La Semana de la Investigación e Innovación se desarrolló con éxito en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT. La jornada de se inició el 17 de septiembre.

En el evento participaron los ponentes invitados de CONCYTEC, de Innovante Perú, empresas, universidades y se realizó también el Encuentro de Vicerrectores de Investigación de la Macro Región Norte. Además estuvieron presentes los alumnos de las facultades de Ingeniería, Derecho, Medicina, Humanidades y Ciencias Empresariales de la prestigiosa casa de estudios superiores.

RECTORA

La rectora de la USAT, Patricia Campos Olazábal, manifiesta que la investigación es una de las cosas más importantes en las que las universidades tienen que trabajar, siendo adicionalmente este el eje transversal de los currículos de las carreras.  

En la USAT han empezado a trabajar todas las facultades juntas, a fin de generar proyectos que permitan potencializar las capacidades profesionales de docentes y estudiantes.

En la actividad participó la presidenta del CONCYTEC, Fabiola León Velarde, quien conversó con todos los invitados, posteriormente realizó un recorrido por el campus universitario, visitando los diferentes laboratorios.

LICENCIAMIENTO

La USAT, como primera universidad lambayecana en obtener el licenciamiento, está obligada a promover la investigación entre los estudiantes y maestros, porque esto permite medir la calidad de enseñanza y el nivel de competitividad que promueve.

“Hubo una respuesta muy positiva al evento, porque se le ha dado participación a los alumnos desde los primeros años y los docentes ayudaron a preparar y a presentar los trabajos, los cuales son muy interesantes. Entre ellos están los referidos a la anemia y al aprovechamiento de la energía”, señala.

De los trabajaos presentados, se premió al primer y segundo puesto. El ganador del primer puesto recibió una beca de pensiones para los siguientes semestres, en tanto el segundo puesto una media beca.

La alianza entre sociedad, universidad y empresa es muy importante, no solamente en el Perú, también en las principales universidades en el mundo.

“La idea es que el empresario nos diga cómo podemos ayudarlo y qué tipo de profesionales necesita para su empresa, esta dinámica abre una serie de cosas en las que se debe trabajar”, declara la rectora.

CONCYTEC

Fabiola León Velarde, presidenta del CONCYTEC, expresó que fue un honor para ella participar en el evento de investigación y la innovación hacia la sociedad que organizó la USAT. Reconoció además la seriedad de la casa superior que forma universitarios, ciudadanos responsables con valores, y que creen firmemente en la investigación.

La base de datos del CONCYTEC ya cuenta con investigadores registrados activos de la USAT.

“Esto nos encamina a conversar cómo podemos realmente generar conocimiento para la región, todo lo que tenemos que hacer es focalizar y priorizar los desafíos que se tienen, y en ese sentido como CONCYTEC hemos venido aquí a conocer cuáles son los principales desafíos para trabajar con los actores de los sectores productivos, industriales, la cámara de comercio y, por supuesto, la academia tiene que responder a esos retos”, manifestó.

PROYECTOS

En la región norte existe proyectos financiados por el CONCYTEC, algunos ya están culminando, como por ejemplo la descontaminación de las bahías. Están  trabajando también en el sector agroindustrial y existen otras iniciativas que pueden pasar a etapa posterior, como son las tecnología de la información y los elaboradas por estudiantes que se han especializado en el extranjero y están dispuesto a trabajar por sus departamentos.

“Nosotros tenemos un listado de los proyectos que se han beneficiado y es bueno que sigan adelante para seguir apoyando”, indica.

León Velarde refirió que con las publicaciones, en el país aún hay un bastante trabajo por hacer, porque están en un nivel bajo de producción. Sin embargo, se están incrementando las publicaciones en las bases nacionales e internacionales, y lo que quieren hacer es crear un banco de datos, de todas las publicaciones internacionales, nacionales, así como de las editoras universitarias.

