumbreras nacionales  y también había alumnos que eran unos oradores formidables”, refiere.

“Esta oportunidad que me brinda el Semanario Expresión sirva para evocar la memoria de José León Barandiarán, ilustre lambayecano que llegó a ser rector de San Marcos; a Luis Alberto Sánchez, que también fue Rector; a Emilio Barrantes, extraordinario educador; Hugo Pesce y Alberto Hurtado en Medicina. Dentro de los alumnos destacaban  políticamente  Luis Alberto Campos Lama, Alfonso Barrantes Lingán, Jorge Díaz Gonzáles y Alberto Valencia. Además, la Biblioteca de San Marcos era una verdadera joya, podías ilustrarte con libros de autores famosos y hasta prohibidos como Jesús de Renán”, precisa.

VENA POLÍTICA

Bartra Gonzáles refiere que su interés por la política venía por parte de la familia de su padre. “Cuando conocí a mi tío Santiago Bartra, exfuncionario del Ministerio de Trabajo, me dijo: ‘Te felicito hijo, has cumplido mi sueño de ser congresista, yo postulé dos veces por San Martín y no lo logré”, comenta.

Reveló que el interés por la política en sus hijos Miguel Ángel y Boris se dio hace 35 años. “Cuando fui alcalde de Monsefú, allá por los años  1967 – 1972, algunas obras las hacíamos por el sistema de mingas y ahí me ayudaban mis hijos. La mejor prueba es que está registrado en fotografías donde Ángel, Fernando y Boris ayudaban con palana en mano en las tareas con los vecinos de la ciudad. Allí les nació el deseo de servir y de relacionarse con los pobladores”, evoca.

PAPÁ DE ALCALDES

Papá Bartra rememora algunos pasajes del inicio político de sus hijos. “Acabo de recordar que en una oportunidad, cuando faltaban  pocos días para el cierre de la inscripción para las alcaldías, el candidato nuestro renunció por no estar de acuerdo  con una alianza con el PPC , ningún invitado quiso postular,  tuve que tomar decisiones rápidas  y  puse como candidato por Acción Popular en Monsefú a Miguel Ángel Bartra Grosso, que tenía 25 años, aún era estudiante de Derecho. Fue así como él asume el reto y ganó, más aún después fue reelecto”, manifiesta.

Años después fue elegido como alcalde de Monsefú Boris Gustavo Bartra Grosso, su segundo hijo, de quien dice “hizo una excelente labor”. “La Avenida Conroy,  que es un atractivo turístico, es su obra más importante, él ahora es regidor del Concejo Provincial de Chiclayo”, precisa.

Bartra Gonzáles comenta que la razón de su existencia en política es la obra pública. “Miguel Ángel, Boris y yo, tenemos la satisfacción de presentar realizaciones funcionales, útiles y duraderas en todos los cargo que hemos ejercido. Miguel Ángel  remodeló y enlocetó totalmente el parque de Monsefú y consiguió la efigie a cuerpo entero del héroe Diego Ferré Sosa; también consiguió la instalación de energía eléctrica en el caserío turístico Callanca. En Chiclayo, con ayuda del gobierno del presidente Fujimori, construyó la Vía de Evitamiento y el óvalo en honor al general chiclayano, vencedor en Zarumilla, Eloy Ureta Montehermoso, entre otras obras”, afirma.

“En mi caso, en Monsefú hice funcionar  el servicio de agua potable en el año 1967 y el de desagüe con ayuda de las Madres Canadienses en 1972, la infraestructura fue apoyada por el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry”,  alega.

Destaca también su paso por la jefatura departamental de  Cooperación Popular, donde pudo ayudar directamente a los pobladores de diversos sectores con obras pequeñas o grandes y que a pesar de haber transcurrido muchos años aún se pueden certificar.

La carretera Chóchope – La Ramada, Salas – Kerguer, el Sifón de Pacora, parte de la carretera Ferreñafe – Incahuasi, los pavimentos de los parques de Eten, Reque y otros y la gran Avenida Venezuela de Monsefú, son obras ejecutadas por los Bartra afirma orgullosamente.

