El termómetro electoral empieza a calentarse y Fuerza Popular, el partido fujimorista, ya tiene sus cartas definidas para el departamento. Al gobierno regional postulará el excongresista Marvin Palma Mendoza; a la alcaldía de Chiclayo Rafael Aita Campodónico; Eduardo Jacinto Teque a la de Lambayeque y SisI Silva Granados al municipio de Ferreñafe.
MARVIN PALMA: “Estoy comprometido a recoger toda la problemática regional”
“Como congresista he visitado todo el departamento y ahora, como pre candidato al gobierno regional, también estoy recorriendo los distritos más alejados, conversando con la población y recogiendo sus inquietudes. En la provincia de Ferreñafe, junto a Sisi Silva, hemos ido a los distritos altoandinos. Eso me compromete a recoger toda la problemática y plasmarla en el plan de gobierno”, asevera Marvin Palma Mendoza.
El exparlamentario refiere que su aspiración es dotar a Lambayeque de infraestructura productiva, que permita la generación de empleos, desarrollo económico y bienestar para las familias, principalmente de la zona rural.
Afirma, que por sus vínculos con el sector pesquero, entiende complemente las necesidades de las familias que sobreviven con ingresos mínimos, por lo que su objetivo es propiciar escenarios favorables a la inversión privada.
Marvin Palma recibió la invitación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, para liderar a la agrupación política en las justas regionales de octubre próximo, ello tras superar las diferencias y cuestionamientos que hizo cuando representó a Lambayeque en el Congreso, y decidió alejarse de la bancada naranja.
Palma Mendoza comenta también que no tiene cuentas pendientes con la justicia, pues la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivó la denuncia presentada en su contra por presunto tráfico de influencias a favor del sentenciado exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.
“Soy un político joven y tengo todo el deseo de trabajar por Lambayeque. Cuento con experiencia política y creo que la población reconoce en mí a una persona comprometida con la realidad regional. Aún somos pre candidatos, por lo que en los próximos meses trabajaremos fuertemente para lograr el apoyo de los militantes y simpatizantes, y consolidar la representación de Fuerza Popular en las próximas elecciones”, indica.
RAFAEL AITA: “Tenemos capacidad para convertir en realidad todas las aspiraciones que Chiclayo”
Rafael Aita, aspirante al sillón de la capital departamental, sostiene que los problemas que esta presenta tienen más de 30 años y no han sido abordados de manera responsable por parte de las autoridades, lo que ha impedido mejorar la calidad de vida de la población de la provincia.
“Robos, asaltos, cartas fianza falsas, hemos gastado mil 200 millones de soles y hay 800 millones en cartas falsas y no hay un solo acusado. Hay problemas en el recojo de la basura y ello afecta la vida y la salud de las personas; no tenemos organización en el mercado ni el comercio. Los ambulantes están en un desorden tremendo, el tránsito ni hablar, y son esos cuatro o cinco parámetros por los que la gente exige que haya una persona capaz de darle solución”, menciona.
Refiere que este año el gobierno municipal por lo menos debería sentar las bases para encaminar a la atención de las principales necesidades de la localidad.
“Hay 14 parámetros provinciales sobre los cuales el alcalde ni sus regidores se han pronunciado en ningún momento. Mientras no sepamos la situación económica, social, cuántos trabajadores hay o cuál es la deuda de la municipalidad, no será posible cumplir con las obligaciones y competencias que la ley da, por eso es necesario conocer la realidad de Chiclayo y creo que sí estoy preparado para asumir ese reto”, manifiesta.
El también excongresista refiere que en su postulación anterior a la alcaldía de Chiclayo (2018), presentó un plan de gobierno viable, formulado por profesionales que tienen experiencia y conocen la cosa pública. Esta vez – señala – se recogerá y mejorará este trabajo técnico y se presentará a la ciudadanía un trabajo serio, responsable y transparente.
Aita Campodónico anunció que está evaluando al equipo que lo acompañaría en la lista de regidores, aunque adelanto que uno de ellos sería el educador e historiador Martín Cabrejos Fernández.
“Tenemos capacidad para convertir en realidad todas las aspiraciones que Chiclayo. Como políticos no solo debemos cuestionar, sino aportar para que Chiclayo pase a la vanguardia de lo que significa el norte”. Manifiesta.
EDUARDO JACINTO: “En Lambayeque hay zonas sin servicios básicos”
Eduardo Jacinto sostiene que su afán de llegar a la alcaldía provincial de Lambayeque se sustenta en las necesidades que tienen los pueblos jóvenes y asentamientos humanos de la ‘Ciudad Evocadora’.
Comenta que existen familias que aún carecen de servicios elementales como agua y desagüe.
“Para que Lambayeque tenga verdaderamente el estatus de una provincia, debe contar con las mejores obras, con los mejores proyectos. Queremos llegar a la municipalidad provincial para gestionar, porque no se ha hecho nunca una gestión de proyectos como se necesita. Actualmente tenemos dos pueblos jóvenes totalmente abandonados, como son San Martín y Santa Rosa. Hay zonas que no tienen agua ni desagüe, asentamientos humanos sin servicios básicos y eso es calamitoso”, manifiesta.
