¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!
Las polémicas declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, respecto a que su sector asumiría la administración del Proyecto Olmos, causaron sorpresa y malestar en predios regionales, sobre todo porque con dicha afirmación el titular del Midagri dejaba sin piso al convenio tripartido firmado hace semanas en Palacio de Gobierno, con el cual se estableció un cronograma de trabajo para evaluar y resolver cuál era la mejor alternativa legal, económica y técnica para resolver la controversia generada en torno a la concesión del componente de trasvase de la megaobra.
El 25 de septiembre próximo se vence el contrato de concesión del trasvase, cuya operación y mantenimiento se encuentra en manos de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO. De acuerdo a lo declarado por el ministro, no habría posibilidad de prolongar la concesión con la empresa, por lo que el Midagri asumiría la administración del Proyecto Olmos (no especificó si era solo el trasvase o todo el proyecto), y en ocho meses (mayo del 2026), tendría listo qué operador asumiría la conducción de las obras de trasvase.
"Sobre Olmos queremos decir transparentemente que finalmente no hemos llegado a un acuerdo con el gobierno regional respecto de iniciar un proceso inmediato para la contratación de un operador temporal. En ese sentido, ya se ha coordinado con el Ministerio de Economía. Hemos tenido una reunión con las empresas usuarias del proyecto y hemos acordado que el Ministerio de Agricultura va a asumir la operación temporal del proyecto u operación transitoria mientras Proinversión se encarga de seleccionar un operador", declaró el titular del sector el jueves pasado.
“Lo afirmado por el ministro no tiene sustento técnico ni legal, y va más bien por no respetar un convenio firmado. Habló de que no se ha llegado a ningún acuerdo y no sabemos a qué se refiere. El acuerdo que tenemos es el convenio firmado entre el Midagri, Proinversión y Gobierno Regional de Lambayeque, donde bien claro dice que la titularidad del proyecto es del gobierno regional representado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT. No nos explicamos el mensaje del ministro, esperamos el informe en el que se respalda y el sustento legal”, manifiesta Luis Piedra Núñez, gerente general del PEOT.
Seguir los procesos
El funcionario señala que, en representación del gobierno regional, el PEOT, como ente técnico, continuará con el cumplimiento de los términos del convenio tripartito, que cuenta con un cronograma y se encuentra en fase de evaluación de la situación actual del trasvase.
“Las declaraciones del ministro han sido desacertadas, la titularidad del proyecto la sigue teniendo el Gobierno Regional de Lambayeque, pues así se reconoce en el convenio que él mismo firmó delante de la presidenta de la República. Pareciera que hay un doble lenguaje, porque el convenio habla que las tres entidades firmantes se abstendrán de realizar acciones que contravengan dicho acuerdo, porque de lo contrario se atentaría contra su legitimidad”, señala.
Piedra Núñez cuestiona que el ministro Manero haya indicado que su sector asumirá la titularidad del Proyecto Olmos pese a haber reconocido que el Midagri no cuenta con presupuesto para ejecutar las obras de infraestructura menor de riego para las 5500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos, compromiso que el Estado tiene pendiente de ejecución desde hace más de una década.
“Justamente, porque nos ha indicado que su sector no tiene presupuesto es que le hemos pedido que elaboren el expediente técnico, pues el gobierno regional puede ejecutar ese proyecto a través del Ciprel. En virtud de ello, tenido como marco el convenio suscrito, el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, es el responsable de elaborar el perfil y el expediente”, indica.
El gerente del PEOT anota que también se han establecido coordinaciones con el Midagri para la realización del inventario de bienes del trasvase Olmos a septiembre del 2025, indistintamente de si la actual concesionaria continúa o no en las operaciones.
“Como equipo técnico estamos proponiendo una operación optimizada, sea quien sea el que lo vaya a hacer. En estos momentos estamos en una evaluación conjunta, de la cual aún no tenemos resultado final, por lo que sería ilegítimo cortarla sin fundamento legal. Estamos amparados en un contrato ley y más haríamos si damos mensajes apresurados ante cualquier inversionista, nacional o extranjero, demostrando que se rompen los convenios con solo declaraciones”, precisa.
