En el valle del Chancay-Lambayeque, más de 2000 pequeños y medianos agricultores dedicados al cultivo de la caña de azúcar viven una encrucijada económica y operativa insostenible. La inoperatividad paralela de emblemáticos ingenios como Tumán y Pucalá impide que miles de toneladas de caña sean procesadas en la región. Ante esta parálisis industrial, los cañicultores se ven forzados a trasladar su cosecha a distancias remotas como Olmos o Trujillo, soportando intermediaciones abusivas, fletes desmedidos y precios de venta que ni siquiera cubren los costos básicos de producción.
Lo que durante décadas representó una actividad próspera y tradicional en el norte peruano hoy se ha transformado en un espiral de endeudamiento, pérdida de capital y desesperación. La falta de infraestructura de molienda en la región ha quebrado la cadena productiva, dejando a los productores a merced de acopiadores intermediarios y pagos que no cubren sus gastos.
La quiebra de la molienda local
La raíz del colapso que sufren los cañicultores lambayecanos radica en la pérdida paulatina de la capacidad industrial azucarera en Lambayeque. Históricamente, el valle contaba con fábricas procesadoras emblemáticas que absorbían la totalidad de la cosecha local, siendo ellas Tumán (la de mayor recepción de caña) y Pucalá. Sin embargo, paralizaciones administrativas, conflictos judiciales y el desmantelamiento progresivo de sus instalaciones sepultaron la capacidad de molienda. A ello se suma la desaparición del ingenio azucarero de Cayaltí, en tanto Pomalca, la única azucarera que se mantiene a flote, cubre su demanda al tener la totalidad de sus campos sembrados, alcanzando una producción diaria de dos mil bolsas.
Wilberto Cabrejos Flores, vicepresidente de la Asociación de Cañicultores del Valle Chancay Lambayeque, explica el origen cronológico de esta parálisis.
"Desde el 2015, cuando ocurrió la salida del Grupo Oviedo de la Empresa Agroindustrial Tumán, por motivos que muchos de ustedes conocen como lambayecanos, prácticamente ese ingenio dejó de operar. Actualmente, el ingenio está desmantelado, con su fábrica canibalizada. Posteriormente, ha sucedido lo mismo con Pucalá, casi desde el año 2017 o 2018, que se encuentra en el mismo estado”, menciona.
Con los ingenios de Tumán y Pucalá totalmente inactivos, el panorama industrial se redujo drásticamente. Sin opciones técnicas ni comerciales dentro en el valle, los productores locales quedan obligados a enviar el fruto de su trabajo a más de 200 kilómetros de distancia, dirigiéndose a Olmos o hacia los valles de La Libertad. Este desplazamiento forzado implica asumir exorbitantes gastos de flete y lidiar con una compleja cadena de intermediarios que minan cualquier margen de ganancia.
Producción a pérdida
Las cifras económicas que manejan las asociaciones de cañicultores reflejan un quebranto sistemático. El período vegetativo de la caña de azúcar exige un compromiso prolongado de tiempo y capital. Un cultivo tradicional de caña planta demanda hasta 18 meses, riego y mantenimiento en campo antes de ser cosechado, mientras que la caña soca requiere entre 12 y 14 meses. Durante este extenso lapso, el agricultor invierte sumas cuantiosas en fertilizantes, agua de regadío y mano de obra.
Actualmente, los costos de producción por hectárea fluctúan entre los S/11 000 y S/14 000. Desglosado por volumen, producir una sola tonelada de caña de azúcar cuesta en promedio 75 soles. No obstante, el valor que reciben los productores al vender su cosecha no cubre este desembolso básico.
Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Agricultor Peruano, da cuenta del desplome de los precios comerciales y la pérdida directa a la que son sometidos.
"El problema es el precio, porque ellos (los ingenios de Olmos y La Libertad) a nosotros nos están pagando 45 soles la tonelada de caña. La tonelada normalmente antes se ha pagado a 120 e incluso nosotros hemos vendido hasta en 140 y 160 soles la tonelada. Para nosotros sinceramente es un precio de pérdida, pues ni siquiera recuperamos el capital que invertimos. Una tonelada está en promedio de 75 soles el costo de producción. Estamos a pérdida”.
Otra forma de entender el impacto es comparando con los precios de la bolsa de azúcar. Actualmente, en el mercado nacional se puede llegar a pagar hasta S/190. Por cada tonelada de caña que entra a la molienda se producen poco más de dos bolsas de azúcar, lo que hace un aproximado de S/380. Sin embargo, al cañicultor se le paga S/45 por tonelada de caña.