Sostiene que en los últimos años no se ha trabajado por resolver esas brechas de infraestructura que postergan el desarrollo de Lambayeque como provincia.
“En Lambayeque hay dos realidades: la zona urbana y los alrededores. Los alrededores están totalmente abandonados. En el pueblo joven Santa Rosa no hay agua ni desagüe, los proyectos integrales han quedado abandonados y muchas familias aún no tienen los servicios. Siempre se han hecho promesas, pero no se han cumplido”, indica.
Refiere que tiene experiencia en la gestión de proyectos y por ello está convencido que logrará concretar la implementación de mejoras para la población de Lambayeque.
“El 60 % de la población de Lambayeque se dedica a la agricultura y eso hay que tomarlo en cuenta. Nosotros sí lo estamos considerando en nuestro plan de trabajo, por lo que en su momento presentaremos las propuestas orientadas para cada sector. Los lambayecanos tienen un sentimiento muy grande hacia el fujimorismo, y por eso queremos trabajar de la mano con toda la población. Estoy seguro que sí podemos hacerlo, fui alcalde a los 25 años y ahora, con mayor experiencia y madurez, puedo hacer un gran trabajo por la provincia”, asegura Eduardo Jacinto.
El pre candidato, quien fue gerente de Desarrollo Productivo de la gestión regional de Anselmo Lozano Centurión y estuvo involucrado en un presunto acto de corrupción, señala que las investigaciones fueron archivadas por el Ministerio Público, al no probarse ninguna irregularidad en su desempeño como funcionario.
“Los lambayecanos me conocen a mí, he destinado mi propio peculio para ayudar a los pobladores que tienen necesidades. Entonces, no voy a cometer un acto ilícito, dentro de mi oficina, para manchar mi nombre. Lo que hicieron fue una patraña”, refiere.
El arquitecto Gustavo Díaz Paz, quien forma parte del nuevo equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, encargado de retomar el estudio del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo y Lambayeque, sostuvo que dicho instrumento de gestión debe concluir con una cartera de proyectos bien sustentados para lograr su financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, u organismos internacionales.
Díaz Paz participó del panel fórum ‘Chiclayo, acuerdos para su desarrollo Metropolitano’, organizado por el Colegio de Arquitectos de Lambayeque en el marco de su 38 aniversario.
El experto narró que la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo y Lambayeque se inició hace más de un año por una empresa privada, habiendo llegado hasta el último entregable y la consulta pública.
“Sin embargo, no han cumplido con alcanzar los resultados para el expediente final, es decir, el sexto entregable, que incluía la absolución de todas las observaciones hechas en la consulta pública”, anotó.
Agregó que -al no lograrse las respuestas técnicas- el Ministerio de Vivienda, decidió terminar el contrato, encontrándose actualmente en un arbitraje para solucionar este percance.
Nuevo equipo
En ese contexto, explicó que se ha conformado un nuevo equipo que iniciará el análisis preliminar y la absolución de las consultas. “La próxima semana vamos a empezar a tocar puertas con los principales aliados técnicos como el Colegio de Arquitectos”, indicó.
Precisó que el equipo tiene gran disposición para trabajar con los actores y gente especializada, razón por la cual vendrá a Chiclayo, a fin de cumplir esta tarea encomendada por el Ministerio de Vivienda.
Explicó que el equipo técnico estará conformado por siete profesionales, entre los que destaca Fernando Echeandía, quien enseña en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT.
“Es normal que en un plan la comunidad señale puntos débiles. Eso ayuda a mejorar, ha ocurrido en muchas de las experiencias pasadas. Es un período tal vez difícil, pero también propicio para enriquecer la propuesta”, remarcó el especialista, quien añadió que las observaciones buscan fortalecer el plan.
Indicó que una de las temáticas más complejas es la estructuración del suelo y la zonificación, pues el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo tiene la excepcionalidad de Piura y Trujillo, ya que se dio en su momento por la reconstrucción y también se le encargó designar la zonificación.
“Recordemos que los planes de desarrollo urbano son los que dictaminan la zonificación. En este caso, a este plan de desarrollo metropolitano se le agregó esa excepcionalidad”, subrayó.
Principales dificultades
Indicó que el mayor problema es la saturación de suelos, por lo que en una de las observaciones se pide que sea más riguroso el traslado de las áreas de saturación de uso urbanizable y no urbanizable o de reserva.
“Siempre la zonificación de saturación de suelos de áreas homogéneas son las más polémicas para todos los actores, incluido propietarios, por ello creemos que tenemos que robustecer esta metodología para poder sustentarla”, recalcó.
Señaló que el objetivo es finalmente tener un área metropolitana sostenible, que aliente el desarrollo económico y mejore la calidad de vida de las personas. “Evidentemente, las reservas para el desarrollo urbano tanto de viviendas como de otros espacios es el primer conglomerado, luego hablamos de temas urbanísticos, de equipamiento o más específicos como el Plan de la Expansión Portuaria”, indicó.