Cumplimiento del cronograma
Piedra Núñez explica que el convenio tripartido dispone la implementación de una evaluación conjunta, en la que participan el PEOT, en representación del gobierno regional, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Proinversión, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y la Contraloría General de la República. Dicha evaluación es el primer paso y analiza los aspectos técnicos, legales y económicos del trasvase Olmos.
“Cada entidad tendrá que emitir su opinión, pero las más relevantes son las del MEF y la Contraloría. Lastimosamente, debo decir que en las últimas dos sesiones el MEF no ha participado, por eso nos sorprende que el ministro Manero haya dicho que se ha reunido con el titular del MEF e incluso con las empresas del Valle Nuevo, que son usuarias del trasvase”, asevera.
De acuerdo al cronograma, la evaluación debe estar concluida en agosto próximo. Con ello se determinarán varios aspectos. Por ejemplo, si el operador actual puede continuar o no con la concesión. Si es así, en qué plazo, bajo qué condiciones y a qué costo.
“Por eso participa el MEF, para ver el tema financiero, y Contraloría porque es necesario asegurar la transparencia. Si el Midagri quisiera asumir la titularidad del proyecto, hasta el momento no ha presentado ningún plan o esquema de cómo hacerlo. Anteriormente, presentó un documento simple, con fechas erradas, y esa intención fue rechazada por el Consejo Regional de Lambayeque”, expone Piedra Núñez.
No hay capacidad
El gerente del PEOT enfatiza en que si la intención del poder Ejecutivo es asumir la conducción del Proyecto Olmos debería iniciar la adecuación de una serie de normas que facilite dichas operaciones, pues en el escenario actual es imposible.
Ello porque de pasar la administración del proyecto a manos estatales, cualquier entidad encargada como el PSI, la ANA o el Midagri, directamente (ninguna con experiencia en el manejo de obras como el trasvase Olmos), no podrían disponer de recursos públicos para la atención de contingencias, como eventos naturales, pues tendrían que someterse a los procedimientos y plazos que tiene la administración pública para ejecutar presupuesto. Contrario es lo que sucede cuando se tiene un operador privado, que ante situaciones de emergencia invierte directamente.
“No hay ninguna entidad en el Estado que se haga cargo de la operación y mantenimiento de este tipo de infraestructura. ¿Si el PSI se hará cargo? Primero que definan si va a desaparecer o no, porque se sabe que pasará a la ANIN. ¿Cuáles son las funciones de la ANIN? Formular y ejecutar obras, no operarlas. Ninguna institución del Estado está en capacidad para operar el Proyecto Olmos, porque no existen las condiciones y no están liberadas de los procedimientos de contrataciones del Estado. Los riesgos deben ser asumidos de inmediato, por eso es que se hacen contratos tipo APP, porque no se puede esperar a que ante una contingencia se pida dinero al MEF para después intervenir. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Quieren parar Olmos?”, cuestiona el funcionario.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Evaluación conjunta continúa
El proceso de evaluación conjunta de la solicitud de modificación contractual para la concesión de trasvase Olmos, derivado de la cláusula 3 del contrato de concesión, continúa desarrollándose con normalidad, y avanza conforme a un cronograma técnico definido y cuenta con el acompañamiento de consultores especializados y equipos técnico legales del Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT y de diversas entidades del Estado como Proinversión, Autoridad Nacional del Agua - ANA, Contraloría General de la República – CGR, y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
Desde la firma del convenio tripartito entre el GORE Lambayeque, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Proinversión, el pasado 30 de abril, se ha reimpulsado esta etapa clave para garantizar la continuidad del servicio de trasvase y dar sostenibilidad a las áreas de cultivo de Tierras Nuevas y Valle Viejo de Olmos. Las reuniones más recientes se llevaron a cabo el 13 de junio en Chiclayo, y luego el 18, 19, 23 y 24 de junio en Lima, con la participación activa del MEF, Proinversión, CGR y los equipos técnicos, legales y económicos del PEOT; y si bien el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri no ha estado presente en las últimas sesiones, la ANA ha participado como su brazo técnico en todas las sesiones.