A esta desproporción se le suma el alto costo de los insumos operativos para el transporte. El incremento en los combustibles encarece los fletes hacia los ingenios de Trujillo.
Caña remadura en campo
El impacto del retraso en la molienda no solo es financiero, sino también biológico y cualitativo. Al no contar con un cupo de entrega garantizado y ágil en las plantas procesadoras, los cañaverales quedan abandonados, superando holgadamente su ciclo óptimo de maduración. La caña que no se cosecha a tiempo se seco-remadura en el tallo, perdiendo concentración de sacarosa y degradando su rendimiento industrial.
Salinas Barba expresa la frustración del gremio ante la falta de atención por parte de las grandes empresas compradoras, como el Grupo Gloria en La Libertad. Precisamente, Gloria ha pedido que los cañicultores de Lambayeque se agrupen, a fin de evitar a los intermediarios.
"Nadie nos quiere llevar la caña por el momento, ni regalada la quieren. Las cañas están ahí que se remaduran. Ellos no nos quieren atender porque primeramente han querido sacar todo lo que tienen en stock. Están procurando sacar todos sus campos y a nosotros nos tienen rezagados con la cosecha. Las cañas de nosotros se están malogrando. Entendemos que se trata de una decisión privada, por eso es que necesitamos el apoyo del Estado para que intermedie por nosotros”, refiere.
A esta sobremaduración en el campo se suman las condiciones desfavorables al momento de entregar la carga en la planta. Los dirigentes señalan que los cañicultores no tienen acceso a verificar los procesos de pesaje ni los análisis de laboratorio que determinan el grado de sacarosa. En ocasiones, tras realizar el viaje hacia Trujillo, las cargas son rechazadas bajo el argumento de no calificar con los estándares de calidad, lo que obliga al agricultor a desechar la materia prima y asumir adicionalmente el gasto del "flete falso".
La amenaza de El Niño
La crisis económica y logística que azota al sector Lambayeque se ve agravada por la inminente llegada de eventos climáticos anómalos. Según los padrones consolidados por las organizaciones agrarias y la Junta de Usuarios de Lambayeque, actualmente existen alrededor de 5000 hectáreas de caña de azúcar sembradas en el valle, concentradas en Pampa Grande, Capote, Picsi, Ferreñafe, Chiclayo, Mochumí y Monsefú.
La amenaza de precipitaciones pluviales intensas asociadas al Fenómeno El Niño representa un riesgo hídrico catastrófico para esta producción estancada. Las lluvias excesivas en campos de caña listos para el corte no solo impiden el ingreso de la maquinaria de cosecha, sino que provocan el lavado del azúcar en el tallo, destruyendo el nivel de sacarosa y pudriendo el cultivo por anegamiento.
Genaro Vera Roalcaba, presidente de la Asociación de Cañicultores de Lambayeque, advierte sobre la alta vulnerabilidad de la infraestructura de protección y el peligro que corre el sector.
"El Fenómeno del Niño es un tema muy particular que nos afecta a todos, pero nos gustaría que se estuvieran haciendo los trabajos de defensas ribereñas que quisiéramos. El río Chancay, el río Motupe, las quebradas, todo está una desgracia. Y si viene El Niño, como nos dicen que va a venir, va a ser un desastre peor y en el sector de la caña se verían los impactos más fuertes", sostiene.
Ante la magnitud de la emergencia, la dirigencia agraria ha emprendido intensas gestiones ante el Poder Legislativo y el Ejecutivo con el propósito de institucionalizar mesas de diálogo y obtener medidas de protección. Los agricultores solicitan que el Estado actúe como un canal de mediación con las grandes empresas azucareras privadas, garantizando tratos comerciales equitativos y cupos de compra justos mientras se busca una solución definitiva a la situación de los ingenios Tumán y Pucalá.
"Necesitamos el respaldo del gobierno sí o sí. Queremos que la empresa privada también nos respalde. Lo que tenemos que hacer es buscar un puente, una solución. No le pueden obligar a Gloria a hacer lo que nosotros quisiéramos, pero sí pueden conversar para que nos puedan atender de una forma humana y social. Pedimos a los diputados y senadores que nos apoyen, estamos en el camino de querer hablar con el ministro de Agricultura y por qué no con la presidenta de la república”, anota.
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