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La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de disponer que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo adopte las medidas de corrección o protección a favor de Edwin Oviedo Picchotito, en la investigación que le sigue la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado – FECOR, por su presunta participación en una organización criminal al interior de la Empresa Agroindustrial Tumán, pone sobre la mesa la posibilidad de que todo lo actuado por el Ministerio Público, en lo referido al empresario, sea declarado nulo.
En concreto, la resolución emitida el 31 de enero de este año hace referencia a la Casación N° 326-2016, dada en noviembre del año pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a favor de Oviedo Picchotito, por la cual deja sin efecto la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que desestimó la tutela de derechos que en primera instancia se le concedió al empresario, contra quien la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Carrasco Millones, no presentó imputación real para incriminarlo en el caso también conocido como “Wachiturros”.
En la casación, la suprema otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio Público subsane la investigación a Oviedo Picchotito y precise cuáles eran los hechos o elementos de convicción por los que lo sindica como líder de la presunta organización criminal, detallando así su imputación.
En consecuencia, la Sala Penal Permanente decidió adicional a su casación el contenido a referido a que el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reynaldo Leonardo Carrillo, que revisa el caso “Wachiturros”, dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan “para hacer eficaz lo resuelto en la sentencia casatoria del 23 de noviembre del 2016 y, de ser el caso, aplicar lo establecido al Título III del Libro Segundo del Código Procesal Penal”.
POSIBLE NULIDAD
Por esto último, el abogado Carlos Isla Montaño, defensor legal de Edwin Oviedo, sostiene que existe la posibilidad de que el Poder Judicial declare la nulidad de lo actuado por el Ministerio Público respecto del empresario azucarero, considerando además que la FECOR Lambayeque – según afirma – no cumplió con lo indicado en la sentencia casatoria de subsanar su investigación en el plazo de cinco días.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le está ordenando al juez que adopte todas las medidas de protección, todas las medidas correctivas para que se cumpla con su mandato, y esto porque se le dio al Ministerio Público un plazo determinado para que subsane la imputación contra mi patrocinado de ser posible hacerlo. Sin embargo, transcurrido ese plazo el Ministerio Público hizo caso omiso al mandato supremo y respondió señalando que había operado una sustracción de la materia y, por lo tanto, con la formalización de la investigación preparatoria ya había señalado la real imputación. Eso nosotros lo consideramos una burla, un acto arbitrario, una falta de respeto al órgano supremo del Poder Judicial en su última instancia”, precisa el abogado.
Isla Montaño refiere que a insistencia de la defensa técnica de Oviedo Picchotito la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre su casación vía aclaración, precisando qué acciones debe tomar el juzgado de investigación preparatoria.
“Le dice al juez que no solo tome medidas correctivas y de protección, sino que además puede aplicar el Código Procesal Penal en el extremo de nulidades; es decir, que si este advierte que la investigación es nula tendrá que declararla como tal, porque desde ya la Corte Suprema ha dicho que la investigación es incongruente, contradictoria, vulnera el derecho a la defensa y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no surte ningún efecto legal. En base a esta nueva resolución suprema el juzgado debe pronunciarse”, asevera.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El letrado cuestiona que pese a no haber precisado la imputación respecto al empresario, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado haya solicitado al despacho de Leonardo Carrillo el levantamiento de las comunicaciones contra Oviedo Picchotito, agravando – según dice – la vulneración de derechos.
“Cómo es posible que sin haber definido si existen o no cargos o imputaciones contra el señor Edwin Oviedo, el Ministerio Público pida el levantamiento de las telecomunicaciones, eso es absurdo. Si la fiscalía no ha podido indicar cuál es la supuesta participación ni detallar cuáles son los cargos del señor Oviedo en el caso Tumán, lo que queda corroborado con esta nueva resolución de la Corte Suprema, queda entonces claro que no procede ninguna medida de restricción en su contra, y esto porque no es posible defender a un investigado en tanto el Ministerio Público no ha precisado cuáles son los cargos. Eso vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso”, señala.