En dichas reuniones se revisó en detalle la propuesta actualizada del concesionario, con énfasis en los aspectos técnicos del plan de dragado, la Operación y Mantenimiento - O&M del periodo ampliado y los presupuestos comparativos, y se analizarán a profundidad los costos proyectados para la remoción y eliminación de sedimentos, así como otros componentes operativos, económicos y financieros, parte de los cuales han sido observados o se ha requerido mayor sustento por parte del GORE Lambayeque.
Además, se han contratado consultorías especializadas en los ámbitos legal, económico y técnico, para fortalecer los fundamentos del análisis estatal. Las observaciones preliminares recogidas por las entidades serán ahora sistematizadas para el pronunciamiento formal del Gobierno Regional de Lambayeque, que servirá como base para una nueva reunión con el concesionario, en la cual se le trasladarán los comentarios oficiales que deberá incorporar a su propuesta.
Las próximas actividades incluyen nuevas sesiones en Chiclayo, así como una reunión de coordinación interinstitucional en Lima con presencia de las entidades estatales precitadas. Posteriormente, se prevé una cita final con el concesionario en la que se consolidarán los ajustes requeridos.
Se espera que la evaluación conjunta concluya en las próximas semanas, permitiendo recoger en julio las opiniones previas de las entidades participantes, que permitan facilitar la toma de decisiones para la probable extensión de la vigencia del contrato de concesión o su terminación contractual, asegurando una transición ordenada y la no interrupción del servicio de trasvase.
Con una inversión de S/ 7.2 millones, recientemente adquirió un moderno y eficiente turbo generador, con una potencia nominal de 13.7 megawatios, el cual permitirá mejorar los niveles de nuestra producción, tanto en Fábrica como en Campo.
Todo el equipamiento llegó el pasado fin de semana desde Brasil hasta las instalaciones del complejo azucarero en Pomalca, para su posterior instalación. La puesta en marcha del nuevo turbo generar y todo el sistema eléctrico que se va instalar, permitirá generar energía eléctrica no solamente para mejorar los rendimientos de la producción en Fábrica, sino también para su uso en el campo, abasteciendo de energía propia para el funcionamiento de los pozos tubulares, a lo largo de toda la red interconectada hasta Pampa Grande.
El Gerente de Fábrica, Ing. Willy Rodríguez manifestó que “actualmente tenemos un turbo que tiene más de 50 años de uso y la tecnología que se ha traído de Brasil es tecnología de punta, viene con un sistema de control y seguimiento que garantizará la producción de energía de hasta 9 megawatts, en una primera etapa”.
Agregó que en “esta primera etapa se trabajará con un vapor de 30 kg/cm2 de presión y 320ºC de temperatura, mientras que en la segunda etapa se trabajará con 42 kg/cm2 de presión y más de 450ºC de temperatura”.
Se estima que en mayo del próximo año, para el reinicio de la molienda luego de la parada anual programada para el mes de abril, el tubo generador ya esté completamente operativo, según manifestó Willy Rodríguez: “tenemos un cronograma establecido, ya llegaron todas las partes y se vienen realizando las bases y las cimentaciones, estos trabajos se esperan concluir la segunda semana de noviembre, fechas en que iniciaremos la instalación hasta el mes enero. Luego de ello, se realizará el acondicionamiento de todo el sistema eléctrico, el sistema de instrumentación, el sistema de vapor, para llegar al arranque de inicio de molienda en mayo del 2026, fecha en que ya debemos tener el equipo totalmente operativo”.
El gerente de fábrica remarcó que la puesta en funcionamiento de todo el sistema completo bordea los 13 millones de soles, y su puesta en marcha le dará una nueva vida al ingenio azucarero, significando un paso muy importante que impactará positivamente en la productividad y competitividad la azucarera.
Estas inversiones van sentando las bases para lograr una molienda diaria de 4 mil toneladas de caña en el corto plazo y una molienda proyectada de 6 mil toneladas diarias en un futuro próximo.