“De esa manera comenzaremos a generar publicaciones desde las universidades, con revistas locales, revistas de diferentes universidades. Estamos haciendo un mapeo de nuestras revistas, vamos a hacer un curso con invitados internacionales para los editores, para que puedan tener un nivel de calidad mayor, y vamos a tener un fondo especial para las publicaciones el próximo año”, señaló.

Más de 500 ferreñafanos se han escrito a la Ley N° 26511 que los reconoce como Defensores de la Patria por haber combatido en la guerra contra el Ecuador. Está ley favorece a los miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes de la Policía Nacional.

Los principales beneficiarios con dicha ley son aquellos que estuvieron de forma activa y directa integrando las unidades que recibieron la orden de movilizarse a la línea de frontera con el Ecuador.

La Ley N° 26511, reconoce como defensores de la patria a los combatientes del Alto Cenepa en las campañas de 1978 y 1995, así como a quienes lucharon en la Cordillera del Cóndor en 1981. La norma establece el reconocimiento de una pensión vitalicia a los excombatientes, quienes para gozar de dicho beneficio tienen que realizar los trámites correspondientes ante el ministerio de defensa.

ATENCIONES

El Técnico de Primera del Ejército Peruano, Reynaldo Ramírez Montalvo, jefe de la Oficina de Registro Militar Provincial ORMP 06-C Ferreñafe, expresa que está atendiendo a los licenciados que sirvieron a la patria y los están ayudando a ingresar sus datos personales al Sistema Movilización y Remplazo - SIMOREM, para  entregarles su libreta militar, y su constancia de servicio a la patria, a fin que puedan realizar las gestiones administrativas en instancias superiores para que de esa manera solicitar el bono dos mil 700 soles, dinero que recibirán mensualmente de por vida.

Los principales beneficiarios son aquellos compatriotas que participaron directamente en el conflicto contra los soldados ecuatorianos en defensa de la soberanía peruana. Las personas son calificadas por el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, encargados de verificar qué unidades y personal debe calificar para el beneficio económico.

“El beneficio económico son más de dos mil soles de por vida, y lo recibirán las personas que califiquen como defensores de la patria”, explica.

FERREÑAFANOS

En la vecina provincia un total de 972 licenciados del ejército peruano acudieron a la ORMP a realizar sus trámites correspondientes, para posteriormente gestionar su sueldo vitalicio ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Lima.

Los licenciados que radiquen en la provincia de Ferreñafe y que quieran obtener el sueldo vitalicio que les ofrece La ley N° 26511, tiene que llevar su DNI a la ORMP para que el suboficial del Ejército Peruano ubique su clase activa del ejército y les pueda entregar de forma gratuita una copia de la constancia de su servicio militar.

Asimismo, el Ejército Peruano ofrece la Ley N° 29031, Defensores de la Democracia, a los licenciados que sirvieron entre los años 1980 y 2000. Ellos tienen que presentar sus documentos al Ministerio de Defensa para que les pueda brindar un diploma y una medalla como reconocimiento por su servicio voluntario al país.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para la libreta militar han aumentado en la “Tierra de la doble fe”. Hasta marzo de este año la ORMP había recibido a 152 jóvenes deseosos de ingresar a las filas del Ejército Peruano. En la actualidad hay 396 inscritos. 

El local de la ORMP06-C Ferreñafe ha sido modificado en su totalidad con material noble, las paredes de los diferentes ambientes han sido enmalladas y tarrajeadas con cemento, y pintando con pintura lavable. La obra se realizó gracias al apoyo del Comando Conjunto del Ejército.

El Ejército invirtió aproximadamente 10 mil soles para los cambios y mejoras del local. Los trabajos de remodelación duraron 42 días y se dio mantenimiento a los ambientes administrativos, la sala de espera, dormitorios y baños. Las mejoras se hicieron además para brindar una buena atención al pueblo ferreñafano.