José Carlos Isla sostiene que la nulidad de la investigación contra Oviedo Picchotito es una posibilidad que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria puede adoptar, por existir indicios suficientes de que el procedimiento fiscal ha sido irregular.
“No hay un plazo señalado en la resolución pero se entiende que el accionar del juzgado debe ser a la brevedad. El señor Oviedo viene siendo investigado hace dos años y él ha colaborado con la justifica porque es el primer interesado en que esta situación se esclarezca. Sin embargo. Una persona no puede estar investigada por siempre, y por eso la Corte Suprema le ha pedido al Ministerio Público que cumpla con indicar cuáles son los cargos mínimos para que el señor Oviedo pueda defenderse”, manifiesta.
La decisión de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema tiene carácter de inapelable, y es la segunda que se da en relación a la necesidad de que la fiscalía defina la participación de Oviedo Picchotito en el caso Wachiturros, en el que se sindican delitos como asociación ilícita para delinquir, extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas y otros.
INFORMACIÓN FINANCIERA
Por otro lado, el abogado hizo referencia al requerimiento de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, que a través del Oficio N°2361-2015-MP-2°FPPC-CH/5°DI, ha solicitado al Primer Juzgado Civil y Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo los informes financieros y todo acto jurídico que el Grupo Oviedo, a través de su ex administración judicial, ejecutó en la Empresa Agroindustrial Tumán.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal N° 2361-2015, a cargo fiscal Carlos Osores Padilla, esta investigación preliminar se formalizó por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, fraude procesal, falsedad ideológica, evasión tributaria y daños.
Al respecto, Isla Montaño indica que en ambos despachos judiciales se encuentra toda la información económica, financiera y contable que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata alcanzó de manera trimestral y anual, así como los estados financieros auditados que aparecen publicados en la Bolsa de Valores.
“En el expediente judicial en el Séptimo Juzgado Civil existen informes trimestrales que versan sobre aspectos económicos, financieros y contables de la empresa, alcanzados a lo largo de los últimos ocho años. Estos informes fueron puestos de conocimiento de las partes y nunca fueron impugnados, por lo que se entiende que fueron correctos. En buena hora que el Ministerio Público pida esa información, seguramente los jugados responderán, porque además dos peritos judiciales validaron el manejo de la compañía durante la permanencia de la administración de Segundo Ordinola Zapata”, resalta.
Añade que, por el contrario, en los últimos dos años no se han presentado los informes trimestrales del manejo financiero de la azucarera y tampoco los estados que las empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Lima, como es el caso de Tumán, están obligadas a presentar.
“Esa conducta debe ser investigada por el juzgado. Durante los ocho años de la administración judicial que encabezó Segundo Ordinola Zapata se entregaron estados financieros y se auditó a la empresa, por eso es que estamos llanos a que se revise esa información, pero también pedimos al Ministerio Público que de igual modo investigue qué ha pasado en los dos últimos años respecto al manejo de la empresa”, enfatiza.
Los efectos de El Niño Costero sobre la producción agrícola y exportadora son altos. Millones de dólares en pérdidas se contabilizan desde Tumbes hasta Áncash, y en Lambayeque la producción de mango y palta atraviesa una situación crítica. A decir del presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Max Santolaya Silva, lo sucedido pone nuevamente sobre la mesa la urgente necesidad de gestionar la ejecución del Plan Hidráulico Regional.
En octubre del 2011 Lambayeque fue el primer departamento en entregar su Plan Hidráulico Regional al Ministerio de Agricultura y Riego, que por aquel entonces tenía como titular a Milton Von Hesse. El completo documento fue resultado de un minucioso trabajo técnico iniciado en el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, y respaldado con asistencia internacional gestionada por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
El estudio, que contempla la ejecución de un total de 19 represas distribuidas estratégicamente en los valles Zaña, Chancay – Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y Casjacales, así como obras hidráulicas y drenajes, tiene como propósito avanzar en el represamiento, regulación y administración del recurso hídrico para uso poblacional y agrícola, además de promover la prevención de inundaciones y desbordes, además de frenar la pérdida anual de millones de metros cúbicos de agua.