El próximo mes, Rosa Jacinto deberá llevar a su madre, una señora de casi 90 años, a su consulta de geriatría, cita por la cual estuvo esperando por varios meses. Sin embargo, hasta ahora no sabe cómo hará para sacar a su madre de casa, pues desde que rompieron su vereda ha quedado prácticamente encerrada. Y hacer que una nonagenaria baje por la pendiente que ha quedado de su casa a la pista, también rota, se vuelve una tarea casi imposible.
La situación de Rosa Jacinto la viven todos los vecinos de las calles José Olaya, San Martín, La Libertad y Diego Ferré, en Puerto Eten, quienes desde finales de abril vieron cómo rompieron sus pistas y veredas, sopretexto de una obra de mejoramiento de la transitabilidad, que a los días de iniciarse quedó paralizada.
“La obra nos generó ilusión. ¿Quién no va a querer tener su calle bonita, arreglada? Pero como dicen, fue carrera de caballo y parada de burro. Me siento demasiada defraudada por el alcalde. Yo no voté por él, pero me dio gusto ver que empiece esta obra, pero vean lo que está haciendo ahora”, señala con tristeza Yolanda Quesada, otra vecina del sector.
Parafernalia
La obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en José Olaya cdra. 3 y 4, Av. San Martín cdra. 5, 6 y 7, y calle Diego Ferré cdra. 2, 3 y 4” tiene un monto contractual de 5 millones 318 mil 761.16 soles y se encuentra a cargo del Consorcio Adonai, cuyo plazo de ejecución es de 150 días calendario. La obra fue financiada con recursos del Fondo de Compensación Regional.
Rosse Esparza Huamanchumo, hija de la propietaria de uno de los restaurantes ubicados en la calle Diego Ferré, recuerda que el 24 de noviembre del año pasado se puso entre bombos y platillos la primera piedra de esta obra. Incluso, a los emprendedores de los restaurantes de la zona comercial se les pidió que colaboraran con la preparación de platos típicos para recibir a la comitiva encabezada por el gobernador regional Jorge Pérez Flores y el alcalde de Puerto Eten, Enrique Baca Castañeda.
Tras esto, un grupo de 99 vecinos envió una carta a la autoridad edil para pedir que la ejecución de la obra se realice por tramos, empezando por aquellas calles de menor actividad comercial y dejando para marzo de este año a las de mayor dinámica como Diego Ferré y José Olaya, a fin de que no se perjudique a los emprendedores porteños, quienes aprovechan los meses de veranos para capitalizar y resistir el resto del año, donde la afluencia de visitantes es mucho menor.
“No recibimos respuesta del alcalde, por el contrario, se tejió el discurso de que la obra no iniciaba porque los restaurantes nos oponíamos y eso era totalmente falso, porque la autoridad edil nunca se acercó a conversar con nosotros. Pero bueno, finalmente la obra empezó a finales de abril, algo que nosotros saludamos porque quién no quiere vivir en un distrito con sus pistas y veredas renovadas, nos ayuda a embellecer nuestros negocios, pero a los quince días la obra se paralizó y desde entonces no hemos tenido novedades del alcalde, que ni nos ha visitado ni convocado para siquiera explicarnos por qué se paralizó la obra y cuándo se reanudará”, señala.
Son alrededor de 35 los negocios que se han visto perjudicados entre restaurantes, hoteles, boticas, bodegas, panaderías, tiendas y cocheras las que se han visto afectadas.
Por su parte, Pablo Lamas, otro morador porteño, cuestiona que estando Puerto Eten en la Ruta del Papa se encuentre en esta situación. Él teme que esta obra corra la misma suerte que la de la calle Simón Bolívar, que también quedó paralizada y tardó cerca de un año en reanudarse.
“Queremos la presencia del alcalde con sus regidores, lo mismo del gobernador regional, que vengan. Ellos le echaron la culpa a los restaurantes de que la obra no empezaba, ahora ya empezó y está paralizada. La obra de saneamiento se hizo hace dos años, el alcalde recibió esta obra, y ahora dice que porque los desagües han colapsado no se puede avanzar. Aquí hubo otra obra igual, la de Simón Bolívar, donde ya hasta plantas habían crecido. El pueblo se tuvo que levantar para que la reinicien y se pueda culminar. Temo que lo mismo será acá”, indica.
