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El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL volverá a realizar referéndum para evaluar a jueces y fiscales de la Corte Superior de Justicia, así lo anunció su decano, Carlos Martínez Oblitas, cuya directiva ya cuenta con reconocimiento ante Registros Públicos.
Luego de diez meses de una ardua tarea legal, la directiva de Carlos Martínez Oblitas logró que la Primera Sala Registral de Lima le otorgue la personería jurídica, con lo cual ya podrá disponer de los recursos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, y de esta forma poner en marcha sus promesas de campaña y pagar las deudas que se tienen pendientes.
“Hace una semana que se nos ha notificado la resolución por parte de la Primera Sala Registral de Lima, donde acudimos en apelación, luego que el registrador público de Lambayeque resolviera en nuestra contra. Ha sido casi todo un año de ardua tarea legal, de documentación e ir poco a poco desglosando este problema por el enfrentamiento que hubo en la gestión anterior, que lejos de traer paz y tranquilidad nos trajo muchos problemas, pero actualmente lo estamos ya superando”, indica.
Rendición de cuentas
Resalta que ahora que su directiva ya cuenta con personería jurídica podrá disponer los recursos con los que cuenta la orden en los diferentes bancos, aunque apunta que ese dinero pertenece a gestiones anteriores, pues el último decano José María Balcázar Zelada todavía no cumple con rendir cuentas de los dos millones 800 mil soles que ingresaron durante su administración.
“El anterior decano no ha querido rendir cuentas porque decía que éramos ilegales, pero ahora que ya tenemos la personería jurídica veremos el planteamiento del exdecano. Y si no quiere rendir cuentas ante nosotros, lo tendrá que hacer ante la fiscalía que hace la investigación por apropiación ilícita”, afirma.
Apunta que la Comisión de Ética procesará disciplinariamente a José María Balcázar, pues se debe sentar un precedente para que hechos como estos no se repitan. Adelanta que incluso podrían haber responsabilidades civiles por el daño ocasionado a la orden profesional, pues durante su gestión se retiró la guardianía en el centro de esparcimiento, lo cual ha ocasionado que se roben parte de la infraestructura y el mobiliario.
“El anterior decano Juan Zamora Pedemonte hizo una inversión de millón y medio de soles en el centro de esparcimiento, pero Balcázar Zelada retiró los dos guardianes y la comunidad de alrededor ha hecho un festín allí, no ha dejado ni una astilla. Eso es gravoso para el colegio”, asevera.
Recursos
Señala que con los fondos a los que podrá acceder se les pagará el concepto de fondo mortuorio a los familiares de 18 abogados que fallecieron durante la emergencia sanitaria. En total, los decesos en la orden desde el inicio de la pandemia suman 108.
“Por cada colega fallecido se paga seis mil soles, siempre y cuando hayan estado al día con sus aportaciones. Hemos pagado más de medio millón de soles. Nos falta pagarles a cerca de 18, tan poco tengamos el manejo económico nos pondremos al día y nos proyectaremos en tareas propias de la gestión”, refiere.
Asimismo, comenta que el ICAL tiene por pagar una multa de 156 mil soles, debido a que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, adoptó el reclamo de un grupo de trabajadores que fueron enviados a suspensión perfecta de labores en marzo del año pasado.
“La autoridad del trabajo -luego del reclamo de los trabajadores- ordenó su inmediata reposición, no cumplió y en este momento estamos a puertas de que nos ejecuten coactivamente la multa, porque en su mismo período fue declarada consentida, pero no las impugnó. Es inaudito que un decano deje pasar 156 mil soles de multa”, anota.
Actividades
Por otro lado, detalla que este año han ingresado a la orden cerca de 250 nuevos abogados, quienes cuentan con todos los beneficios que ofrece esta ofrece como los diplomados gratuitos que iniciarán desde febrero del próximo año.
“Nuestra gestión siempre se caracterizó por los diplomados gratuitos, pero dada la condición económica en que recibimos el colegio no teníamos dinero, por eso se nos ha sido imposible desarrollar estos eventos, pero estamos haciendo un esfuerzo, por primera vez el colegio va a contar con plataformas virtuales de su propiedad para atender toda clase de aspectos, pero desde febrero iniciaremos programas de diplomados de diversas especialidades, los cuales serán permanentes durante todo el 2022”, afirma.
No obstante, anuncia que este año no se realizará la tradicional chocolatada para los hijos de los abogados, pero sí se sortearán 450 canasta navideñas entre los miembros de la orden.
Actualmente, el ICAL cuenta con nueve mil 300 colegiados, de los cuales hay entre cinco mil y cinco mil 500 hábiles.