“Indudablemente el agua es vida y siempre han sido esperadas, igual que las crecidas de los ríos, anheladas a lo largo de la historia. Recordemos que antes la gente celebraba estos acontecimientos, no había represas y el incremento de los caudales permitía la agricultura. No es malo, lo que pasa es que hemos olvidado tratar el agua de las lluvias. Quizá mi opinión no les agrade a muchos pero es cierto, ni el Estado, ni las autoridades, ni los empresarios ni los agricultores hemos aprendido a tratar los procesos de inundación, con prevención y obras. Eso es culpa humana. Hemos olvidado también la importancia de las obras de infraestructura hidráulica, por eso se hace necesario que se piense con mayor responsabilidad y visión la ejecución del Plan Hidráulico de Lambayeque”, refiere el presidente de AREX.
Las elevadas temperaturas, las lluvias e inundaciones han afectado las cosechas y trastornado las etapas de producción de agroexportables, porque han madurado más rápido los frutos.
“El calor ha originado un poco más de enfermedades, y al mojarse los frutos han aparecido hongos y se ha afectado la misma producción”, manifiesta.
SECTOR EXPORTADOR
Santolaya Silva señala que la temporada de lluvias iniciada en febrero pasado ha ocasionado diferentes impactos negativos en el sector agroexportador, no solo por las precipitaciones que han dañado el proceso de florecimiento de los frutos, sino también por la aparición de hongos, plagas y, sobre todo, por el daño a la infraestructura vial, como puentes y carreteras, que han impedido el cumplimiento de los envíos al exterior en el tiempo fijado según los acuerdos de importación.
“Los cultivos más afectados son los de época, sobre todo los de mango y palta. El período climático ha originado que el mango madure más rápido, no en los ciclos que estaba programado, hay que añadir que el tratamiento del mago para exportación indica que este debe ser lavado en agua de 38° de temperatura y pase el control de sanidad, del que se encarga Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA”, explica.
Y es precisamente en esto último en lo que los productores agroexportadores han tenido mayores complicaciones, pues el SENASA no ha flexibilizado sus estándares a fin de garantizar que todo lo comercializador en el exterior reúna las condiciones de calidad.
“El SENASA no tiene límites, no considera de que porque hay emergencia o ha llovido mucho hay que ser condescendientes. No, es drástico, certifica que los frutos tengan tales lavados, tales controles, tales temperaturas y si no se tiene no da el visto bueno para la exportación, lo que en realidad es muy bueno, porque se trata de imagen del país”, sostiene el dirigente empresarial.
INCUMPLIMIENTOS
“El 2017 está siendo un mal año por el incumplimiento en los envíos, por las afectaciones al mango y a la palta. Si el producto no se exporta, se vende aquí, hay otras alternativas, por eso lo más grave es el incumplimiento en los envíos y la mala imagen que se proyecta como país a pesar de estar en emergencia, con lluvias continuas. Al importador eso no le importa”, asevera Max Santolaya.
Anota que la campaña de la uva se terminó con la cosecha, antes de la segunda semana de marzo y se alcanzó a exportar sin que haya lluvias de gran intensidad. Por otro lado, hay cultivos de arándano y aguaymanto que no son masivos, son en pequeñas cantidades y en diferentes lugares, cuya afectación es mínima. “Son cultivos experimentales, exportaciones de 30 mil dólares que si bien afectan no lo son tan perjudiciales como las de tres o cuatro millones de dólares”, refiere presidente de AREX.
Respecto a los ajíes y pimientos no se han reportado problemas hasta ahora, porque la cosecha es entre diciembre y enero. “Esperemos que la situación no continúe ni genere condiciones de plagas o enfermedades al agro”, confía.