ASUMIENDO ERRORES

En autocritica, Ángel Bartra Gonzáles lamenta su decisión de alejarse de Acción Popular. “Nunca debimos hacerlo, fue un impulso absurdo  y repentino  provocado por elementos que nos hacían la vida imposible en el partido y lo peor es que al final lo abandonaron también. Nunca nuestros pases fueron por dinero o por intereses personales. Yo en el fujimorismo no aparezco en ningún video, ni en ninguna acusación, en cambio ayudé a sacar para Chiclayo la Vía de Evitamiento y el asfaltado a varios distritos de Lambayeque. Cuando fuimos independientes, nuestro corazón siempre estuvo al lado del presidente Belaunde, nuestra agrupación se llamó  ‘Adelante Chiclayo’, usando el lema del expresidente que era, es y seguirá siendo Adelante”, sostiene.

Menciona que hace unos días asistió a la misa y celebración del 1  de Junio, invitado por unos militantes de Acción Popular. Fue acompañado  por otro populista de antaño, el profesor José María Díaz Pisfíl y su hijo Mauro. “También  los populistas antiguos hemos realizado una Misa por la salud del ingeniero Aurelio Matute Proaño, expresidente de la Corporación de Desarrollo de Lambayeque , que está muy delicado de  salud”, acota.

En conclusión, respecto a su tránsito político que ha ido de Acción Popular hasta el fujimorismo, llegando a  ser independiente, Bartra Gonzáles acentúa: “Nuestra mente y nuestro corazón es populista, nuestro accionar político de repente varió por ciertas circunstancias”.

Le pregunté si le incomoda que llamen a su familia tránsfuga y ese respondió: “En cierto modo sí, pero tránsfuga es alguien que se pasa a otra agrupación por interés o por dinero. No es nuestro caso, de repente por obras públicas, pero cuando fui invitado seis meses en el fujimorismo ya había renunciado a Acción Popular”, afirma.

¿Y cómo anclaron en Alianza Para el Progreso? pregunté, la respuesta no se hizo esperar. Bartra mencionó que él no pertenece a APP, que es amigo de los hermanos Acuña, que los ha apoyado,  pero no está inscrito en su partido. “Mi hijo Miguel Ángel sí es militante, salió elegido esta vez alcalde de Monsefú con ese símbolo.  En el caso de Boris fue un invitado por David Cornejo  para que integre su lista”, reseñó.

EL REGRESO

Bartra Gonzáles confiesa de manera enfática que fue un craso error renunciar a Acción Popular. “AP ha demostrado en sus 60 años de existencia que es la reserva moral política del país”, enfatiza.

Le preguntamos si quisiera volver, junto a sus hijos, al partido de la palaba y él responde: “Yo ya he vuelto. Oficialmente este primero de junio. Guardo un eterno agradecimiento al presidente Belaunde y su dignísima esposa Violeta Correa de Belaunde, en homenaje a ellos mi segundo hijo, se llama Fernando y mi nieta se llama  Violeta. El tiempo dirá si mis hijos vuelven a Acción Popular”.

Papá Bartra cree que sus hijos perdieron el brillo político que tuvieron y razón no le falta, pues en varios procesos electorales resultaron vencidos por diversas razones, entre ellas por carecer de recursos económicos que hoy son tan importantes en una campaña electoral. En algunas épocas no han tenido ningún cargo, pero siempre se han guiado de lo que dice la gente: “Arriba o abajo los Bartra son trabajo”, la frase que han acuñado y los incentiva a seguir trabajando por el pueblo.

Le interrogué por qué continuar en la política tantas décadas después, a pesar de su edad avanzada y sin titubemos dijo: “La política me llena de satisfacción y alegría, a mis hijos también, nosotros seguiremos sirviendo a nuestro pueblo y al país mientras tengamos un hálito de vida”, sella.

Los Bartra tienen herederos políticos, qué duda cabe. Al hijo mayor de su hija Rosina, llamado Víctor Leyva, le apasiona la política, tal como sucede con el hijo de Boris. La hija mayor de Miguel Ángel, Violeta Giulina posee excelentes condiciones, al igual que su hija menor, Michelle, que quiere ser presidenta del país. Finalmente, el hijo menor de Fernando adora el fútbol y la política. “Eso sí, nadie se dedicará a la política hasta no tener una profesión y un medio de vida, además de un mínimo de cultura general”, demarca.