Política
En cuanto a la coyuntura política nacional, indica que Pedro Castillo no es un presidente que esté a la altura de lo que el país demanda. Sin embargo, cuestiona que desde el Congreso se haya buscado su vacancia y que algunos líderes políticos no hayan aceptado desde un inicio que él haya ganado las elecciones.
“Los congresistas creen que si vacan a Castillo se quedarán muy tranquilos, pero no, si vacan al presidente y vicepresidente, el pueblo también sacará al Congreso para que se convoquen nuevas elecciones”, enfatiza.
Expresa que Castillo Terrones debe rodearse de personas que le den estabilidad a su gobierno y le ayuden a salir adelante. “Nos guste o no, él es el presidente y ha sido elegido democráticamente. Muchos podemos renegar, pero debemos respetar el resultado de las elecciones”, sostiene.
En cuanto a las elecciones regionales y municipales que se avecinan el próximo año, exhorta a la población a estar vigilante y poner sus propios filtros, pues a veces al Jurado Nacional de Elecciones se le escapan candidatos hasta con sentencias judiciales, por lo que el mismo elector debe ser consiente y emitir un voto informado.
Emergencia
En tanto, Martínez Oblitas opina que se debe declarar en emergencia el Poder Judicial y permitir -mediante un presupuesto adicional- que se contraten por dos o tres meses a abogados calificados que ayuden a destrabar la carga procesal. Asimismo, señala que se debe exigir a la Junta Nacional de Justicia que las plazas de los jueces supernumerarios pasen a concurso para que obtengan la calidad de nombrados.
“Puede haber magistrados que cumplan con su función, incluso fiscalías en el aspecto penal, pero el embalsamiento es notorio. Basta con ver la fijación de las audiencias que tardan ocho, diez meses, en algunos casos hasta un año. Esto demuestra que el Poder Judicial no está funcionando bien, la salida tiene que ser que se contraten abogados para que hagan la función de los llamados jueces numerarios suplentes, que se encarguen de destrabar. Esto debe ir acompañado de la convocatoria a un concurso público de todos los jueces y fiscales”, afirma.
La Contraloría General detectó que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, de Lambayeque contrató a un consorcio por seis millones 47 mil 328 soles para brindar servicios de seguridad y vigilancia, pese a que correspondía dejar en suspenso el concurso de selección, ante la solicitud de nulidad presentada por otro postor que objetaba una Declaración Jurada con información inexacta.
Por estos hechos, el ente de control identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa de la exjefa de la Oficina de Logística, Eliana Panta Castillo, y la presunta responsabilidad administrativa del presidente del Comité de Selección (decano de la Facultad de Medicina) y de un servidor de dicha casa superior de estudios.
El comité estuvo presidido por Segundo Cabrera Gastelo e integrado por Eliana Castillo Panta y Alejandro Camacho Saavedra.
Las declaraciones juradas
El Informe de Control Especifico N° 016-2021-2-0205-SCE, que evaluó el período 28 de septiembre al 23 de diciembre de 2020, evidenció que el comité de selección admitió la oferta y adjudicó la buena pro sin realizar una adecuada verificación de la documentación, pues la Declaración Jurada del representante legal – que tuvo a su cargo la suscripción y visación –, no estaba actualizada en el Registro Nacional de Proveedores - RNP.
Lo mismo ocurrió con las declaraciones juradas del gerente general y del gerente de Operaciones de una de las empresas integrantes, situación que trasgredió el principio de presunción de veracidad establecido en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aplicable al proceso.
El consorcio estaba conformado por las empresas Multiservicios Integrales Resguardo y Alarmas S.A., Compañía de Vigilancia y Seguridad SRL y Protege Perú Multiservcios SR.
La jefa de la Oficina de Logística (actual Unidad de Abastecimientos), órgano encargado de las contrataciones de la universidad, solicitó información al representante legal indicándole que acredite y sustente las declaraciones juradas actualizadas, documentación que fue presentada. Sin embargo, la entidad no comprobó su veracidad y siguió con el trámite. Al 11 de noviembre de 2020, el registro continuaba desactualizado.
La información no se ajustaba a la realidad, constituyéndose en una forma de falseamiento, con el agravante de que la solicitud de acreditación y verificación por parte de la jefa de Logística se realizó sin advertir al rector de la universidad sobre el trámite que debió seguir el pedido de nulidad del concurso.