Comenta que la temporada de lluvias ha implicado un esfuerzo mayor y elevar los costos totales del tratamiento de los productos agroindustriales. “La angustia de los agricultores en este caso ha sido el incumplimiento y las multas que se aplican por no cumplir fechas y plazos por problemas en el transporte. Lo más grave de todo es la interrupción de las carreteras”, señala.
Agrega que otro problema es el que se ha presentado con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que pese a que las exportaciones tienen un reintegro del Impuesto General a las Ventas – IGV, y del reconocimiento del pago de gastos con otros subproductos, esto se da post exportación, y la exportación con carreteras rotas sufre el desmedro y el incumplimiento de los contratos. “No poder llegar a Paita, por ejemplo, y embarcar el producto en las fechas programadas tiene sanción internacional por falta de cumplimiento y sobre eso la SUNAT no ha tenido ningún reparo”, indica Santolaya Silva.
PROBLEMAS COLATERALES
Otro problema del sector es que en la zona rural los trabajadores tampoco pueden llegar a sus centros de producción agrícola debido a que han quedado aislados o sufren el encarecimiento del transporte.
“Ellos no pueden dejar a sus familias con el drama de las lluvias, de la inundación, del huaico o del puente roto. Esta emergencia ha sido general, pero muy dura para los sectores rurales. Todas estas situaciones sufren los productores agroexportadores por la emergencia presentada, en la que no hay condescendencia”, señala.
Frente a esta situación, Max Santolaya refiere que el Estado debe también extender mecanismos de apoyo al sector agroexportador, debido a que su crecimiento permite ingresos económicos al país y beneficios colectivos.
“El Estado, como socio de los exportadores por los ingresos y las divisas que recibe, tiene que considerarse afectado directo. Por ello es importante que se coordine entre el empresariado, el gobierno y la academia soluciones a este problema, se trata de un trípode que debe activarse, somos socios en la generación de trabajo y de ingresos para el país, y el gobierno debe ser consciente de eso. Afectados no solo son los exportadores, también los agricultores quienes tienen inconvenientes para sacar sus productos”, asevera.
Anota que durante las visitas del ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, se le ha hecho ver la problemática y este es consciente de lo que está pasando en el sector, pero no se han tomado medidas “porque todo está concentrado en el factor humano más que en lo empresarial y productivo”, precisa.
Integrar el sistema de drenaje agrícola y las acequias que cruzan Chiclayo metropolitano al futuro drenaje pluvial es una de las propuestas que plantea el ingeniero Walter Morales Uchofen, especialista en hidrología y actual decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG de Lambayeque, quien rememora la importancia que estas tuvieron durante El Niño de 1998 para evacuar las aguas acumuladas producto de las lluvias.
“Considero que debe dársele especial atención a los sistemas que existen en Chiclayo de canales y drenes, porque para evacuar las aguas de lluvia en algún momento no vamos a hacer nuevos canales, sino aprovechar los existentes. Por ello, hay necesidad de darles un mejor tratamiento, reforzar los drenes, mejorarlos y restituir todo el sistema, evitar que estén colmatados o que se llenen de basura”, refiere el experto.
Anota que es necesario dar mantenimiento frecuente al sistema de drenaje cuya función es disminuir el agua del subsuelo, más porque durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño de 1998 permitió evacuar las aguas acumulas en Chiclayo.
“Deben protegerse, evitar rellenarlos, porque intensiones de este tipo ya se han presentado. Respecto a los canales existentes deben mejorarse también”, asevera.
Destaca que estas infraestructuras de tipo agrícola tienen una topografía definida y su operatividad está comprobada. “No pueden dejarse de lado, porque serán los futuros evacuadores de cualquier proyecto que se haga en Chiclayo para evacuar las aguas de lluvia. Si se les da mantenimiento, quizá revestimiento e incluso si se elevan los bordos, se tendría un mejor sistema de protección para la ciudad”, explica.