Al reflexionar como familia, indica: “La política es hermosa, es servicio y mayor satisfacción si lo haces con honradez y transparencia. Yo después de tantos cargos sigo viviendo dignamente, sin riqueza material alguna, lo mismo sucede con Miguel Ángel y Boris”.

Bartra Gonzáles ha desempeñado muchos cargos políticos y públicos, a nivel de Lambayeque y del país. Fue alcalde de Monsefú  entre 1967 y 1972; subprefecto de la provincia de Chiclayo; Jefe Departamental del Programa de Cooperación Popular y Vice – Presidente y Presidente interino de la Corporación Departamental de Lambayeque.

También fue Diputado Nacional entre el 90 y el 92 y Congresista de la República en dos ocasiones, desde 1995 hasta el 2001.

Hoy sostiene haberse retirado de la política activa, pero no del asesoramiento y análisis político.

REFLEXIONES

Para Bartra Gonzáles la elección de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República significa el triunfo de la democracia, del equilibrio de poderes, de la experiencia y de la preparación. “Los peruanos esperamos que resuelva el problema de la inseguridad ciudadana, que tiene amenazada a toda la población del país. También que resuelva los problemas de saneamiento para que todos tengan agua y desagüe, mejorar carreteras y construir escuelas y hospitales, apoyar a los municipios y regiones, luchar tenazmente contra el narcotráfico, que es una  de las causas de la delincuencia. Desde el punto de vista económico hay mucha esperanza por su experiencia y relaciones internacionales”, precisa.

Respecto a la gestión regional y municipal señala que en el período anterior el gobierno de Lambayeque hizo varias obras públicas, tuvo destacada actuación en el asunto de Olmos y ahora tiene el reto del Terminal Marítimo de Puerto Eten. “Un error de los planificadores puede ser, invertir muchos millones, por ejemplo, en dos conocidos colegios chiclayanos que han tenido ese privilegio cuando hay otros que se caen por pedazos”, critica.

En cuanto al municipio local, refiere que el alcalde David Cornejo Chinguel, después de ordenar la casa, ha empezado a ejecutar obra pública, primero en zonas marginales. “Tiene grandes desafíos como la construcción del Terrapuerto y del Mercado Modelo, los primeros pasos han sido exitosos, tengo fe en que quedará bien”, asevera.

Como balance de su rol de padre, Ángel Bartra asegura que siempre buscó dejar en sus hijos una herencia inmaterial basada en valores y conducta ejemplar.

“Siempre les he inculcado responsabilidad, trabajo, respeto, humildad y honradez”, remarca.

Semana movida en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pues lo que inició con la denuncia de los regidores de oposición sobre presuntas irregularidades en la administración del alcalde David Cornejo Chinguel, terminó con la agresión física y verbal de trabajadoras allegadas a la subgerente de Coordinación de Alcaldía, Susana Culqui Pacaya, al concejal Guillermo Segura Díaz.

Los regidores de oposición han denunciado no solo compras sobrevaloradas, también la posible existencia de una asociación ilícita que llegaría hasta el más alto nivel de la gestión Cornejo Chinguel, acusación realizada basándose en documentación oficial que demuestra, por ejemplo, que con Resolución Gerencial N° 65-2016, firmada por el gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, se designó como miembro suplente del Comité de Selección para la "Adquisición de suministro de aceites, lubricantes y filtros para el pull de maquinaria pesada y vehículos livianos" de la comuna, a Lucía Patricia Culqui Pacaya, hermana de la funcionaria de confianza de burgomaestre.

A esto se suma, que en para el mismo comité se haya designado como presidente suplemente al cuestionado ex jefe de la Oficina de Imagen Institucional del municipio, Henry Chiclayo Vega, involucrado el año pasado en la no rendición de gastos por las actividades celebratorias del aniversario de la ciudad.

Asimismo, los regidores denunciaron que como peritos para validar la presunta compra de implementos de mecánica que no cumplían con las especificaciones técnicas fue convocado un exfuncionario de la gestión del investigado alcalde Roberto Torres Gonzales.