“El local asignado por la municipalidad de Ferreñafe tiene 15 años, antes toda su construcción era de material rústico, pero gracias al comando se ha mejorado la infraestructura de la instalación militar”, declara.

A cuatro años de la caída de la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”, liderada por el ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, el balance de lo actuado pone en tela de juicio la idoneidad del equipo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, dirigido por el fiscal Sergio Zapata Orozco, pues pese a su dedicación exclusiva a la Carpeta N° 2447- 2014, no ha culminado las investigaciones por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se cumplen ya, cuatro años.

Los defensores de la legalidad literalmente han quedado sin piso para continuar las investigaciones por seis meses más, luego que el juez Leonardo Carrillo Reynaldo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en el Delito de Corrupción de Funcionarios, declarara infundada su solicitud por carecer de sustento legal al no existir la figura de prórroga de la prórroga.

Dentro de las 14 diligencias pendientes por el Ministerio Público se encuentran los resultados de las pericias contable y financiera, consideradas medios de prueba necesarios y suficientes para determinar la existencia de desbalance patrimonial y la ilicitud de los bienes obtenidos por los integrantes de la presunta organización criminal.

En resumen, sin pericias la fiscalía no podrán acusar a ninguno de los 33 investigados por lavado de activos, los mismos que forman parte de los 100 imputados que fueron incorporados a la investigación en diferentes años, situación que ha motivado que el “emblemático” caso se convierta en un proceso judicial inmanejable e interminable.

Resulta casi insólito que habiéndose dispuesto la detención del exalcalde, funcionarios y otros, desde el año 2014, por el presunto delito de lavado de activos, recién tres años después empezaron a elaborarse las pericias económicas y financieras, tras fracasar el ensayo de las hojas informativas de la Contraloría General de la República, que concluían presunto desbalance patrimonial en los exfuncionarios, excediéndose en su competencia contenida en la misma Constitución Política del Estado.

En su momento los procesados denunciaron presunta malversación de fondos del órgano controlador, pues fue necesario contratar profesionales externos para realizar los documentos.

ORIGEN DEL CASO

El caso “Los limpios de la corrupción” se deriva de la denuncia del ex trabajador de EPSEL Carlos Canales Guevara, contra funcionarios de dicha empresa tras requerirle la suma de siete mil soles a condición del pago de sus adeudos laborales ascendentes a 45 mil 192 soles dispuesto por un juez. 

En el marco de las diligencias preliminares se generaron los informes policiales N° 120-14-DIRTEPOL-LAMB.OFINTERPOL-CH, del 4 de septiembre de 2014, y N° 136-2014-RPNO-DITERPOL-LAMB, del 29 de septiembre de ese mismo año, en los cuales se detallan supuestas acciones de inteligencia que motivaron el requerimiento del levantamiento de las comunicaciones, del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil respecto a las personas denunciadas por Carlos Canales y por adición a otros directivos de EPSEL, la municipalidad de Chiclayo y el ex SATCH.

Los Informes policiales identificaron a Roberto Torres Gonzáles como el líder y como segundo de esta organización a Juan Martín Villanueva Velezmoro, a quien apodaron “El Cerebro”.

Incluso en el requerimiento de convalidación de detención preliminar judicial, del 1 de octubre del 2014, el fiscal Zapata Orozco, sorprendió a la juez de garantías constitucionales, al afirmar que para desbaratar la presunta red criminal se había generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de lavado de activos de la policía nacional, un equipo de la Comisión de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, un equipo de inteligencia operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, más un equipo de 30 fiscales del distrito judicial de Lambayeque. No obstante, ninguna de dichas entidades confirmó su participación en virtud a carta notariales enviadas por los imputados.

Pese a lo vertido en los informes, entre los más de 100 investigados, solo figura un policía, y no han incorporado a ningún otro más, menos a fiscales o jueces, tampoco se ha pedido el levantamiento de la inmunidad a ningún congresista o miembro del Tribunal Constitucional, instancias que supuestamente sirvieron para proteger a los investigados en los dos períodos de gobierno de Roberto Torres Gonzáles, a decir de los efectivos de inteligencia de la policía.