REALIDAD DE LOS DRENES
La Comisión de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Agricultura y técnicos del Gobierno Regional de Lambayeque realizó en los tramos finales de los drenes 1000, 2000, 4000 y 5000, inspecciones que permitieron definir cuál es la situación del sistema en la actualidad.
El primero de ellos, por ejemplo, recibe varios drenes secundarios en su tramo final. En él se apreció un agua clara y sin mal olor, pero con el ramal sur contaminado. Según el informe de la comisión, se apreció que en algunos tramos del dren 1000, ubicado en jurisdicción de Lambayeque, han sido instaladas motobombas para irrigar los campos aleñados.
Asimismo, se encontró un botadero de basura que, según el documento, sería posiblemente utilizado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque por su amplitud y acondicionamiento con entradas de acceso.
Por otro lado, junto a la fábrica San Roque, a la salida de Lambayeque, se encuentra el dren 2000, que desemboca cerca a San José. Según el informe, se encuentra limpio a la altura del puente en la Panamericana Norte, pero con basura acumulándose. Este se desbordó recientemente producto de las lluvias de marzo.
Se encontró que este dren tiene un represamiento oficial con obras de ingeniería y compuertas que evidentemente facilitan el riego de las chacras circundantes. Asimismo, se señala como evidente que la finalidad del dren ha sido trastocada, porque “si el agua contaminada es represada ya no cumple ninguna función de drenaje, sino más bien se ha convertido en una obra de infraestructura de riego”.
Siguiendo con la corriente hacia el mar, el dren 2000 se encuentra cubierto de totora y otras plantas acuáticas. En la parte final de desembocadura se cubre de cemento en un buen tramo sin la existencia de una vía de acceso terrestre.
Uno de los drenes más contaminados es el de Santa Rosa o dren 4000. Este emite un olor fétido muy fuerte y llega contaminado desde Pomalca. Asimismo, se encontraba libre de plantas acuáticas pues fue limpiado como parte de las obras de prevención del Fenómeno El Niño 2016.
Desde el trayecto de la nueva carretera Chiclayo – Monsefú hasta la caleta de Santa Rosa se presencian desagües de la zona urbana, basura amontonada y olores pestilentes. Estos problemas se ubican cercanos tanto a la población como al mercado local, centro de procesamiento de pescado y el desembarque del mismo, según el informe.
El último dren inspeccionado fue el de Monsefú y Santa Rosa o dren 5000. Este no se encuentra aparentemente muy contaminado, pues desciende por tierras poco pobladas. Según el informe, no se percibieron olores fétidos fuertes, se encontró limpio en todo su cauce y dio muestras de haber recibido mantenimiento.
Asimismo se identificó las descargas de aguas residuales a los drenes 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 hacia el mar, y las descargas de aguas residuales de los drenes 6000 y 7100 al río Reque, que afectan la calidad del agua.
El referido informe también detalla las fuentes contaminantes de algunos drenes. Por ejemplo, el dren 1000 tiene 13 fuentes contaminantes entre el tipo de agua residual doméstico, industrial, municipal y botaderos de residuos sólidos.
Del mismo modo, los drenes 2000, 3000, 4000 y 5000 tienen nueve, seis, 12 y dos fuentes contaminantes, respectivamente, entre tipo de agua residual doméstica, industrial y municipal. Los drenes 6000 y 7100 solo tienen una fuente contaminante.
LAS ACEQUIAS
Respecto a las acequias que cruzan la ciudad, Morales Uchofen recuerda que antes la acequia Cois, que divide a Chiclayo de José Leonardo Ortiz, tenía una sección mucho más grande, que con el tiempo se fue reduciendo sin considerar que la importancia que esta tiene para la prevención de inundaciones.
“Se amerita que se mejore también el sistema de canales. La acequia Cois debe recibir mantenimiento, igual que las acequias Yortuque y Pulen, que deben tener todo el trazo revestido, protegerlas e incrementar sus bordos. Lamentablemente estas se han ido reduciendo e incluso cubriendo en algunas partes, siendo esto un peligro latente para la ciudad”, manifiesta.