Negocios a la baja
Los empresarios como Virginia Huamanchumo también están preocupados al ver que sus negocios se descapitalizan ante el desinterés de los visitantes por llegar a Puerto Eten.
“En esta época del año, los únicos días que tenemos afluencia de gente son los sábados y domingos, pero ahora ni siquiera esos días llega gente por el estado de las calles. Tenemos pérdidas económicas, además de préstamos en los bancos. Y los intereses no esperan. Yo le pediría al alcalde que por favor reinicie la obra que comenzó entre bombos y platillos, que se ponga la mano al pecho”, señala la empresaria.
Aún más crítica es la situación de un hotel ubicado en la calle Diego Ferré, que ha tenido que cerrar totalmente sus actividades, desde que un huésped iba a alojarse y se cayó en una zanja de desagüe.
“A este hotel sí llegaban personas, pero desde que rompieron las pistas y veredas los dueños decidieron cerrarlo. Cómo es posible que los turistas vengan y se caigan en los desagües abiertos. No hay condiciones de acceso para ellos. Yo conozco al dueño. Para qué va a pagar personal si ya no llega nadie y cuando alguien llega corre el riesgo de contagiarse de enfermedades por los malos olores o incluso de caerse. El alcalde como autoridad debería pasar por aquí para que al menos tape estos desagües, pero nada”, sostiene Luz Ucañay.
Ni las misas
La afectación de esta obra es tal que hasta la parroquia ‘Nuestra Señora del Perpetuo Socorro’ dejó de celebrar misas en su templo y ahora el párroco se ha visto obligado a oficiar misas en los salones parroquiales, pues los adultos mayores no podían acceder a las gradas por la falta de vereda.
“Una vez que empezaron a ejecutar la obra la iglesia tuvo que cerrar. Ya la gente no podía venir los sábados por la noche y escuchar su misa. Ahora todo se hace en la casa parroquia. El padre debe trasladar todos sus ornamentos para hacer la celebración al frente, donde no hay tampoco señalética ni seguridad”, cuenta el vecino Aldo Casas, quien refiere que en toda la calle La Libertad, colindante a la parroquia, los vecinos son en su mayoría adultos mayores.
Desagües
Por si fuera poco, a lo difícil que se ha vuelto la transitablidad, se suma el colapso de los desagües, que ha traído visitantes poco agradables al puerto como roedores y cucarachas.
“Tengo una vecina que tiene a su mamá, la señora Chicoma, en silla de ruedas y ya no la puede sacar. Las ventanas de mi casa permanecen cerradas porque tengo agua estancada al frente, donde ya está creciendo hasta vegetación. Mi niña tiene nueve años y no puede salir por los olores nauseabundos, los roedores y los insectos. Si viera usted en las noches cómo salen las ratas, todo apesta”, lamenta Aldo Casas.
Al respecto, el vecino cuenta que la semana pasada salió con un pico y una palana para hacer un cauce artesanal y evitar que el agua putrefacta del desagüe circule hacia la puerta de su vivienda. También han improvisado unas gradas para que la gente pueda subir de la pista a la vereda, que ha quedado con una pendiente de casi 50 centímetros.
“Hace unos días se cayó una señora en un hueco. Fuimos alertados por sus gritos y tuvimos que auxiliarla, porque ni un agente de serenazgo había. No tenemos ni un punto de señalización para que estas personas mayores puedan transitar. Por aquí no pueden pasar carros, mucho menos una ambulancia, tenemos que sacar cargada a la gente. Estamos encerrados como en la pandemia. Necesitamos que el alcalde venga y nos apoye, si no puede reanudar la obra, que por lo menos venga y solucione el problema de los desagües”, pide el vecino.