“Nosotros hemos recibido de diversas personas documentos con los que, luego de haber comprobado que son oficiales de la municipalidad,  se puede presumir que en estas compras hay importantes sobrevaloraciones en las adquisiciones. No es un caso, son muchos casos, no es un área, son muchas áreas, y lo que más nos ha llamado la atención es que existiría relaciones peligrosas entre estas compras sobrevaloradas, estos comités de selección, personas contratadas, al parecer, exprofesamente para cumplir la función de ser miembros de esos comités de selección y que resultan ser familiares directos de funcionarios de más alto nivel de dirección de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, como el caso denunciado por el diario La República en donde la hermana de la subgerente de Coordinación de Alcaldía habría sido contratada en varias oportunidades para cumplir diversas funciones que a las finales desembocan en documentos que prueban que era miembro de un comité de selección para estas compras. Nosotros estamos seguros que los órganos especializados en esta materia tendrán que dilucidar si efectivamente ameritan la comisión de un ilícito penal”, señaló Guillermo Segura Díaz, primer regidor de la comuna y otrora uno de los más cerrados defensores de la administración edil.

VIEJAS PRÁCTICAS

Según el concejal, quien declaró acompañado de los demás integrantes de la bancada de oposición, los hechos denunciados involucran áreas como logística y mecánica, que están siendo investigadas. “Nosotros vamos a hacer llegar toda esta información al Ministerio Público y al Procurador Anticorrupción, esperando de ellos una actuación inmediata y no permitir que estos documentos sean modificados”, mencionó.

Los concejales precisan que los indicios no solo son de este año, sino que ya en el 2015 habrían existido irregularidades en el manejo de las compras del municipio.

Guillermo Segura lamentó que cuando estos temas son abordados en las sesiones de concejo no se garantice la participación del público y tampoco de los medios de comunicación, pues se programas las reuniones en horas de la noche. “Al mismo estilo de la gestión anterior comienzan a hacerse en la noche, seguramente de aquí para adelante vendrán las sesiones descentralizadas, es decir, las que la gestión anterior realizaba en algunos pueblos jóvenes en donde pueda funcionar una portátil para tratar de silenciar a los regidores que por la dignidad y responsabilidad que tenemos no vamos a ceder frente a los actos de irregularidad que estamos denunciando”, aseveró.

TRABAS PARA INVESTIGAR

A decir del regidor Víctor Rojas Díaz, existen trabas en el trabajo de fiscalización del concejo, como por ejemplo que ahora todo requerimiento de información debe pasar primero por el despacho de alcaldía y es respondido con inusual retardo y pobreza en el contenido.

“Nosotros tenemos algunas limitaciones para poder realizar la labor de fiscalización y es que ahora se ha establecido que todos los pedidos que tengamos para obtener información tienen que pasar por el despacho de la alcaldía, nosotros no podemos acceder directamente a alguna gerencia solicitando información de las actividades de la gestión. Eso hace muy burocrático el trámite, porque nuestros pedidos son atendidos después de uno o dos meses, cuando la norma establece un máximo de siete días, pero además, la información que nos hacen llegar son generalidades y de muy mala calidad. Entonces, esa falta de colaboración no ayuda a la labor de fiscalización en la que nosotros estamos interesados”, indica el concejal.

ADVERTENCIA LANZADA

Visiblemente incómodo por las declaraciones de los regidores de oposición, en especial de Guillermo Segura, durante la sesión de concejo del último miércoles el alcalde David Cornejo Chinguel anunció que tomará las acciones legales contra el munícipe si es que este no prueba de manera documentada los hechos irregulares denunciados.

El edil advirtió que si Segura Díaz prueba los ilícitos dará el apoyo necesario para que se ejerzan las investigaciones contra los funcionarios que puedan resultar involucrados.

“Comparar a esta gestión con la gestión de quienes están presos por algunos problemas, oiga ahí el Ministerio Público, con pruebas. Yo le exijo y que conste en actas que en 48 horas presente las pruebas el señor y yo mismo me encargaré de tramitar todo lo que corresponde para el Ministerio Público. No lo hace, yo mismo como ciudadano y como alcalde haré las gestiones correspondientes. Que se diga que aquí, en esta municipalidad, hay una asociación ilícita para delinquir, el señor Segura tiene que probarlo. Yo tengo todo el derecho, mis abogados accionarán, y pruébeme. Yo rechazo esos términos calumniosos y me siento impotente ante tanta barbaridad expresada en esa conferencia de prensa”, dijo el alcalde.