LAS INTENSIDADES
Morales Uchofen señala que la construcción del sistema de drenaje pluvial para el departamento no solo pasa por procesos ingenieriles que permitan el aprovechamiento de las pendientes para la evacuación de las aguas de lluvias, sino también la estimación de otros factores relacionados a la hidrología, como la intensidad de las precipitaciones, cuyo promedio anual es distinto en las diferentes ciudades.
Sobre esto existe abundante información generada a partir de la evaluación en las distintas estaciones meteorológicas que operan en el departamento, sobre las cuales se han aplicado cálculos que han permitido definir los indicadores por distrito.
“He realizado trabajos de investigación en la facultad haciendo uso de la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía – SENAMHI, generando mapas de intensidades que con criterio técnico-científico he propuesto. Pero no solo eso, también he generado fórmulas que pueden utilizarse para calcular la intensidad de las lluvias en Lambayeque, Motupe, Olmos, Cayaltí, Ferreñafe y otros lugares, elaborados a partir de la información real empleando documentación de investigadores extranjeros, pero aplicando fórmulas específicas para cada sector”, explica.
Detalla que los mapas generados consideran la información de las fuentes hidrológicas que funcionan en Lambayeque.
“Tenemos información, solamente que hay que darle el adecuado uso. Esto servirá para contrastar los proyectos que se presenten en adelante respecto al drenaje pluvial. Se requiere de esta información para verificar los parámetros básicos que se deben considerar para ejecutar un proyecto de drenaje pluvial”, manifiesta.
POCA ATENCIÓN
El investigador lamenta que pese a la existencia de diversos estudios que sirven de base para la generación de proyectos de alta ingeniería, como el de un drenaje pluvial para Chiclayo, por ejemplo, no se les haya tomado en cuenta a nivel de gobierno regional y local.
“Están plasmados en documentos, pero simplemente las autoridades no les dan la atención aun cuando se trata de información muy valiosa”, cuestiona.
Añade, que como investigador ha trabajado junto al Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI en la elaboración de diversos estudios de vulnerabilidad para Ciudad Eten, Puerto Eten, Monsefú, Reque, Lambayeque y Ferreñafe, documentos que han sido oportunamente entregados a los municipios, pero a los que tampoco se les ha dado el tratamiento adecuado.
“Esa información está en los municipios, también la posee el INDECI, y con esta fue posible identificar muchas zonas de peligro o alta vulnerabilidad, pero lamentablemente nunca se le dio la atención debida”, asevera.
LAS PENDIENTES
En la realización del proyecto de drenaje pluvial, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo manifiesta que las pendientes son otro factor determinante para la efectividad de los trabajos, por lo que es necesario que se realice en Chiclayo un adecuado y minucioso levantamiento topográfico, a fin de aprovechar las condiciones naturales del suelo para la eliminación de las aguas pluviales.
“Es lo primero que tiene que hacerse, el levantamiento topográfico es fundamental para todo proyecto de drenaje pluvial. Chiclayo aparentemente es plano, pero cuando llueve es fácil observar que el agua discurre en una dirección y esto sucede porque hay desniveles. Por más plana que sea la ciudad, el agua siempre irá al oeste, por eso es necesario el estudio topográfico a detalle, integral”, precisa.
Anota que la ciudad de Lambayeque presenta similares características, e incluso la información que se tiene de esta es mucho más minuciosa debido a que cuenta con una estación meteorológica propia.
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La intromisión política en las decisiones técnicas que requiere la ciudad es una práctica cada vez más notoria. Eso ha pasado con el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo, cuya formulación quedó en stand by, pese a la imperiosa necesidad de su formulación y aplicación. Al respecto, el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque, exjefe del equipo multidisciplinario que trabajó en los primeros procesos del documento, señala que la falta de voluntad de las autoridades actuales le carga una costosa factura al crecimiento urbano.