Anotó que han encontrado otros problemas o desafíos particulares en Chiclayo y Lambayeque como el aspecto comercial. “Chiclayo es una de las ciudades donde hay mayor actividad comercial, después de Lima: el mercado Moshoqueque, el mercado Modelo y toda la actividad comercial sustenta también la dinámica y vitalidad de la ciudad”, puntualizó.
Resaltó que Igual tratamiento merece el plan maestro del aeropuerto. “Necesitamos reunirnos con los actores para conocer los futuros cambios que implica todos los efectos urbanos de los lotes adyacentes, incluso los riesgos y el aspecto patrimonial”, añadió.
“Tenemos que hablar de planes específicos que luego puedan dar pie a que las municipalidades desarrollen sus puntos estratégicos, inversión y otros”, agregó.
Indicó que el equipamiento metropolitano es importante, aún más el de riesgos, pues el plan se da justamente después de la reconstrucción por el Fenómeno de El Niño, del 2017. “Muchas de las observaciones hablan sobre eso y los planes específicos podrían ayudar con el manejo de las precipitaciones pluviales que se dieron en Chiclayo”, indicó.
Particularidades
Por otro lado, apuntó que el caso de Lambayeque no es el mismo que Trujillo o Piura, ya que uno de los más grandes impactos es el drenaje pluvial. En su opinión, esto es algo que se puede mejorar, en virtud de lo cual se está analizando con el equipo técnico, pues los riesgos deben individualizarse, ya que es diferente el contexto territorial al que se someten los riesgos de inundaciones.
Señaló que se tiene que determinar el uso de los excesos de agua para ir recargando los acuíferos y usarlos para mejorar la vegetación urbana, pues su uso evita los empozamientos. “Es la infraestructura verde de la que tanto se habla, de los parques esponja”, mencionó.
Transporte
En cuanto a. transporte, indicó que se ha notado una falta de sustento en ciertos puntos, pese a que se hizo la propuesta sobre vías que iban a mejorar la red de Chiclayo.
Señaló que los modelos de demanda de origen son importantes para poder saber cuánto falta para reducir en lapsos de tiempo, así como la saturación de vías. Precisó que mientras más vías alternas se generan, esta red se expande en la redundancia del flujo.
“Debemos ser bien estratégicos, vamos a utilizar unos indicadores de tipo sondeos de personas en ciertos puntos de autos que nos van ayudar en líneas generales a cómo mejorar y por dónde sacar la red”, anotó.
En base a su experiencia en otros planes, señaló que uno de los puntos que no se ha tomado en cuenta por las instituciones y por los ciudadanos es saber en qué acaba finalmente este Plan de Desarrollo Metropolitano y de Zonificación.
Aclaró que todo el esfuerzo confluye en los proyectos de inversión pública, pues los Planes de Desarrollo Urbano tienen que acabar en herramientas para los tomadores de decisiones de los gobiernos locales, regionales, incluso colaboraciones internacionales como el Banco de Desarrollo o ministerios.
“Algo que hemos aprendido en otros planes es que la cartera de inversión tiene que estar bien sustentada y es justamente lo que va ayudar a los futuros gobiernos locales a poder sustentarlos fácilmente ante el MEF, en especial las brechas estructurales exigidas por el sistema de Invierte.pe”, indicó.
Subrayó que este es un valor adicional, aun cuando no se ha señalado en la fase de consulta pública, vemos que hay mucho por mejorar ahí. Por ejemplo -puntualizó- las vías necesitan mejorar, sin embargo, se han incluido pocas en la cartera de priorización de inversiones. “Al final esta cartera de inversión y priorización es lo que va a servir”, recalcó.
Asimismo, precisó que no se han tomado en cuenta proyectos de drenaje pluvial para mejorar las inundaciones. “Entonces creemos que la cartera de inversiones es algo que estamos dando como agregado en la experiencia que tenemos”, finalizó.
(*) Reportaje del Semanario Expresión escrito para la Red de Medios Regionales del Perú.
De acuerdo a los reportes de las entidades del control, Lambayeque es una de las regiones con mayor incidencia de casos de corrupción a nivel nacional, lo que se refleja no solo en los millones de soles que se pierden al año, sino también en la larga y compleja lista de organizaciones que se encuentran bajo investigación que incluye a sus principales autoridades.
Alfonso Quiroz Norris afirma en “Historia de la corrupción en el Perú”, que este fenómeno siempre hubo y habrá en la medida que no se internalice en los ciudadanos la importancia del control y el impacto que tiene en su vida diaria.
El filósofo y docente investigador de la Universidad Señor de Sipán, Francisco Reluz Barturén, señala que “no se puede combatir a la corrupción sin formar al ciudadano, sin empoderarlo en sus funciones”.
“Si en verdad estuviéramos empoderados; es decir, conscientes de nuestros derechos y deberes, podríamos hacerle frente a cualquier autoridad y exigiríamos que cumpla, nos involucraríamos en el desarrollo de la comunidad”, reflexiona.
El octavo lugar
Solo en el 2020, año de inicio de la pandemia por el Covid-19, Lambayeque perdió 677 millones 123 mil 221 soles por la corrupción.