Menos se ha descubierto alguna cuenta en el exterior en los llamados paraísos fiscales ligada a los investigados. Entonces, ¿se magnificaron los informes policiales y el requerimiento fiscal? ¿Con qué objetivo?

UNA MIRADA A LOS INVESTIGADOS

El 30 de septiembre del 2014, la jueza Cecilia Costa Gonzáles, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó prisión preliminar contra 22 personas, siendo  detenidos: el asesor de EPSEL, Martín Villanueva Velezmoro; el presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz; el gerente de Obras de la comuna, Carlos Mendoza Oliden; la pareja sentimental de Roberto Torres, Katiuska del Castillo Muro; el gerente de Transportes, Javier Valencia Gutierrez; el gerente de Imagen Institucional del municipio, Carlos Santa Cruz Alarcón; el policía anticorrupción Joel Ugaz; los regidores Roland Alarcón Rojas y Coeli Sarmiento Torres; y la hija de Roberto Torres, Nataly Torres Alarcón, quienes fueron recluidos para las investigaciones preliminares de siete días.

Días posteriores a la medida restrictiva, se pusieron a derecho, Norma Muro de Del Castillo, madre de la pareja sentimental del alcalde; y César Regalado Rodríguez, ex gerente general de la comuna.

En la investigación preliminar, el Ministerio Público dispuso la liberación de Mendoza Oliden y de Quesquén Díaz.

Igual medida favoreció a la hija de Roberto Torres, en tanto, en la audiencia de prisión preventiva se dictaminó comparecencia restringida para Coeli Sarmiento Torres, y en la apelación para Roland Alarcón Rojas, quien recuperó su libertad. El resto fue recluido en el penal de Chiclayo por un período de 18 meses, que luego fue ampliado a 16 más.

El 7 de octubre de ese mismo año fue capturado en Mocupe, el exalcalde y el 11 de diciembre del 2014 se dictó una nueva orden de captura contra 10 personas, siendo intervenidos los ex gerentes generales de la municipalidad Ciro Chávez Martos y Misael Delgado Mendoza; la proveedora Ruth Zuñiga López y el regidor Marco Arrascue Pasapera. Este último fue luego puesto en libertad con comparecencia restringida. En diciembre de ese mismo año, se pusieron a derecho, Jorge Matallan Peralta, ex administrador de la MPCH, y el ex coordinador de Alcaldía, Víctor Pérez Bracamonte, quienes también fueron liberados.

Al siguiente año, el 12 de enero del 2015, se puso a derecho, José Baca Távara, ex gerente general de EPSEL; y el 16 de enero hizo lo propio el ex administrador de EPSEL, Juan Valdivia Goicochea. Ambos fueron enviados a prisión.

El 21 de enero, corrió la misma suerte Jorge Inchaústegui Samamé, ex gerente de Urbanismo.

DESACUMULACIONES

El 23 de febrero del 2017, el Ministerio Público, solicitó al juzgado la desacumulación de imputaciones argumentando la existencia de elementos suficientes para conocer los casos con independencia. Es así como se logró la desacumulación de 16 casos derivado del expediente principal.

El 4 de julio del 2017, la Fiscalía consiguió la primera condena de tres años y cinco meses de pena efectiva contra Ruth Zúñiga López, por ser cómplice primaria del delito de colusión en agravio del Estado.

Pese a los 22 procesos de selección investigados en los que están inmersos diversos empresarios, solo Zuñiga López purga prisión efectiva, en tanto los demás siguen sin sentencia o han recibido penas benévolas al haberse acogido a la colaboración eficaz. Oficialmente se sabe que de los 30 empresarios investigados solo tres han sido sentenciados.