En Chiclayo son diversos los documentos técnicos no atendidos por las autoridades de turno. El Plan Director de 1992 quedó en el olvido sin que se alcancen la totalidad de sus objetivos y la misma suerte corrió el Plan de Desarrollo Urbano – PDU, elaborado por los colegios profesionales para el período 2010-2015, que pese a haber sido aprobado por el concejo provincial para su aplicación, el actual alcalde David Cornejo Chinguel optó por desconocerlo, no impulsar su actualización y apostar por un nuevo documento: el Plan de Desarrollo Metropolitano.
En marzo del 2015 la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para viabilizar la elaboración del estudio, que empezó en junio de ese año. Sin embargo, cinco meses después se frenó lo avanzado.
Rodolfo Arbulú y el equipo técnico que trabajaba en los estudios previos a la socialización del estudio, necesaria para la elaboración de las propuestas, fue cesado por la autoridad municipal y desde entonces poco es lo que se conoce del nuevo documento, sin cuya existencia resulta imposible, por ejemplo, el diseño de proyectos de índole multidistrital o tan prioritarios como el drenaje pluvial.
Hace un año, en febrero del 2016, Arbulú Chereque señaló que la falta de voluntad política era una de las principales trabas para la continuidad del trabajo que realizaban los técnicos.
Falta de apoyo logístico, presunto aprovechamiento por parte de un funcionario de confianza del alcalde y desinterés, fueron las razones que motivaron al equipo técnico a dar un paso al costado. Solo el Colegio de Arquitectos ofrecía el acompañamiento que por entonces se requería.
¿QUÉ SE AVANZÓ?
En la fase de diagnóstico, el equipo dirigido por Arbulú Chereque pudo determinar una serie de indicadores básicos para proyectar el crecimiento, ordenamiento y la priorización de obras de compleja ejecución para Chiclayo.
El área metropolitana, que ya en el PDU del 2010 se había definido por la integración de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Monsefú, Pimentel, Santa Rosa, Reque, Ciudad y Puerto Eten, Picsi, Lagunas, San José y Lambayeque capital, es un espacio común de actividades urbanas, sociales, económicas, políticas, administrativas, físico-especiales y ambientales que requieren de atenciones y soluciones integrales.
La proyección avanzó sobre los indicadores de densidad poblacional al 2025 en diversos escenarios, desde lo más moderado hasta lo más explosivo, que considera que el número de habitantes podría incrementarse en 351 mil ciudadanos aproximadamente.
Se evaluó el crecimiento del comercio, que para ese entonces (diciembre del 2015) era de 7.8 % al año, y la necesidad de contar con infraestructura urbana capaz de soportar tal índice de expansión, así como ofrecer mejores servicios. A esto se sumó el aumento del flujo turístico, de la actividad industrial y también del sector inmobiliario. Los técnicos estimaron que en Chiclayo metropolitano existe un déficit de aproximadamente 32 mil viviendas, cifra que al 2025 podría llegar a 48 mil.
También se estudió el factor transporte y el crecimiento del parque automotor. Otro aspecto fue el freno a la expansión urbana que representa el Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales y la base del Grupo Aéreo N° 6, el uso del suelo y los déficits de infraestructura de servicios.
Como se ha dicho, el diagnóstico estaba listo y era necesario avanzar en una siguiente etapa: la socialización de propuestas de solución.
“Tocaba entonces el proceso de diálogo con la colectividad chiclayana para conocer más de cerca los problemas y características del territorio para solucionarlos de manera armónica. No era posible formular propuestas sin tener talleres con la población. Sin embargo, no hubo el apoyo de la municipalidad para ello y por eso se detuvo el proceso y ahí está, hasta que la clase política entienda lo conveniente que es trabajar en ese sentido”, comenta.
El equipo técnico estaba conformado por arquitectos, economistas, sociólogos, especialistas en sistemas de información geográfica y otros profesionales más.
LO QUE NO SE HACE
El Plan de Desarrollo Urbano - PDU 2010-2015 fue aprobado en febrero del 2016. Conforme se observa en el portal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo la última actualización hecha al documento corresponde a enero de ese año y desde entonces no se le ha sometido a revisión y muchos menos a discusión, pese a ser la herramienta vigente para el ordenamiento de la ciudad.