Por los resultados del 2020, la Contraloría General de la República ubicó a Lambayeque como la octava región con mayor incidencia de corrupción en el país. Por encima están, en orden descendente, Huancavelica, Moquegua, Callao, Ucayali, Tacna, Apurímac y Lima Provincias.
El informe “Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional 2020”, elaborado por Contraloría, detalla que el perjuicio extrapolado representa el 16.6 % de los recursos asignados al departamento.
Los millones perdidos
Para tener una idea del impacto que esto representa, con ese dinero se hubieran construido tres nuevos hospitales regionales, porque el existente costó en promedio 200 millones; o se habría ejecutado el Terminal Portuario Regional, obra esperada para fortalecer la producción y el comercio internacional. También se hubiera financiado el proyecto integral de saneamiento básico para Chiclayo conurbado, estimado en 500 millones de soles, según el Colegio de Ingenieros del Perú.
¿Qué más se habría logrado? Solo con lo que se perdió en las unidades ejecutoras del gobierno regional y los gobiernos municipales, se hubieran construido 16 centros de salud (infraestructura y equipamiento) o 133 plantas de oxígeno; 21 kilómetros de vías urbanas o adquirido más de 142 mil tablets para estudiantes. Si se suma lo que correspondiente a dependencia del gobierno nacional, la cuenta es mayor.
Organizaciones criminales
Desde hace más o menos diez años, Lambayeque es centro de la noticia policial y judicial debido a las intervenciones realizadas para la desarticulación y captura de diferentes organizaciones criminales, varias de ellas vinculadas a delitos de función y corrupción de todo calibre.
Uno de los casos de mayor relevancia fue el del “Clan Caycay”, organización dedicada a la micro comercialización de drogas en Chiclayo y que tendió una afiatada red de colaboradores, informantes y protección policial, que le permitió actuar con total impunidad por mucho tiempo.
Como resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial condenó a 19 agentes de la Policía Nacional del Perú, entre oficiales y suboficiales (dos de ellos coroneles), quienes desde el 2011, aproximadamente, había recibido sobornos de la cabecilla de la organización, identificada como Haydee Leyva Caycay, sentenciada a 25 años de cárcel.
En el 2012 cayó la organización denominada ‘La gran familia’, liderada por Ángel León Arévalo, alias ‘Viejo Paco’, responsable de una serie de ilícitos que van desde sicariato y extorsión, hasta usurpación y corrupción de funcionarios. Agentes policiales también estuvieron involucrados.
Al año siguiente, se desarticuló a la ‘El clan del norte’, supuesta organización, también vinculada a delitos de corrupción, donde se involucró al entonces jefe de la II Región Policial Lambayeque, coronel Jorge Linares Ripalda, quien fue recluido y luego declarado absuelto por la justicia.
El alcalde provincial
En septiembre del 2014 se dispuso captura del entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, junto a familiares, regidores, funcionarios y colaboradores. A la organización se le denominó ‘Los limpios de la corrupción’, imputándosele responsabilidad en ilícitos cometidos en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el Servicio de Administración Tributaria – SATCH y la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo.
Torres Gonzales y algunos de los involucrados permanecen en prisión al recibir condenas por delitos menores. Sin embargo, siete años después de iniciado el caso el Ministerio Público no presenta acusación por los delitos por los que se dispuso su captura: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Esta organización involucraba – supuestamente – a jueces, fiscales, integrantes del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones. También a congresistas, pero ninguno fue imputado.
La universidad pública y congresistas
En el 2015 se intervino en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, detectándose las operaciones de una presunta organización dedicada a la tramitación de grados académicos (licenciaturas y maestrías) con tesis falsas. Se identificó, en total, mil 500 de estas. En la misma casa de estudios superiores se dispuso la captura del rector Agustín Ramos García y otras autoridades, contra quienes la fiscalía pide nueve años de cárcel por corrupción.
Ese año también se desarticuló la supuesta organización denominada ‘Los Wachiturros de Tumán’, que involucra al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito. Si bien este caso está relacionado a asesinatos, en un extremo de la investigación se consignó a excongresistas como Héctor Becerril Rodríguez (extrabajador de Oviedo), Javier Velásquez Quesquén y la exvicepresidente de la república Marisol Espinoza Cruz.
Oviedo Picchotito recuperó su libertad a fines del 2021 por cese de prisión preventiva. Hasta el momento no se inicia el juicio oral.
Otros casos relacionados a corrupción en Lambayeque son el de ‘Los reyes de las detracciones’, que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Banco de la Nación en Ferreñafe y ‘Las órdenes de servicio’, con participación de funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
Los temerarios y el gobernador
En noviembre del 2018 fue capturado el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, supuesto cabecilla de la organización ‘Los temerarios del crimen’, también por actos de corrupción en la comuna, el SATCH y la beneficencia. Este caso arrastró al fiscal superior Abel Concha Calla, al excontralor Edgar Alarcón Tejada y a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza, Clemente Flores Vílchez, Héctor Becerril Rodríguez, Mercedes Aráoz Fernández, Carlos Bruce Montes de Oca y César Vásquez Sánchez. A estos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso les archivó las denuncias.
Esta supuesta organización también alcanzó al Consejo Nacional de la Magistratura. David Cornejo salió libre a fines del 2021 por vencimiento de prisión preventiva. Aún no hay acusación en su contra.