El primer funcionario en ser condenado fue José Baca Távara, quien recibió una pena de 11 años por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio. No obstante, la Sala de Apelaciones de Lambayeque recovó en parte la decisión de primera instancia, ordenando un nuevo juicio por el delito de cohecho pasivo impropio.

También han recibido sentencias condenatorias Misael Delgado Mendoza, Ciro Chávez Martos, Martín Villanueva Velezmoro, César Regalado Rodríguez, Javier Valencia Gutiérrez y Carlos Santa Cruz Alarcón.

Roberto Torres Gonzáles suman a la fecha 22 penas acumuladas en diversos procesos, no obstante, la Corte Suprema ha admitido un recurso de casación donde se esboza la teoría de que el exburgomaestre sería un “extraneus” debido a que no formó parte del Comité Especial que dio la buena pro en las obras por los que supuestamente recibió prebendas.

Mientras que su pareja sentimental, Katiuska del Castillo Muro, fue sentenciada a 3 años y 10 meses de prisión efectiva por el delito de colusión.

LOS PROTEGIDOS

Desde el inicio, los ex funcionarios encarcelados denunciaron ensañamiento en su contra y trato preferencial sobre algunos imputados como el ex administrador, Hugo Matallana Peralta, quien goza de libertad y no fue incluido en las 16 desacumulaciones pese a los graves cargos que pesan sobre él. Inclusive fue utilizado por la fiscalía para incriminar a los otros exfuncionarios, como sucedió en el juicio del exgerente de Transportes, Javier Valencia Gutiérrez, donde el mencionado personaje fue consignado como testigo de cargo sin tener relación con el hecho imputado.

De igual modo, el ex presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, tampoco ha sido sentenciado pese a los graves delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. El citado personaje, según propias declaraciones, aceptó los cargos de lavado de activos, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, entre otros.

CRONOGRAMA DE UN PLAZO AGOTADO

El 18 de julio del 2014 la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo emitió la disposición N° 01 mediante el cual se inicia la investigación preliminar en la carpeta fiscal 2447- 2014.

El 7 de octubre del 2014 dispuso formalizar investigación preparatoria contra 12 investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado y la municipalidad de Chiclayo.

El 29 de mayo del 2015 se prorrogó la investigación preparatoria vía proceso complejo por el lapso de ocho meses, pedido que fue atendido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mediante Resolución N°46 el 1 de junio del 2015.

El 12 de enero del 2016, mediante Disposición N° 145, el Ministerio Público, de acuerdo a su competencia, adecuó las actuaciones de la carpeta fiscal 2447-2014 a los lineamientos de la Ley Contra el Crimen Organizado - Ley 30077 y modificatoria según Ley 30133. Asimismo dispuso adecuar el plazo de investigación preparatoria a 36 meses.

El 30 de mayo del 2016, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque, mediante Resolución N° 11, estableció un plazo judicial de investigación preparatoria de 36 meses que venció el 1 de junio del 2018.

Es decir, el plazo legal y razonable ya se agotó, no existiendo ninguna justificación más como aduce la fiscalía, poniendo como excusa la naturaleza y gravedad del delito, hechos altamente complejo por la pluralidad de agraviados e inculpados que sobrepasan los 100, 22 adjudicaciones públicas, acciones obstruccionistas de los investigados, entre otros.

La fiscalía apeló la resolución del juez Leonardo Carillo Reynaldo.
Sin embargo, en segunda instancia correría la misma suerte porque el tribunal superior no podrá contravenir su propia resolución que fijó como plazo legal y razonable el término de la investigación el 1 de junio del 2018, en base a un pedido de control de plazos.

Luego que se ratifique en segunda instancia la decisión del Juez Leonardo Carillo Reynaldo, el Ministerio Público tendría que formular acusación contra los investigados o, por el contrario, pedir sobreseimiento de los delitos que no han sido probados.

A la fecha suman 112 los investigados, mientras que solo 10 purgan prisión efectiva en el Penal de Chiclayo, otros con sentencias condenatorias se hallan prófugos de la justicia y la gran mayoría espera el pronunciamiento del Ministerio Público para que se defina su situación legal. 