Recuerda que burgomaestre ofreció dejar a Chiclayo como un anís en los primeros 100 días de su gestión. Han transcurrido cerca de 760 días y se nota la ausencia de3 gestión municipal.

También se comprometió construir cuatro pasos a desnivel y dos by pass para aliviar el problema del tránsito, así como erradicar los ambulantes y construir de cinco pisos el mercado Modelo, pero hasta el momento no hay nada.

“El hombre es esclavo de sus propias palabras”, sostuvo la regidora de la Provincia de Chiclayo Liliana Barrantes Piscoya, para referirse al alcalde de la Capital de la Amistad, David Cornejo Chinguel, en el inicio de su tercer año de trabajo al frente de la ciudad de Chiclayo, pero que sigue atrapado en sus discursos y falsos ofrecimientos.

La concejal explica que es una convencida que David Cornejo ha engañado a Chiclayo, y en estos dos años de gestión que aún le queda al frente de la administración municipal, al pueblo de Chiclayo no le queda más que sufrir, sufrir las consecuencias por haber elegido a una persona que miente sin ningún tipo de remordimiento.

“Yo podría decir que los chiclayanos elegimos a un “lobo vestido de cordero”, una persona que no ha tenido un comportamiento coherente y ni siquiera tiene la personalidad de un gobernante, que no tiene ni siquiera el mínimo de imperar el principio de autoridad. Sinceramente no nos vemos bien representados por el alcalde David Cornejo, quien solamente vive viajando, supuestamente haciendo gestiones que no se reflejan en nada para favorecer a Chiclayo”, sostuvo la fiscalizadora edil.

Liliana Barrantes, quien forma parte del grupo de la oposición, aclaró que su función no es obstaculizadora, ella dijo desempeñar una oposición fiscalizadora, que vela por los intereses de Chiclayo, es una convencida que al cierre del segundo año de gestión municipal y el inicio del tercero, puede decir que no se ha avanzado mucho en la Capital de la Amistad.

SUELDOS

Explica que el alcalde David Cornejo ha iniciado su tercer año de gestión y hasta este tiempo no se ha avanzado mucho en lo referente a desarrollo, lo único rescatable en lo económico que se recuerde es que a inicios del año 2016, la gestión Cornejo Chinguel aprobó que los funcionarios tengan un nada despreciable aumento en sus sueldos, lo que le ha restado varios millones de soles a la administración pública para ejecutar obras de desarrollo en pueblos jóvenes, urbanizaciones, parques, jardines, entre otros lugares.

Señala ser una convencida que el pueblo chiclayano exige que el alcalde David Cornejo cambie de actitud y que el nuevo equipo técnico que lo acompañe en el 2017, lo lleve a entrar en razón y comience a trabajar en beneficio de la ciudad, principalmente de los que vivimos en esta provincia.

“Si el alcalde revertiera todo lo malo que ha hecho por el momento, lo cual considero que es difícil porque está lleno de denuncias, Chiclayo habría cambiado en algo en comparación a otras regiones vecinas del país”, señaló.

PROMESAS EN EL AIRE

Detalla que durante los dos primeros años de gestión de David Cornejo Chinguel no se han cubierto las expectativas que la ciudanía demanda. Además, durante la campaña electoral del año 2014 el actual burgomaestre de la Capital de la Amistad ofreció muchas obras de necesidad inmediata, pero que en la realidad no han sido cumplidas y siguen siendo las expectativas de los chiclayanos ante una nueva campaña electoral que ya se avecina.

“Existen muchos puntos en que la ciudadanía se ha visto decepcionada, debido a la poca capacidad que ha habido en la gestión municipal, así como en la toma de decisiones por parte del alcalde”, acotó.

Agrega que el tema principal de la campaña electoral de David Cornejo fue la limpieza pública, la cual ofreció de manera incansable e incluso se puso el plazo de 100 días de inicio de su gestión, jurando que Chiclayo iba a quedar convertido en un anís.

“Estamos empezando el tercer año de gestión municipal y Chiclayo “huele a añas”, debido al colapso de los desagües, la acumulación de la basura es preocupante a pesar que contamos con el apoyo de Cooperación Suiza con el programa Chiclayo Limpio”, resalta.