En el caso ‘Temerarios’ también se consignó al electo alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien con comparecencia restringida asumió funciones en enero del 2019. Sin embargo, en julio fue vacado por una sentencia por malversación de fondos y en octubre capturado como cabecilla de la presunta organización ‘Los faenones de Olmos’, por ilícitos cometidos entre enero y julio de ese año. Serrato Puse fue enviado a prisión preventiva con arresto domiciliario (por el Covid-19). Empero, volvió a prisión por una sentencia a cárcel efectiva.
En enero del 2021 fue capturado el gobernador regional de Lambayeque Anselmo Lozano Centurión, señalado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción como cabecilla de la presunta organización el “Imperio del mal”, por actos ilícitos cometidos en la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde fue alcalde durante 19 años y en el Gobierno Regional de Lambayeque.
Megaoperativo
“Se vincula mucho a los ministerios de Economía y Vivienda en los casos de corrupción y en Chiclayo lo conocemos de sobra por las recientes gestiones municipales. Siempre se dijo: la corrupción es una cadena que tiene eslabones conectados no solo en los distritos, provincias o gobiernos regionales, sino que llegan hasta las puertas de los ministerios. Las adendas de los contratos, las cartas fianzas y cómo se presentan, los arreglos en reuniones no del todo o nada transparentes, hacen ver este tipo de situaciones”, comenta el politólogo Jorge Luis Vallejos Castello.
Para el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, que la corrupción siga presente en las entidades pública tendría como origen a la propia norma.
“La Ley de Contrataciones del Estado ha sido totalmente distorsionada por la jurisprudencia, opiniones que son de aplicación obligatoria directiva, acuerdos de la sala plena que han cambiado la esencia de la misma ley con todos estos arreglos. Ahora los operadores están ávidos de realizar alguna acción corrupta porque ven que todas las obras que se contratan, sobre todo en Lambayeque, están direccionadas (…) La ley está fuera de contexto, es obsoleta, ha sido manipulada”, indica.
Razones de peso existen para que la Contraloría General de la República haya dispuesto, desde noviembre pasado, el inicio de un megaoperativo para fiscalizar el uso de recursos en 75 entidades y unidades ejecutoras que operan en Lambayeque.
Con el megaoperativo se espera fiscalizar dos mil millones de soles asignados a la región, desplegando para ello 241 auditores, quienes a fines de febrero de este año deberán haber concluido 373 intervenciones, de las cuales 277 corresponden a servicios de control, en las modalidades de control simultáneo (79) y posterior (198).
Si el Congreso de la República fuera cocina para un banquete, los parlamentarios lambayecanos no darían el fuego necesario para preparar alimentos y solo se quedarían, por el momento, en fogata. Desde julio de 2021, durante la primera legislatura, de los 1,094 proyectos presentados hasta el 29 de diciembre, los cinco congresistas por Lambayeque registraron 18 a título personal y ninguno hasta el momento se ha convertido en ley.
De los cinco lambayecanos, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, de Fuerza Popular, repite el plato; pero, como en anteriores oportunidades, tampoco se le observan visos de querer representar a esta región. Los otros son Hilda Marleny Portero López, de Acción Popular; María Grimaneza Acuña Peralta, de Alianza por el Progreso; José María Balcázar Zelada, de Perú Libre y María Jessica Córdova Lobatón, de Renovación Popular.
Se diría que José María Balcázar Zelada, de Perú Libre, se lleva las palmas por el único proyecto de los cinco lambayecanos, publicado en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, eso fue porque Balcázar era presidente de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Este proyecto, presentado el 16 de setiembre de 2021 como propuesta de reglamento para el fin indicado, fue publicado como resolución del Congreso en El Peruano el 5 de octubre. Se aprobó, por mayoría (112 votos a favor y 2 abstenciones), el Reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El congresista Balcázar Zelada expuso detalles del texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso N° 254, en el cual resaltan las modificaciones al artículo 25, que especifican las puntuaciones. Además de Balcázar, el proyecto lleva la firma de Jorge Montoya, de Renovación Popular; Adriana Tudela, de Avanza País; Hernando Guerra, de Fuerza Popular; Enrique Wong, de Podemos Perú; Wilmar Elera, de Somos Perú y Ruth Luque, de Juntos por el Perú.
De todos los parlamentarios lambayecanos, María Grimaneza Acuña tiene la mayor cantidad de proyectos personales: 8; seguida de Hilda Marleny Portero, 5; Alejandro Aguinaga, 3; María Jessica Córdova, 1 y José María Balcázar, 1, que es el proyecto ya mencionado. También los nombres de los lambayecanos figuran en otros 237 proyectos, pero ellos no son los autores. De Acuña 45 veces, de Portero 99, de Aguinaga 33, de Córdoba 44 y de Balcázar 33. Por su vasta experiencia en leyes, como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y de la Corte Suprema de la República y su afiliación al partido de gobierno, se esperaba mucho más del congresista Balcázar.