La candidata a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, por Fuerza Popular, María Gallardo Becerra, espera con optimismo el 7 de octubre, fecha en la que – asegura - los leonardinos “sembrarán la semilla del desarrollo” para pasar de las páginas negras a escribir una nueva etapa en la vida del destruido distrito.

“Por naturaleza las mujeres somos más responsables y ordenadas. Hoy en día, la mujer se desempeña en funciones que nada tienen que envidiar a los varones, y una de ellas es administrar empresas y dirigir los destinos del Estado en importantes cargos públicos.

En medio de un clima político y social muy difícil, que a diario se vive en el distrito de José Leonardo Ortiz, que nos provoca hastío al ver, leer y escuchar en los medios de comunicación, escándalos por presuntos actos de corrupción, surge una mujer que junto a su equipo de asesores con planes de desarrollo cambiará esa política añeja, desabrida, obsoleta con la que se ha venido gobernado el distrito. Yo cambiaré la política en José Leonardo Ortiz”, sostiene.

Afirma que mientras cientos de familias ven cómo su vida se hunde por malas gestiones municipales, existen motivos sobrados para la indignación y ponerse la camiseta del distrito.

Está convencida que no es ajena a que la población crece a pasos agigantados y su propuesta municipal obliga a formar un equipo multidisciplinario que atienda las necesidades de José Leonardo Ortiz.

María Gallardo recalca que no teme a las dificultades, pues ha tenido que trabajar para llegar al desarrollo como ser humano, logrando hacer de sus hijos personas de bien y profesionales de servicio.

Expone que existen muchas razones para postular a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, y una de ellas es el abandono y el estado calamitoso en que se encuentra el distrito.

“Esa desgracia, los leonardinos se la deben a las autoridades que han tenido y que durante el ejercicio de sus períodos municipales solo han pensado en ellos mismos”, asevera.

¿Qué está pagando Leonardo Ortiz ante tanta desgracia?

En primer lugar, los leonardinos no han sabido elegir a sus alcaldes. La vida les da una nueva oportunidad este 7 de octubre para revertir todo lo negativo, eligiendo a una mujer que tiene la falda bien puesta, y no le tiembla la mano para gobernar.

Otro factor, es que las autoridades que se sentaron en la silla edil no se amarraron bien los pantalones. Les hizo falta carácter, capacidad y decisión para imponer el principio de autoridad.

Yo represento el carácter y la decisión para hacer gestión, por algo no me dicen “La dama de hierro”. A las mujeres nos gusta tener la casa limpia y ordenada, pues así voy a tener la casa municipal y el distrito.

¿Por qué involucrarse en los problemas del distrito?

Soy natural de Cutervo, hija de un rondero y de una mujer maravillosa que trabajó muy duro hasta los últimos días de su vida. Muy joven vine a Chiclayo para estudiar y proyectar un mejor futuro, fijé mi residencia en José Leonardo Ortiz, y a lo largo de más de la mitad de mi vida, junto a mi familia y mis vecinos, sufro y padezco la caótica situación del distrito, uno de los más grandes del país, cuyos alcaldes lo han sumido en la destrucción, en un lugar contaminado, inseguro, peligroso e intransitable.

En mi gestión no habrá ciudadanos de primera clase, ni de segunda ni de tercera, todos sumaremos esfuerzos para lograr una ciudad donde prevalezca el orden, el respeto, la limpieza, el deporte y la cultura. Para lograrlo, necesitamos de todos los leonardinos.

¿Sabe usted la necesidad del distrito?

Conozco de cerca la necesidad que se vive en José Leonardo Ortiz. Me convertí en una madre luchadora y diría hasta guerrera, porque he vivido momentos muy difíciles. En la zona donde vivía no había agua potable y para preparar los alimentos de mis hijos tenía que despertar a las cinco de la mañana para ir a una pileta cercana, y en otros casos, juntos a mis vecinas íbamos hasta alguna vivienda de la zona que contaba con pozo o una noria para acceder al líquido elemento.