Barrantes Piscoya, dice ser una  convencida que David Cornejo no ha tenido un plan bien integrado, planificado e incluso tampoco ha contado con un equipo técnico capaz que tenga un perfil profesional que pudiera ocupar los cargos donde ahora están desempeñándose. Eso ha traído como consecuencia que David Cornejo no haya podido cumplir con tantas promesas que hizo en la campaña electoral municipal del año 2014.

“El comercio ambulatorio crece cada día. En la actualidad existen más de cinco mil comerciantes informales, los que están ocupando los espacios públicos de los alrededores del mercado Modelo, así como de las principales calles e incluso parque principal hasta la avenida Bolognesi”, dijo.

El problema de los ambulantes -señala- se ha visto durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde los informales se apoderaron de las calles sin que nadie diga o haga algo.

Recuerda que David Cornejo decía en campaña electoral que modernizaría el Mercado Modelo y lo convertiría en un centro comercial de cinco pisos, pero al iniciar su gestión se olvidó de todo eso y ahora en el 2017, el centro de abastos sigue en el mismo lugar de hace más de 30 años, con más problemas, con más ambulantes y con más peligro para la población en general.

De igual manera, detalla que David Cornejo no ha cumplido con otras promesas y todo lo que ha ofrecido ha quedado al paso. Asimismo, se suma el trabajo desarrollado en Epsel donde la Municipalidad de Chiclayo es la principal accionista, y presuntamente no habría voluntad de trabajo para cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y de esa mala gestión todos los chiclayanos son testigos diariamente por el lugar donde vayan. 

“No podemos negar que se ha hecho algo, pero es poco el trabajo que se ha realizado hasta ahora, y de eso todos nos damos cuenta, sólo basta salir a la ventana de nuestras casas o de la combi en que viajamos, para darnos cuenta que en la ciudad en la que estamos viviendo, el trabajo que desarrolla la autoridad municipal junto con sus más cercanos funcionarios, es deficiente”, señaló.

Recuerda que al inicio de la gestión municipal mucho se le escuchaba hablar al alcalde e incluso hacía uso de frases rimbombantes, pero a estas alturas de la gestión municipal, con facilidad la comunidad se da cuenta que todo no ha pasado más que de eso, de frases bonitas y rebuscadas, pero llenas de mentiras.

“Al empezar este tercer año de gestión, sigo pensando lo mismo que dije al inicio de la gestión municipal, el alcalde no cuenta con un equipo de gestión con los que se tuvo que dar esos primeros pasos. Aún recuerdo que a inicio de la gestión David Cornejo dijo que después de haber pasado los peores tiempos para Chiclayo por la deficiente gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, iba a “poner a Chiclayo como un anís”, pero esto ha quedado  como una frase anecdótica para la Capital de la Amistad”, explicó.

PELEA CON TODOS

Añade que ante los cuestionamientos que hay contra David Cornejo Chinguel por la forma como actúa, en el haber de la autoridad municipal existe un listado de promesas aún no cumplidas y que tienen origen en la falta de un plan de acción y de trabajo, el cual – durante la campaña electoral del año 2014 – dijo que lo tenía.

“El alcalde cree que como tiene cuatro años para gobernar la ciudad de Chiclayo, tiene tiempo suficiente para hacer las cosas, pero lo que no sabe es que cada cosa que tiene que hacer, tiene un trámite y un plazo de gestión”, sentenció la fiscalizadora.

Otra promesa incumplida es el reordenamiento urbano, así como los planes de desarrollo urbano y el plan regulador de rutas.

“No hay documentos de gestión. El señor Cornejo Chinguel habló de una articulación y convocatoria de profesionales que lo iba a realizar a través de los colegios profesionales para que ellos propongan a los mejores y éstos puedan ocupar los cargos en la municipalidad, pero lo único que ha hecho es pelearse con los decanos de las ordenes profesionales como es el caso de los ingenieros y los arquitectos, así como con el Gobernador de la Región Lambayeque, Humberto Acuña Peralta. De esa manera no se puede avanzar en el desarrollo de una ciudad”, recalcó Liliana Barrantes.

Otra promesa incumplida y que es preocupante por la facilidad con que miente y con la frescura que camina y responde cuando alguien le pregunta por las obras ofrecidas y que hasta ahora no desarrolla, es la de los más de veinte polideportivos o centros deportivos recreativos que ofreció construir en cada uno de los pueblos jóvenes y urbanizaciones de Chiclayo.