Lo bueno
Lo rescatable de lo presentado por los lambayecanos son proyectos de la congresista María Grimaneza Acuña: Ley que modifica el artículo 14 de la Ley 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud (Essalud) y la Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, respecto a la opinión del consejo fiscal. Ambos se encuentran en comisión.
Los proyectos de Portero son la Ley que modifica los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 25, 26, 28, 29, 35 y la segunda y cuarta disposición final de la Ley 30947 en relación a la competencia funcional de los psicólogos en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental y psicológica; y la Ley que modifica el artículo 5 numeral 5.3 de la Ley 31125, Ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de salud. El primero está en comisión y el segundo recién en calidad de presentado.
Y los de Aguinaga: Ley que modifica la Ley 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, que otorga carácter vinculante y responsabilidades; y la Ley que inserta la figura del accesitario al cargo de magistrado del tribunal constitucional, modificando los artículos 8, 16, 17 y 18 e incorporando el artículo 8-a en la ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ambos siguen en comisión.
Lo malo
Parece que esto de presentar un proyecto que “declara de necesidad pública e interés nacional…”, ya lo hemos visto en congresistas anteriores y no solo lambayecanos. Pero, en esta oportunidad se repite lo que los estudiosos en política pública, como el Dr. Pedro Barboza Zelada, han llamado “un saludo a la bandera”. Barboza Zelada es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad y catedrático de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, quien afirma que hay términos que en sus proyectos manejan los congresistas, al parecer en supuesto afán de protagonismo o populismo, porque en la mayoría es el Poder Ejecutivo, y no el Congreso, el responsable de acciones que los parlamentarios proponen.
“Solo son palabras declarativas. No hay obligatoriedad de realizar el proyecto de inversión pública. Como ejemplo, está el caso La calzada, que ya lleva más de 10 años con su declaratoria de necesidad pública y no pasa nada. Lo que se debe hacer es que el Gobierno Regional o el local de cada una de las zonas involucradas hagan el proyecto y los congresistas lambayecanos promuevan su presupuesto a nivel del Ejecutivo. Lo demás es pura finta”.
Hay lambayecanos que se han dedicado a eso: presentar un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional… “…el Parque Industrial de Lambayeque (Acuña); “…la creación del distrito de Sinchimache, en la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca” (Acuña); “…la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad (Portero); o “…la recuperación, conservación y protección de la pesca ancestral en caballito de totora y la creación de los balsares en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque” (Córdova).
Paradójicamente, este último proyecto fue el primero y el último en presentarse en el Congreso, por parte de Córdova Lobatón. Lo hizo el 10 de agosto y fue el N° 004; pero, cinco meses después, el documento aún se encuentra para dictamen. Es decir, el fuego no dio para calentar el preparado.
* Portal de periodismo www.miraporellos.pe
El Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, convocó a su primera Mesa de Trabajo, a la que acudieron representantes del gobierno regional, los municipios provinciales, colegios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de analizar y evaluar posibles alternativas frente a los problemas que atraviesa el departamento.
Sócrates Muñoz Pérez, presidente del capítulo, resaltó que esta es una de las primeras actividades contempladas en su plan de gestión, con el acompañamiento del Consejo Directivo de la orden, encabezado por el decano Carlos Burgos Montenegro.
Durante el desarrollo de la primera mesa, se expusieron temas referidos a la problemática del saneamiento: agua; desagüe y drenaje pluvial; el plan de manejo de residuos sólidos y la industrialización de los mismos; el plan de contingencia vial para administrar el tránsito urbano y metropolitano; la seguridad ciudadana; la problemática en el suministro de la red eléctrica y el plan de desarrollo de salud pública de EsSalud y el Ministerio de Salud.
A la cita acudieron los representantes del Gobierno Regional de Lambayeque y los municipios provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, explicando eje por eje las acciones y planes emprendidos por sus respectivos pliegos para atender las necesidades de la población.
Agua y desagüe
Muñoz Pérez comentó que el primer acuerdo fue convocar a una reunión de trabajo a los funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento y Lambayeque – EPSEL, y de las municipalidades provinciales, así como del gobierno regional.
“Lo que han expuesto las municipalidades es que el problema del saneamiento no es un asunto exclusivo de ellas, sino que pasa por la intervención de EPSEL, al ser la responsable de la administración. La empresa tiene que explicar qué necesita para manejar de manera eficiente los servicios cuando las obras han sido terminadas o qué trabas existen para que reciba la transferencia de un proyecto”, indicó.
Dijo que “lo más paradójico es que EPSEL cobra por servicios que no está manejando de manera eficiente” o cobra por suministros en redes cuyo mantenimiento sigue a cargo de las municipalidades.
“Los impuestos de los ciudadanos se están destinando para el mantenimiento de obras por las que EPSEL está percibiendo ingresos. Eso es algo que debemos evaluar y que se debe discutir a nivel técnico”, manifestó.
Problema ambiental
Otro de los acuerdo fue el establecimiento de convenios y coordinaciones con las universidades para emprender campañas de sensibilización a la población departamental en lo referido a la educación ambiental.