¿Qué la lleva a postular a la alcaldía?

He decidido tomar al toro por las astas, porque como madre y leonardina me indigna ver a mi distrito en el abandono y el atraso. Me indigna ver cómo los niños juegan en la tierra o que vayan a sus colegios o a sus casas en medio de calles pestilentes e inseguras.

Leonardo Ortiz es una “bomba de tiempo”. ¿Qué hará?

A partir del primero de enero del 2019, Leonardo Ortiz va a comenzar a ser una nueva ciudad, un distrito con orden, limpieza, seguridad, cultura, deporte, educación, con parques y jardines.

Presentaré un proyecto de Ley para que el distrito sea declarado en emergencia por el gobierno central. Con urgencia se necesita el incremento del FONCOMUN y el Vaso de Leche, así como un presupuesto extraordinario para iniciar un agresivo trabajo de limpieza pública; pues se necesita combustible, mantenimiento de compactadoras y el pago a los conductores. Además, se pedirá protección patrimonial porque la municipalidad está muy endeudada y con muchos procesos judiciales.

Los primeros meses se tiene que trabajar con garantía y seguridad, y una vez que se tenga orden y estabilidad económica, empezar a cumplir con los acreedores, que con mucha confianza proveyeron a la comuna y creyeron en gestiones pasadas, viéndose afectados porque hasta el día de hoy no se cumple con sus pagos. No somos de la política del sinvergüenza y del “perro muerto”.

Implementaremos tres mini plantas procesadoras de residuos sólidos. Las compactadoras desarrollarán trabajo con una hoja de ruta por sector y por turnos, para tener un servicio eficiente y acertado.

El problema de infraestructura, ¿cómo lo resolverá?

Con urgencia debemos resolver el saneamiento físico legal y titulación de muchos sectores. Hay muchas propiedades que aún no están tituladas, y es una de las razones por las que el municipio no puede gestionar proyectos de agua y desagüe, pavimentación y electrificación.

Como profesional en Derecho tengo conocimiento y experiencia en titulación de predios, y junto al equipo de profesionales que me acompaña trabajaremos el saneamiento físico legal con el programa: “Formaliza tu predio”. Ello también dará seguridad jurídica a los propietarios; es más, su propiedad será atractiva en caso necesiten de un préstamo financiero.

La salud pública es deficiente. ¿Sabe usted eso?

Antes de postular a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, a través de la ONG que presido, realicé labor social en el distrito, comprobando que existe necesidad de salud pública.

Mi trabajo social lo inicio a partir de una experiencia dura de vida. Tras buen tiempo de estar internado en un hospital en la ciudad de Lima, al padecer de una delicada enfermedad, mi hijo falleció a la edad de 15 años.

Esa etapa de mi vida fue muy dura, los gastos de la medicina eran fuertes y a veces no tenía dinero ni para comer, lo que me llevaba a pedir a que alguien me colabore. Entendí que la vida es muy dura para quienes tienen seres queridos delicados de salud y más dura se vuelve cuando no se tienen los medios económicos.

En honor y en memoria de mi hijo, formé la ONG para ayudar a las personas que lo necesitan. Junto a mi equipo de trabajo, desde hace 11 años vengo visitando hospitales, pueblos jóvenes y viviendas donde hay personas enfermas que necesitan de un “granito de arena”. Pero eso no es todo, también realizamos jornadas médicas y de apoyo social.

Ahora, todo ese apoyo lo voy a trasladar al distrito de José Leonardo Ortiz y con apoyo de la cooperación internacional vamos a gestionar un hospital. Somos 230 mil leonardinos y resulta inaudito que no exista un nosocomio de nivel que ofrezca atención médica e internamiento para nuestra población.

Moshoqueque es un problema, ¿qué hacer?