Y es que por estos lares de Puerto Eten no hay vecino que no conozca de alguna mala experiencia producto de esta obra paralizada. “La señora Tina se cayó hace unos días, se abrió el brazo, tuvieron que ponerle platino, más de mil soles le costó. Yo tengo que apoyarme para subir a mi casa y no resbalarme. A esta edad ya tenemos los huesos porosos”, cuenta Víctor Medina, adulto mayor de la zona.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCh, elaboró el Informe de Control Específico n.° 028-2025-2-0425-SCE, relacionado al otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato para la ejecución de la obra de mejoramiento con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio, proceso en el cual se han detectado irregularidades en la evaluación y calificación de postores.
OCI señala que en el proceso, que tuvo un valor referencial de ocho millones 914 mil 128 soles, se observó que seis participantes presentaron sus ofertas. Sin embargo, en la etapa de admisibilidad, el comité de selección no admitió las propuestas de los postores Consorcio Ejecutor Cima y Consorcio Cayar, a pesar que cumplieron con los requisitos establecidos en las bases integradas.
El comité no admitió ambas ofertas por haber presentado certificados de vigencia de poder cuya fecha de emisión trascurrido más de 30 días calendario al momento de ser adjuntadas en sus propuestas. El comité adujo que ello trasgredía la normativa legal. Sin embargo, ni en las bases integradas ni en las bases estándar se estableció un plazo de caducidad, aspecto que tampoco contempla la normativa registral, por lo que el argumento de no admisión carecía de legalidad.
A ello se suma que el comité descalificó al postor Consorcio Ejecutor Norte, incumpliendo – dice el informe – lo regulado por la norma de contrataciones, a pesar que su propuesta cumplía con los requisitos de calificación, “permitiendo que en el proceso de selección no continúen postores con ofertas económicas ventajosas para la entidad”.
La descalificación se dio porque según el comité, el Consorcio Ejecutor Norte presentó un certificado para acreditar la experiencia del gerente de obra, al que se consideró como un certificado de obra de saneamiento rural, por lo que lo excluyó de la contabilización de experiencia y concluyó que no se alcanza el tiempo mínimo requerido de 30 meses. Tal decisión contravenía las normas vigentes.
El contrato
Tras las descalificaciones, el comité de selección otorgó la buena pro al Consorcio San Antonio II, al ser el postor que presentó la oferta económica más baja.
De este modo se suscribió el Contrato n.° 001-2024-MPCH/GAF, del 8 de enero del 2024, en el cual se estableció como garantía la retención del 10 % del monto contractual (poco más de 800 mil soles). Sin embargo, las bases integradas del proceso señalan expresamente que para el perfeccionamiento del contrato el adjudicatario debía presentar la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza). Peor aún, en la etapa de absolución de consultas y observaciones, el comité determinó que no se iba a proceder a realizar la retención en virtud del Decreto Ley n.° 1553.
Más grave aún es que el postor ganador no cumplió con sustentar en su oferta el equipamiento estratégico referido a la potencia y peso de dos equipos, por lo que tampoco cumplió con acreditar los requisitos mínimos, aspecto que al no ser subsanable le impedía el perfeccionamiento del contrato.
Responsabilidades
“La situación nantes descrita se originó por el accional funcional al margen de la normativa del comité, quien no admitió las propuestas del Consorcio Ejecutor Cima y el Consorcio Cayar, y descalificó la propuesta del Consorcio Ejecutor Norte. Asimismo, por el accionar de Juan Carlos Cabrera Merino, subgerente de Logística y Control Patrimonial, y de Marcos Antonio Nanfuñay Minguillo, gerenmte de Administración y Finanzas, quienes tramitaron y firmaron el contrato n.° 001-2024-MPCH/GAF, del 8 de enero del 2024, funcionarios que permitieron la conducción del procedimiento de selección y suscripción del contrato al margen de la normativa”, señala el informe del OCI.
El comité de selección estuvo integrado por Saúl Seminario Cabrejos, como presidente, y por Junio Enríquez Porras y Dante Panta Flores, como primer y segundo miembro.
Para la Contraloría, sobre los cinco funcionarios involucrados existiría responsabilidad penal y administrativa.