“Lo que el señor alcalde está haciendo es mejorar algunas plataformas deportivas que fueron construidas por la gestión municipal de Roberto Torres Gonzales”, afirma. 

Destaca que la autoridad edil también ofreció el Parque de las Fuentes, la cual si lo ha hecho pero no de fuentes sino de una sola fuente.

“Ese parque no está culminado. Si bien es cierto tiene bancas, una fuente y área verde, el alrededor no tiene ninguna mejora. El lugar está plagado de ambulantes y las pistas ni que hablar, no hay veredas y existe una total inseguridad”, explica Liliana Barrantes.

LOS BY PASS

Barrantes Piscoya también nos hace recordar que en el portal del INFOgob del Jurado Nacional de Elecciones  -JNE-, y con el nombre de “Chiclayo Diferente”, el alcalde David Cornejo Chinguel presentó entre los tantos puntos a su plan de trabajo de los “nuevos tiempos para Chiclayo”, la construcción de cuatro pasos a desnivel aéreos y dos by pass.

Indica que Cornejo sostuvo que los pasos a desnivel y los by pass que ofrecía construir la autoridad municipal ni bien se sentaba en la silla edil, eran para mejorar las condiciones del tránsito vehicular el cual es un grave problema y un caos en las horas punta.

“En este ofrecimiento, hasta la fecha no sabemos si existe algún proyecto o gestión, pero mientras tanto el caos vehicular nos afecta a todos. No hay vías de acceso  rápida y todo es un problema, y esto se agrava aún más con los presuntos actos de corrupción que habrían en la gerencia de Transportes de la Municipalidad de Chiclayo, lo que no es más que una secuela que se vivió en la gestión edil anterior”, sostuvo.

DEL HOY CGT  

También recuerda que otra de las alegres frases de Cornejo Chinguel durante la campaña electoral, era que el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT, era el represor del contribuyente.

“En su discurso hablaba que cerraría el SATCH, pero ya estamos en el 2017 y no ha pasado nada, y más bien le ha cambiado el nombre de Servicio de Administración Tributaria a Centro de Gestión Tributaria, lo cual lleva a una reorganización, pero tampoco nada de eso ha pasado”, resaltó. 

Añade que Cornejo Chinguel, con la verborrea que lo caracteriza, nombró como jefe del ex SATCH a Avelino Ponce de León, y a los pocos días tuvo que salir a escondidas porque la prensa lo puso al descubierto que no contaba con título profesional, sino que utilizaba uno falso.

“En el lugar de Avelino Ponce de León designo a la señora María Julca Encomendero, a quien a los pocos días sacó del cargo porque ésta pidió autonomía para poder trabajar y cumplir con las metas que el seno municipal había trazado para el año 2015”, detalló.

Finalmente, en el CGT terminó colocando a Nilton Monje Sampén, quien durante los años 2015 y 2016 no ha alcanzado las metas de recaudación que se impuso”, sostuvo.

Destaca que en la actualidad el CGT sigue teniendo atribuciones que no le competen, pese a que fue creado solo para recaudar impuestos. Esto –señala- demuestra que los indicadores, metas y modernidad están muy lejos de la gestión de David Cornejo Chinguel. En la actualidad, en el CGT existe una cultura de la maldición como decía en campaña el alcalde David Cornejo.

DENUNCIAS

Barrantes Piscoya añade que David Cornejo terminó el año 2016 con siete demandas constitucionales de hábeas data que interpusieron regidores de oposición en el Juzgado Civil de Chiclayo, por no entregar documentos relacionados a la gestión.

“Las demandas las formulamos porque hemos hecho más de 50 petitorios y a pesar de haber transcurrido los plazos reiterativos, estas no han tenido respuesta, como por ejemplo los ingresos y gastos que tiene la comuna; así como los gastos de la Subgerencia de Coordinación de Alcaldía e Imagen Institucional”, detalló.

LA CORRUPCIÓN

En estos dos años de gestión – detalla- los chiclayanos van teniendo claro que poco o casi nada es lo que se viene cumpliendo, pero lo que también más preocupa en la ciudadanía es la  lucha contra la corrupción que se dijo se iba a desterrar en toda la institución municipal.