Conclusiones del informe
“De la evaluación a la documentación e información alcanzada por la Entidad, relacionada con el procedimiento de selección Concurso Público n.º 001-2020-UNPRG: Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se ha evidenciado que el Comité de Selección del mencionado concurso, sin haber realizado una adecuada verificación de los documentos presentados en las ofertas, admitió la oferta presentada por el Consorcio (postor) integrado por Multiservicios Integrales Resguardo y Alarmas S.A., Compañía de Vigilancia y Seguridad SRL y Protege Perú Multiservcios SRL, pese a que el Anexo 2: Declaración Jurada (folio 65) de la empresa Multiservicios Integrales Resguardo y Alarmas S.A. en cuyo literal iii. afirmó “Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada”; contenía información inexacta, no concordante con la realidad”, señala el informe de control
La responsabilidad penal es atribuida a Castillo Panta, en tanto sobre los otros integrantes del comité se señala responsabilidad administrativa.
El informe fue comunicado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores involucrados, y al rector de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, para las acciones que permitan el deslinde de responsabilidades administrativas. Asimismo, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control.
La Contraloría General detectó el otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato al margen de la normativa vigente para la ejecución de la obra de rehabilitación de la Institución Educativa Primaria N° 11265 “Nuestra Señora del Carmen del Progreso”, del distrito de Pátapo, la cual está valorizada en cuatro millones 65 mil 304 soles y es financiada con fondos de la Reconstrucción con Cambios.
Según el Informe de Control Específico N° 022-2021-2-0425, que evaluó el periodo del 30 de septiembre al 23 de diciembre del 2020, el comité de selección consintió la buena pro cinco días después de su otorgamiento, cuando esta acción debió realizarla el mismo día, al haber postor único en el proceso de selección, tal como lo establece el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
El comité de selección, conformado por Atilio Pérez Terrones (presidente), María Granda Estrada (primer miembro) y Reynaldo Ayip Centurión (segundo miembro), tampoco elaboró el informe que sustente la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje para ser remitido al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control.
La buena pro fue otorgada al Consorcio Lancer, integrado por las empresas Lenus S. A., con RUC 20477366172 y Lancer S.A.C. con RUC 20605617434.
Irregular firma de contrato
Ocho días hábiles posteriores a la fecha límite del perfeccionamiento del contrato, el 17 de diciembre del 2020, el alcalde de Pátapo, Juan Guevara Torres, contando con el visto bueno de Asesoría Jurídica, suscribió el contrato, cuando el procedimiento de selección debió ser declarado desierto, más aún cuando el consorcio presentó la documentación para la firma del contrato habiéndose vencido el plazo para tal fin.
“Esta situación conllevó a que se otorgara mayor tiempo, que el máximo permitido, para la presentación de la documentación para perfeccionamiento del contrato, y a su vez para la suscripción del mismo, afectando la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública al retrasar el procedimiento de contratación que tiene como objetivo la contratación de la ejecución de la obra para el cumplimiento de la finalidad pública que se requiere en el marco de la reconstrucción con cambios”, precisa Contraloría.
Aunado a ello, de la revisión al expediente de contratación y a la documentación proporcionada por la municipalidad se advierte que no obra el informe que sustenta la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje, informe que debió ser elaborado y remitido por el Comité de Selección al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control para la supervisión, vigilancia y verificación en el momento en el que se llevaron a cabo, inobservando lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42° del Reglamento para la Reconstrucción, verificándose que tampoco se encuentra publicado en el SEACE.
Además, se determinó que en el contrato se omitió la cláusula de “asignación de riesgos de obra” considerada en la proforma contenida en las bases de la convocatoria, de modo que, de presentarse algún imprevisto durante la ejecución de los trabajos, el consorcio estaba librado de toda responsabilidad.
Finalmente, el Área de Abastecimientos incumplió las bases de la segunda convocatoria (la primera fue declarada desierta), al no advertir que el consorcio incumplió con presentar los documentos que acrediten la experiencia efectiva del personal clave - residente de obra para la suscrición del contrato.
Responsabilidades
Por estos hechos que afectaron la transparencia y la legalidad, la Contraloría General de la República identificó en su informe de control la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cinco funcionarios y servidores de la actual gestión encargados del procedimiento de selección, perfeccionamiento y suscripción de contrato.
Contraloría halló responsabilidad penal en el alcalde, Juan Guevara, y los tres integrantes del comité de selección, contra los que también se ha establecido responsabilidad administrativa.
Asimismo, se señala con responsabilidad administrativa a Jakelly Sánchez Bautista, responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica.
El informe fue comunicado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, para dar inicio a las acciones legales penales y al alcalde distrital de Pátapo, para el deslinde de las responsabilidades en el plano administrativo.