“Hemos estado los representantes de la academia. Prácticamente todas las disciplinas de la ingeniería, así como la arquitectura y urbanismo han tenido presencia en la mesa. Seguiremos convocando a los directores de las escuelas profesionales para que se sumen a este camino que estamos trazando. Todas las universidades de Lambayeque deberían comprometerse en esta labor, porque hay un objetivo superior que es el desarrollo y bienestar del departamento”, acotó.
Con el apoyo de las universidades se apunta a la realización de talleres de manejo de residuos sólidos, iniciativa que se proyectará también a las instituciones de educación básica.
“La educación viene de la casa, pero la segunda casa de los niños es el colegio. Es bueno que los maestros hayan dado grandes avances en enseñarle a los escolares a reciclar y manejar de mejor manera los residuos, pero necesitamos seguir multiplicando ese conocimiento”, acotó.
También se acordó comprometer al Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque a que nos ayude, a través de sus asociados, a la difusión de todas las actividades que se van a desarrollar desde la mesa, para fomentar la participación de la ciudadanía.
“Lo que tenemos que trabajar es en la recuperación de la confianza de la sociedad, porque la población ha dejado de crecer. Debo señalar que esta es una mesa de trabajo técnica, no política, y por lo tanto todo lo que se planifica y acuerda debe cumplirse, con la participación de los profesionales de las diferentes ramas”, manifestó.
Autopista del Sol
Asimismo, se acordó convocar a los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, para que expliquen las razones por las cuales sigue entrampada la ejecución de la Autopista del Sol en el tramo Lambayeque, considerando que en lo correspondiente a Piura y La Libertad ya se concluyó con los trabajos.
El inicio de la concesión de la Autopista del Sol fue en el 2009, con un tipo de financiamiento autosostenible y un plazo de concesión de 25 años.
“Sabemos que la obra no depende de la región, sino del ministerio y lo que queremos es que se nos informe de manera clara por qué no se avanzan las obras. Aquí es necesario el trabajo coordinado de las autoridades, los colegios de Ingenieros y Arquitectos, Provías y todas las dependencias involucradas”, mencionó.
Sócrates Muñoz anunció que también se convocará a los titulares de las gerencias de Transporte de las municipalidades provinciales para coordinar acciones de mejora y ordenamiento del sector.
Seguridad ciudadana
“Siendo la inseguridad ciudadana un problema serio en Lambayeque, se aprobó también convocar a una reunión de trabajo al jefe de la II Macroregión Policial, así como al comandante del Ejército, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y al fiscal decano del Ministerio Público, además de los alcaldes provinciales y al gobernador regional. Es necesario que como sociedad civil estemos informados sobre lo que se está haciendo para mejorar la seguridad de la población”, dijo.
El presidente del Capítulo de Ingeniería Civil refirió que otro de los acuerdos es convocar a una reunión de trabajo al jefe regional de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERMING, de Electro Norte y del gerente regional de Energía y Minas para evaluar la situación del suministro eléctrico en Lambayeque.
Del mismo modo se espera convocar al gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, de la Gerencia Regional de Agricultura y de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para conocer las acciones preventivas adoptadas y desarrolladas de cara al período de lluvias.
Hace apenas dos días, el 1 de febrero de 2022, el titular del Décimo Juzgado Penal en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Carlos Larios Manay, dio lectura al adelanto de fallo en el juicio oral del Expediente Judicial 5604-2018, en el que se acusaba por los delitos de cohecho pasivo propio y colusión agravada, al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, ex funcionarios y los contratistas Julio Otiniano Plasencia, Julio Otiniano Ortiz y al abogado Artemio Rengifo Valverde, emitiendo sentencia absolutoria para todos por insuficiencia probatoria.
Entre los ex funcionarios procesados están César Regalado Rodríguez, Carlos Mendoza Oliden, Segundo Deodato Alcántara Chávez, Alonso Sánchez Vásquez y Fernando Fernández Bravo.
Sin embargo, lo saltante del caso no es el fallo judicial, sino lo que dijo el hoy absuelto Otiniano Plasencia respecto de la actuación del fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco durante los actos investigatorios, acusándolo de haberlo intimidado para torcer su declaración y “corroborar” su teoría del caso.
La declaración
El 21 de enero pasado se dio la continuidad del juicio oral iniciado en agosto de 2021, cuando sorpresivamente el acusado Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, solicitó se tome su declaración, a lo que el juez accedió por ser su derecho.
Luego de narrar los pormenores de cómo se llevó a cabo el proceso de licitación pública para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad en las urbanizaciones Campodónico y San Martín”, por un monto superior a los 10 millones de soles, el declarante hizo una grave denuncia contra el fiscal provincial a cargo del caso, Sergio Lucio Zapata Orozco, señalando que su declaración auto inculpatoria del 1 de octubre del 2015 fue basada en el miedo y armada maquiavélicamente por los representantes del Ministerio Público a cargo del caso.
Otiniano Plasencia afirma que, ante las publicaciones periodísticas aparecidas en septiembre de 2015, en las que se señalaba que el Ministerio Público solicitaría prisión preventiva para él y su padre, Julio Otiniano Ortiz, el día 25 del referido mes se apersonó a las oficinas de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, buscando entrevistarse con el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, para solicitarle se le notifique las disposiciones a las que hacían alusión en medios periodísticos, siendo atendido por el fiscal adjunto Eliú Arismendiz Amaya, agendando una reunión para el 28 de septiembre de 2015 en horas de la mañana.