Aunque parece complicado, el problema es sencillo de solucionar, solo hace falta decisión. El reordenamiento y la modernización de la recaudación son puntos neurálgicos para tener un efectivo control.

Gestión tras gestión han existido mafias que se apoderan de la recaudación. En mi gestión serán desterradas y castigadas por la justicia. El dinero que se recaude, irá a una cuenta intangible para volver a ser invertido en mejoras del mismo centro de abastos y los comerciantes puedan competir con los grandes supermercados que existen en la región.

¿Y la seguridad ciudadana?

Mi padre es un ex dirigente de las rondas campesinas de Cajamarca y su actuación en el orden social y pacificación del país ha dado muy buenos resultados. Ese modelo de seguridad ciudadana lo replicaré en José Leonardo Ortiz creando las rondas urbanas, a las que daremos personería jurídica para que pueda actuar junto a las juntas vecinales, la Policía Nacional y el Serenazgo.

Aparte, reuniré al empresariado privado para sumarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana, haciendo uso de cámaras de seguridad de sus empresas para vigilar las calles e identificar y denunciar a los que cometan algún delito.

Mi propuesta va por un trabajo coordinado y conjunto entre la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, la población, el empresariado privado y la Policía Nacional.

¿Cómo piensa mejorar la condición de las calles?

Como una forma de contribuir al orden y seguridad, así como sentar las bases del cambio de mi distrito, están en prioridad los proyectos integrales que cambiarán la imagen de las calles, pistas y veredas. En estos momentos es una vergüenza decir que se vive en Leonardo Ortiz, ningún transportista nos quiere hacer una carrera y si lo hace, la tarifa puede costar hasta 15 soles en taxi y 10 en mototaxi. 

En el primer año de trabajo edil, mi gestión está comprometida con la pavimentación de las principales avenidas como Villa Hermosa, Culpón, Balta Norte, Lora y Lora y Túpac Amaru. Además, se embloquetarán calles menores.

Usted habla de deporte… ¿Y el estadio?

Actualmente, nuestros niños, jóvenes y adultos no pueden hacer deporte competitivo porque el recinto deportivo se encuentra en mal estado, la actual gestión municipal y las que han pasado han convertido el estadio en una cochera de vehículos y hasta en cementerio de carros.

Yo apuesto por el deporte como un medio de contribuir en la lucha contra la delincuencia, y para ello es necesario la recuperación de nuestro estadio y la construcción de complejos deportivos en cada uno de los pueblos jóvenes.

¿Qué otro problema aborda su plan de trabajo?

En el distrito no existe un cementerio. Las personas que fallecen tienen que ser llevadas por sus seres queridos a recibir cristiana sepultura a campos santos de Chiclayo o fuera de la provincia. En mi plan de gestión edil existe la propuesta de gestionar un lugar de descanso eterno bajo administración municipal, así como una funeraria, orientada especialmente para la gente de bajos recursos económicos.

En la casa edil existen muchos problemas, ¿creeque será fácil gobernar?

Si no nos organizamos, jamás saldremos adelante. Como abogada respetaré el derecho de los trabajadores, pero antepondré el derecho de los ciudadanos a tener buenos trabajadores. Mi gobierno será de puertas abiertas para todos los vecinos, para que juntos y unidos lograr el desarrollo que queremos.

Tengo una hoja de vida intachable. A diferencia de mis rivales políticos, nunca he tenido problemas con la justicia, y esa misma premisa mantendré al interior de la comuna.

En la gestión municipal, que de seguro el pueblo me encomendará sembrando una “semilla para el desarrollo”, este 7 de octubre no habrá borrón y cuenta nueva. Si hay que poner mano dura, lo haré e impondré el principio de autoridad dentro del marco de la Ley. Tenemos que pasar las páginas negras que nos ha tocado vivir estos últimos años y comenzaremos a escribir una nueva etapa en la vida de José Leonardo Ortiz.