Es precisamente lo que recuerda Rodolfo Arbulú, quien sostiene que corresponde a los funcionarios y técnicos de la comuna propiciar la permanente actualización del PDU, en tanto se avanza con la formulación del Plan Metropolitano. Empero, a la luz de los resultados en el municipio no se ejecuta ninguna de las dos tareas.
“Lo que nosotros trabajábamos con el Plan Metropolitano era la proyección de las grandes obras que requiere la ciudad pensando en el futuro, como, por ejemplo, cuando se haga realidad la construcción del Terminal Portuario de Eten, cuando se reubique el aeropuerto y se construya uno verdaderamente internacional, cuando se habilite la zona franca industrial y se concreten las expansiones urbanas hacia el norte, el sur y el oeste”, señala.
EL ÁREA METROPOLITANA
Arbulú Chereque sostiene que no es posible planificar el crecimiento de Chiclayo asumiendo que el área metropolitana la conforman únicamente el distrito capital, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Sino que hay la necesidad de asumir una visión de toda la zona conurbana que la integran 14 localidades.
“No podemos dejar de planificar sobre eso y pensar en las grandes infraestructura viales, de drenaje pluvial, de protección del río Reque, por ejemplo, que es un factor de vulnerabilidad constante para Monsefú, Reque y Ciudad Eten. Lamentablemente la clase política no muestra interés en este tipo de aspectos, no se identifica con los anhelos de la ciudad. El alcalde actual es ingeniero, por lo tanto debe interesarse en esto”, refiere.
EL ORDENAMIENTO
Desde el 2011 está postergado también en Plan de Acondicionamiento Territorial, cuya última actualización se remonta a enero del 2016.
Cuando el equipo del Plan Metropolitano accionaba en la elaboración del documento se nutrió de la información disponible del proceso del Ordenamiento Territorial que desarrolla el Gobierno Regional de Lambayeque, cuya formulación también está inconclusa.
“Uno de los documentos que nos sirvió de base fue la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE elaborada por el gobierno regional, que también se ha retrasado en la conclusión del Ordenamiento Territorial. Sin embargo, lo trabajado fue de mucha importancia. Lamentablemente no todos los estamentos del Estado trabajan de manera armónica en la formulación de estas herramientas que son fundamentales para mejorar, ordenar y crecer de manera sostenible”, menciona Rodolfo Arbulú.
EL STATUS QUO
¿Otros factores retrasan el ordenamiento de Chiclayo? Arbulú Chereque señala que sí, y en esto tiene que ver mucho la corrupción, porque la correcta aplicación de los planes de desarrollo regularían el exceso de libertades que existe para actividades como la inmobiliaria, por ejemplo, que se desenvuelve sin respetar los parámetros urbanísticos y los mapas de riesgo, vulnerabilidad y peligro que también existen en la ciudad, pero que no se aplican.
“El factor corrupción acompaña al Estado en toda su historia, y esa es una razón de la falta de orden. No es posible que siga pensando en el diezmo de las obras de infraestructura con el saldo de que estas resultan no se efectivas para la beneficio de la comunidad. Hay también quienes ganan en el desorden y a ellos no les convienen procesos de planificación y regulación urbana”, señala.
Añade que la gestión municipal demanda de las autoridades preparación previa en asuntos referidos al manejo y organización de las ciudades. Su ausencia genera pasivos a la competitividad y el crecimiento armónico.
“Sinceramente creo que otro problema es que los períodos municipales son muy cortos. Cuatro años son insuficientes para que una autoridad pueda llevar adelante planes de organización y mejora en una ciudad. A esto se suma que muchos gobernantes llegan sin conocimiento previo de la normatividad, tiene que aprender en el camino y se encuentra con gravísimos problemas internos que retrasan los procesos de desarrollo tal y como está pasando en Chiclayo”.