¿Propuesta inapropiada?
En la fecha agendada, Otiniano Plasencia en compañía de su prima Marlene Malpartida, acudió a la sede fiscal, siendo atendidos entre las 09:00 y 10:00 a.m. por el fiscal Zapata Orozco, quien los hizo ingresar en una habitación donde solo había un escritorio y dos sillas, solicitándoles su celular, procediendo a retirar la batería, “porque no se necesita una evidencia de esta reunión”, habría argumentado el fiscal.
Según lo declarado por el empresario ante el juez (consta en audios y actas) el representante del Ministerio Público señaló que él y su padre iban a terminar presos, salvo que “jale” a Artemio Rengifo Valverde, quien era su conocido, porque el referido estaba comprendido en el caso del Tribunal Constitucional, en el cual Roberto Torres Gonzales consiguió su reposición como alcalde de la municipalidad de Chiclayo, previo pago de dádivas a algunos integrantes del máximo intérprete de la Constitución.
En el relato, se precisa que si Otiniano Plasencia accedía, el fiscal le ofrecía apoyarlo y para ello debía solicitar declarar en forma inmediata y voluntaria, sin presentar su solicitud por Mesa de Partes de la Fiscalía, sino directamente a la asistente en funciones del despacho. El empresario accedió, programando la toma de declaración para el 1 de octubre del 2015.
El concuñado como abogado defensor
Como quiera que Otiniano Plasencia no radica en Chiclayo, sino en Trujillo, le señaló al fiscal Zapata Orozco que no contaba con defensa técnica, a lo que el representante del Ministerio Público replicó que no se preocupe, proporcionándole un número telefónico al que debía llamar y que pertenecía al abogado Miguel Ángel Lozano Gasco, con quien se reunió y el que – afirma - le manifestó: “Ya conversé con Sergio, no te preocupes”.
Así, su defensa la asumiría Raúl Alejandro Bazán Choquehuanca, quien efectivamente acompañó a Otiniano a su declaración del 1 de octubre de 2015 en calidad de su abogado defensor, como consta en la correspondiente acta.
Lo que Otiniano Plasencia no sabía era que Miguel Ángel Lozano Gasco es concuñado de Sergio Lucio Zapata Orozco, fiscal a cargo del caso, pues ambos son casados con dos hermanas: Lozano Gasco con Zoila Albertina Tello Otoya, con quien contrajo nupcias el 30 de agosto de 1977, y Zapata Orozco con Iris Angelina Tello Otoya, quien falleciera el 31 de agosto del 2017.
Lozano Gasco fue magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, siendo destituido mediante Resolución N° 034-2016-PCNM, del 7 de septiembre del 2016. Presentó un recurso de reconsideración que fue declarado infundado mediante Resolución 072-2017-PCNM, del 13 de marzo del 2017, y en última instancia, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 01177-2018-PA/TC, declaró improcedente el agravio constitucional invocado, por considerar que las razones de su destitución estaban suficientemente fundamentadas.
Ya estaba redactada
Agrega Otiniano Plasencia que cuando se acercó a declarar al despacho del fiscal Zapata Orozco, el 1 de octubre del 2015, fue atendido por el fiscal adjunto Eliú Arismendiz Amaya y que, su supuesta declaración testimonial ya estaba redactada en un 80 %, faltando agregar solo detalles.
Señala incluso algunas inexactitudes o falsedades en la declaración que probarían su dicho, como por ejemplo que conoció y buscó a Roberto Torres entre mayo y junio del 2014 con la finalidad que lo apoye en el otorgamiento de la buena pro de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad en las urbanizaciones Campodónico y San Martín. Sin embargo, a esa fecha la buena pro ya había sido otorgada a su favor, e incluso el contrato ya había sido firmado el 9 de abril del 2014.
Antecedente
Hace cuatro años, el 1 de febrero del 2018, en la audiencia de juicio oral seguida en el Expediente Judicial 3974-2017, el acusado Misael Delgado Mendoza narró una situación similar que involucra también al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco.
En aquella oportunidad señaló ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del del Distrito Fiscal de Lambayeque, exactamente el 10 de enero del 2015, 30 días después de haber brindado su declaración como imputado, que todo lo vertido en su declaración primigenia (de diciembre del 2014) no se ajustaba a la verdad, recalcando que quien lo indujo a error fue su abogado David Pérez Ponciano, ya que este le refirió que tenía un acuerdo subalterno con el fiscal Zapata Orozco, para que no le den prisión preventiva a cambio de inculpar al hoy preso exalcalde Roberto Torres Gonzales, Martín Villanueva Velezmoro y al condenado exfiscal Esdras Moisés Sánchez Moreno.
Zapata Orozco solo atinó a aclarar que en forma directa él no le había ofrecido nada a Delgado Mendoza, pero que se sepa, no inició ninguna acción administrativa o penal contra Pérez Ponciano por haber tomado su nombre en un supuesto pacto subrepticio.
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